28/01/26 | Destacados, Servicios y Afines
La patronal ha presentado una propuesta de Convenio que ha sido rechazada y la próxima reunión será el 18 de febrero y la Asamblea de Sector el 19 del mismo mes.
Hoy día 26 de enero se ha producido la segunda reunión entre las empresas del sector de limpieza y la parte social.
En esta reunión, las empresas han traído una propuesta en la que no había ningún incremento salarial y se pedía la eliminación de los complementos por Incapacidad Temporal del artículo 24 de nuestro Convenio. Además, su intención era llevar nuestro Convenio Colectivo a una vigencia de 5 años.
La parte social hemos dicho que NO a esta propuesta y le hemos realizado una oferta de cierre de convenio fundamentada en 7 puntos.
1.- Convenio colectivo de duración de 3 años.
Vigencia desde el 1 de enero 2026 a 31 de diciembre de 2028. El incremento salarial será desde el 1 de enero de 2026.
2.- Incremento salarial:
- 2026 3,5%.
- 2027 3,5%.
- 2028 3,5%.
3.- Plus de transporte.
A cierre de 2028 los y las trabajadoras a jornada completa percibirán un 6,5 € por día efectivo de trabajo y el mínimo a cobrar por día será de 4 €.
4.- Permisos Retribuidos.
En este caso se trasladarán los permisos del Estatuto de los Trabajadores que supongan una mejora de nuestro convenio colectivo. Es decir, adaptar nuestro convenio al Estatuto y el resto permanecería tal y como está ahora.
5.- Plus Industrial.
Establecer un plus industrial del 5% del salario base a partir del año 2027 para todos aquellos que presten servicios en empresas manufactureras.
6. -Excedencias.
Se ha solicitado una excedencia voluntaria con reserva del puesto de trabajo que quedaría de la siguiente forma: “Se establecerá una excedencia voluntaria con reserva al puesto de trabajo. Esta excedencia tendrá una duración mínima de dos meses y máximo 2 años. Para solicitarla el personal de la empresa tendrá que tener un mínimo de 1 año de antigüedad en nómina. Tanto la solicitud como el reingreso se deberán comunicar a la empresa con 20 días de antelación. Durante el período de excedencia, la misma se podrá prorrogar durante su vigencia de dos años”.
7.- Reducción de jornada laboral.
Planteamos una reducción de jornada laboral que iría imputada a vacaciones quedando el calendario de la siguiente forma:
- 2026: 31 días naturales de vacaciones. Para los trabajadores de 5 días 23 días laborales y para los de 6 27 días laborales. El total de horas a realizar 1766.
- 2027: 32 días naturales de vacaciones. Para los trabajadores de 5 días 24 días laborales y para los de 6 28 días laborales. El total de horas a realizar 1760.
- 2028: 33 días naturales de vacaciones. Para los trabajadores de 5 días 25 días laborales y para los de 6 29 días laborales. El total de horas a realizar 1752.
Todo ello se ha trasladado a la patronal para que valore lo explicado anteriormente y que es una propuesta de cierre de Convenio en estos términos.
El próximo día 18 de febrero tendremos otra reunión con la patronal y deberán dar respuesta a nuestra propuesta.
El día 19 de febrero de 2026, en la sede de Comisiones Obreras, la Comisión Negociadora del Convenio realizará dos asambleas informativas a las 10:30 y a las 17:00 para explicar en que punto nos encontramos en la negociación del Convenio.
Desde OSTA entendemos que esta propuesta de cierre tiene que ser aceptada para poder firmar un convenio que dignifique al Sector de Limpieza de Zaragoza, con un altísimo porcentaje de contratos a tiempo parcial que supone que se tengan que prestar servicios en tres o cuatro empresas para poder tener una jornada completa.
26/01/26 | Federaciones, Industria y Derivados, Noticias
Desde el sindicato hemos tenido acceso a la última propuesta de convenio sectorial para el sector de las conservas que ha supuesto la desconvocatoria de las huelgas por la mayoría de la comisión negociadora, con CIG como único sindicato en contra. Tras un estudio del documento, nuestra opinión es clara:
La propuesta que está encima de la mesa nos parece totalmente insuficiente, además de no respetar ninguna de las líneas rojas ni alcanzar los mínimos que, desde los sindicatos negociadores, han estado reivindicando en los centros de trabajo y comités de empresa:
- Valoramos muy negativamente la duración del convenio que abarca 6 años, al ser demasiado larga y no responder a las necesidades reales de las personas trabajadoras del sector.
- La media de los incrementos que recoge la propuesta se queda en 2,15% de incremento medio, cuando actualmente la media de los convenios negociados en 2025 está por encima del 3,5%. Es cierto que garantizan al final del convenio un incremento del 1,5% por encima de IPC, pero acordar ese mínimo aumento no puede ser a costa de hipotecar durante seis años cualquier mejora salarial y de las condiciones laborales.
- No recoge NINGUNA reducción de jornada en el total de los 6 años de duración que tiene la propuesta. No entendemos que en el momento actual y con el debate social que existe con la conciliación y de disponer de más tiempo para vivir, un convenio de tanto tiempo de duración no recoja ninguna reducción real de la jornada para disponer de más días de libre disposición.
- La fusión de los grupos profesionales a niveles salariales nos parece insuficiente y abierto a interpretaciones, en el mejor de los casos, una persona trabajadora que le aprueben ser de un nivel superior, el ascenso se produciría como norma general en un periodo de 5 años, suponiendo incrementos salariales adicionales de céntimos realizando las funciones del nivel superior.
- El resto de condiciones y mejoras sociales son mínimas, y no podrán ser mejoradas hasta 2031, en caso de la ratificación por parte de la mayoría sindical de la mesa negociadora.
Desde OSTA sabemos que sin confrontación real no conseguiremos nunca unas condiciones dignas, por eso sabemos que la única forma de mejorar nuestras condiciones de trabajo es acercar la negociación a nuestro territorio y a nuestros centros de trabajo.
26/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos más representativos del sector denunciamos la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud de reunión realizada
Los sindicatos OSTA y UGT, como organizaciones más representativas del sector de la Dependencia y Cuidados en Aragón, denunciamos la falta de respuesta por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud formal de reunión enviada el pasado 7 de enero de 2026.
En dicha carta, solicitamos una reunión urgente con Lucía Horno Elósegui, Secretaria General Técnica, para abordar la situación crítica que viven las trabajadoras y trabajadores de las residencias aragonesas, así como sus consecuencias directas sobre la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas usuarias. Propusimos las fechas del 20 y 21 de enero para dicha reunión, pero hasta la fecha no hemos recibido ni confirmación ni siquiera acuse de recibo.
La obsolescencia del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas en los centros de atención, y la ausencia de ratios adecuadas están generando una sobrecarga laboral insostenible, precariedad extrema y un deterioro progresivo en la atención a las personas dependientes. La Administración aragonesa tiene una responsabilidad directa en este modelo, ya que la mayoría de las plazas son concertadas con el propio Gobierno de Aragón.
Ante el silencio administrativo, UGT y OSTA reiteramos hoy nuestra exigencia de diálogo real y efectivo y anunciamos una nueva solicitud formal de reunión, esta vez con propuestas de fechas en la primera quincena de febrero. No obstante, advertimos que, si persiste la falta de respuesta, nos veremos obligados a intensificar nuestras acciones de movilización para exigir soluciones urgentes.
Las trabajadoras y trabajadores del sector no pueden esperar más. Exigimos dignidad, derechos y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema de cuidados en Aragón.
21/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Iniciamos una campaña contra las agresiones y recuerda que las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores
Todas las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas por el personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad en Aragón, y la ausencia de protocolos claros, eficaces y aplicables pone en riesgo su integridad física y emocional.
Son muchas trabajadoras las que resultan agredidas a lo largo del año por una persona usuaria en los centros de trabajo. Las agresiones van desde escupitajos, insultos o tratos vejatorios a empujones o golpes, que pueden causar daño físico o incluso un profundo impacto psicológico.
No se trata de casos aislados, sino el reflejo de una realidad que viven diariamente miles de profesionales del sector: la falta sistemática de medidas preventivas, la ausencia de personal sanitario disponible en los centros, y la negativa de las empresas a reconocer y gestionar estas agresiones como accidentes de trabajo.
En muchos casos tras el incidente, las trabajadoras solicitan ser derivadas a la Mutua conforme establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Muchas direcciones de los centros se niegan y no se activa protocolo alguno de actuación inmediata.
Esta actitud no es anecdótica. Es el resultado de una falta de responsabilidad institucionalizada en gran parte del sector y en múltiples centros de trabajo. Los Reglamentos de Régimen Interno no se entregan a la plantilla ni a la representación sindical, incumpliendo el derecho a la información. Los llamados “protocolos de actuación ante agresiones” suelen ser documentos genéricos, no operativos ni aplicables, que además no se activan en los casos reales.
Esto no es un problema de una sola entidad. Es un problema estructural del sector de la atención a la discapacidad en Aragón, donde miles de profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan en condiciones de precariedad, sobrecarga y riesgo psicosocial, sin los recursos, la formación ni los protocolos actualizados que garanticen su seguridad.
Las empresas tienen la obligación legal, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, de:
- Contar con protocolos de actuación reales y accesibles ante agresiones,
- Garantizar la derivación inmediata a la Mutua cuando se produce una agresión,
- Proveer formación específica y recursos suficientes,
- Y asegurar la participación sindical en la elaboración y actualización de normas de seguridad.
Ante esta situación, hemos presentado denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, exigiendo sanciones a las empresas que incumplen la normativa y la inmediata adecuación del sector a la legalidad vigente. De la misma manera el sindicato inicia una campaña en los centros de trabajo destinada al establecimiento de protocolos que eviten esta situación.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA exigimos medidas de protección, con actuaciones concretas que la garanticen:
- Protocolos de actuación reales, accesibles y aplicados ante agresiones por parte de personas usuarias.
- Derivación inmediata a la Mutua, reconociendo todas las agresiones como accidentes de trabajo.
- Formación, ratios adecuadas y recursos suficientes para que nadie tenga que temer ir a su puesto de trabajo.
- Transparencia y participación sindical en la elaboración, revisión y aplicación de normas internas de seguridad y salud.
No podemos permitir que la violencia en el trabajo se normalice, ni que se silencie el sufrimiento de quienes cuidan a las personas más vulnerables. Defenderemos, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la protección que la ley nos garantiza.
19/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Denunciamos que, al caducar el convenio en diciembre, los salarios de las trabajadoras no subirán en 2026
Debido a la caducidad del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2025, los salarios de las trabajadoras del sector no experimentarán ninguna subida en 2026.
Una vez denunciado el convenio, en tanto no se alcance un acuerdo sobre el nuevo texto, el convenio queda prorrogado en régimen de ultraactividad. Sin embargo, las subidas salariales automáticas previstas en el convenio no se aplicarán en 2026, tal como establece su propia Disposición Final.
Según dicha cláusula, la revisión salarial automática basada en el IPC solo operará a partir del ejercicio 2027, y únicamente si el PIB español registra un crecimiento anual superior al 2 %. Además, aunque existe una cláusula de garantía salarial que contempla una posible actualización en enero de 2026 —si la suma del IPC real de 2023, 2024 y 2025 supera el 9 % pactado en el convenio—, dicha actualización está limitada a un máximo del 3 % adicional (12 % total) y dependerá de un cálculo que realizará la Comisión Paritaria tras conocerse el IPC de diciembre de 2025.
“Esto supone una congelación salarial de facto para 2026”, advertimos desde OSTA, “en un contexto de inflación persistente y de un sector ya históricamente precarizado, donde las trabajadoras —mayoritariamente mujeres— soportan condiciones laborales extremadamente duras y una retribución que no refleja ni su esfuerzo ni la importancia social de su labor”.
Sin visos de un nuevo convenio estatal en el corto plazo
Aunque UGT y CCOO presentan la parálisis causada por las patronales, es fundamental señalar que la propia estructura de la mesa de negociación está bloqueada por la incapacidad de los propios sindicatos y patronales para acordar quiénes tienen legitimidad para sentarse a negociar.
Más allá de la retórica de urgencia, los sindicatos UGT y CCOO no han avanzado ni un paso en la sustancia del convenio, limitándose a exigir un acuerdo de representatividad que debería haberse resuelto hace meses. Su amenaza de acudir a la autoridad laboral, lejos de ser una solución, refleja la ausencia de voluntad real de negociación y el uso de la presión burocrática como excusa para la inacción.
En resumen, no son las patronales las únicas responsables de la parálisis, los sindicatos UGT y CCOO al no impulsar una salida política o legal clara desde el principio, comparten la culpa de esta estancada negociación que deja a miles de trabajadores sin garantías dignas.
Exigimos a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO urgentes avances en la negociación del nuevo convenio con el objetivo de garantizar una revalorización salarial justa, acorde con la inflación real y con el reconocimiento que merece el trabajo de cuidados. “No podemos permitir que, mientras los beneficios empresariales se disparan, quienes sostienen el sistema de atención a las personas más vulnerables sigan viendo congelados sus salarios”, concluye OSTA.
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