Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
La empresa Chip Audiovisual, contrata que presta servicios para CARTV, ha sido requerida por inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos por la denuncia realizada por la sección sindical de OSTA.
En concreto, desde OSTA denunciamos que la empresa tiene definidos los puestos cuya actividad y cobertura se realiza en el exterior (trabajos fuera del centro de trabajo habitual) correspondientes a los puestos de “operador reportero de cámara de video” y “personal de redacción”, para los cuales la realización de su actividad implica la cobertura de noticias que requieren, en determinadas situaciones, condiciones especiales como puede ser coberturas en situaciones de masificación de personas, emergencias químicas o condiciones climatológicas adversas.
Sin embargo, revisadas las evaluaciones de riesgos elaboradas por el servicio de prevención con fecha julio de 2021 para estos dos puestos se constatan una serie de deficiencias en cuanto a la determinación de las tareas propias de los puestos, la identificación y evaluación de riesgos en las situaciones no contempladas y por consiguiente falta en la definición de medidas preventivas.
Por ello se ha requerido a la empresa para que proceda en el plazo de un mes a la revisión de dichas evaluaciones de riesgo de forma que se incluyan de forma específica y explícita los riesgos propios de coberturas en exteriores, incluyéndose los riesgos de carácter especial por las coberturas en entornos de riesgo especiales por las características que implican determinadas coberturas.
Por otro lado, dadas las características particularmente concretas que implican determinadas coberturas con entornos de riesgo especiales (eventos multitudinarios, coberturas en condiciones climatológicas adversas (frío, tormentas, etc.), situaciones de coberturas con exposición a determinados agentes (químicos, biológicos, etc.) o en ubicaciones con dificultades especiales en los accesos, se le ha requerido a la empresa para que proceda al desarrollo de protocolos operativos específicos.
Este requerimiento vuelve a dejar en evidencia que el modelo de televisión autonómica aragonesa no solo precariza en condiciones laborales, sino que estas se realizan en un entorno de riesgo para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
Tras un último intento para el desbloqueo del convenio de empresa de Telson-Inevent, contrata encargada de realizar contenido audiovisual para CARTV, el comité de empresa del cual formamos parte ha decidido dar por rotas las negociaciones debido a que la empresa ha negado aceptar los incrementos salariales propuestos por la parte social.
Por todo ello el comité de empresa ha decido dar por finalizadas las negociaciones, emplazando a la plantilla a una asamblea general que se celebrará el próximo mes de mayo, y en la cual se decidirán las próximas acciones sindicales a llevar a cabo como respuesta a la negativa empresarial.
A pesar de que desde el comité de empresa ha realizado diversas propuestas para alcanzar un acuerdo renunciando a diversas cuestiones planteadas en la plataforma inicial, la empresa ha optado desde el inicio de la negociación al rechazo de cualquier tipo de mejora económica, rompiendo por completo tanto la buena fe negociadora como la paz social.
Esta ruptura vuelve a poner de manifiesto que el modelo de subcontratación de la televisión pública aragonesa esta roto, y a pesar de que esta se financia de los bolsillos de los y las aragonesas la realidad es otra: es una tele pública de fachada y gestión privada de bolsillo, donde se premia el beneficio empresarial a costa de la precariedad de las personas trabajadoras y del silencio en la información.
Desde OSTA, sindicato de clase, aragonesista y comprometido con la justicia social, rechazamos frontalmente el acuerdo de gobierno firmado por el Partido Popular y VOX para las Cortes de Aragón, puesto que este pacto no representa el cambio que necesita nuestro pueblo, sino la consolidación de un modelo neoliberal, excluyente y contrario a los intereses de la clase trabajadora aragonesa.
Frente a esta deriva, reafirmamos «La Vía Aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor», nuestro proyecto basado en la soberanía popular, el reparto de la riqueza y la dignidad de quienes construyen este país con su trabajo diario.
El acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX en Aragón representa, lejos de ser un proyecto de progreso, un retroceso sistemático en materia de derechos sociales, cohesión territorial y justicia laboral. Por ello, denunciamos este pacto por subordinar el interés general de las clases populares a las élites económicas y a una agenda identitaria excluyente, ignorando las necesidades reales de la ciudadanía y debilitando el tejido social que sustenta nuestro País.
En primer lugar, denunciamos la llamada «desregulación», que no es más que un eufemismo para desmantelar las garantías sociales, laborales y ambientales que protegen a la ciudadanía, al tiempo que se instrumentaliza el racismo institucional como herramienta de gestión política. En efecto, la creación de una Vicepresidencia de Desregulación. Del mismo modo, la imposición del principio de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas públicas, la exigencia de empadronamientos históricos de hasta diez años y la exclusión automática de personas en situación irregular, no son medidas de ordenamiento, sino políticas de segregación que vulneran derechos fundamentales, estigmatizan a colectivos vulnerables y fracturan la cohesión social que históricamente ha definido a Aragón.
En cuanto a materia fiscal, el pacto presenta la creación de una arquitectura fiscal que se sustenta en rebajas progresivas del IRPF y bonificaciones del 99 % en el Impuesto de Sucesiones que beneficiarán desproporcionadamente a las rentas medias-altas y grandes patrimonios en Aragón, lo que beneficia a unos pocos.
La supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la prohibición inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), atenta contra el patrimonio lingüístico, la convivencia intercultural y la riqueza histórica de territorios como la Franja, imponiendo una visión homogeneizadora y ajena al pluralismo real de Aragón.
En el ámbito educativo y sanitario, el pacto combina recortes encubiertos con adoctrinamiento ideológico y recentralización. La exigencia de una prueba de acceso universitaria única para toda España arrebata competencias que Aragón debe preservar, mientras que la imposición transversal de una “perspectiva de familia” rígida en todas las normas excluye la diversidad real de los hogares aragoneses y condiciona políticas públicas a una moral estatal. Asimismo, aunque se anuncia un aumento presupuestario en sanidad, la paralela auditoría y eliminación de “subvenciones superfluas”, la minimización de la cooperación al desarrollo y la condición de justificación previa para cualquier ayuda pública demuestran que la prioridad es la austeridad selectiva y la mercantilización de lo social, no el fortalecimiento de los servicios públicos universales.
En definitiva, este acuerdo de gobierno no construye un Aragón soberano, justo y cohesionado, sino que lo subordina a una agenda neoliberal, identitaria y excluyente que fractura el contrato social y debilita la voz de los trabajadores.
Por todo ello, desde el sindicalismo y el compromiso con un aragonesismo social y progresista, exigimos el rechazo frontal de este pacto y llamamos a la movilización ciudadana, a la defensa inquebrantable de los servicios públicos, y a la construcción de un modelo económico y territorial que ponga a las personas, la sostenibilidad, la diversidad cultural y los derechos laborales en el centro.
Por último, hacemos un llamamiento a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas comprometidas con la justicia social para que se sumen a la construcción de la Vía Aragonesa, un proyecto colectivo que demuestra que en Aragón podemos vivir mejor, pero solo si ponemos a las personas por encima de los beneficios, al trabajo digno por encima de la precariedad, y a la soberanía popular por encima de la imposición del capital y del Estado central.
Porque el momento de actuar es ahora, y porque el futuro de Aragón lo decidimos entre todasy todos.
Un año más lo aragoneses y aragonesas afrontamos un 23 de abril, donde la agenda estatal y recentralizadora marca la agenda de un gobierno de Aragón, que tras más de dos meses sigue en funciones.
Tras el adelanto electoral, nos encontramos sin gobierno y lo que es más preocupante, se vislumbra más poder para la ultraderecha en Aragón y que sus exigencias marquen la del próximo gobierno de Aragón.
En este contexto, donde OSTA sigue creciendo como la alternativa sindical aragonesa, superando los 900 representantes sindicales repartidos por todo el País, desde el sindicato exigimos mas soberanía y que seamos los y las aragonesas los que decidimos nuestro futuro y que el mismo no venga impuesto desde Madrid.
Tenemos propuestas y alternativas para el Aragón que soñamos y para ello tenemos lo que denominamos la vía aragonesa, porque creemos firmemente que, en Aragón, tenemos la capacidad y los recursos necesarios para vivir mejor, siempre que se implementen políticas justas y equitativas que beneficien a toda la población.
«La Vía Aragonesa» no solo busca corregir las desigualdades estructurales presentes en nuestra sociedad, sino también promover un desarrollo sostenible e inclusivo que respete tanto a las personas como al medio ambiente.
Incluye desde impulsar una Hacienda Foral aragonesa, tal y como establece como nuestro Estatuto de Autonomía, la devolución de la deuda histórica, la creación de una banca pública aragonesa o una empresa pública dedicada al desarrollo y gestión de infraestructuras tecnológicas y energéticas para poder abordar varios de estos problemas.
Propuestas en materia energética que pasarían por crear una Empresa Pública Aragonesa de Energía permitiría gestionar directamente las centrales hidroeléctricas existentes y desarrollar nuevas infraestructuras renovables bajo control público. La implementación de una Tarifa Eléctrica Aragonesa que elimine el peaje de transporte y ofrezca descuentos mínimos del 10% a los residentes de la comunidad, entre otras.
En materia de vivienda Creación de una nueva Ley de Alquiler Aragonesa que expanda el parque público hasta representar el 30% del total. Expansión del parque público, antes de construir nuevas viviendas se priorizará la recuperación de viviendas ya existentes, con unos precios inferiores y regulados a los existentes en el mercado y la Fijación de precios máximos y ajustes responsables, con la creación de un índice oficial de precios de alquiler por metro cuadrado diferenciado por municipio y ajustado a los niveles de renta.
En materia laboral la transferencia de las competencias estatales en materia laboral; incluyendo un SMI propio. Un Marco de relaciones laborales propio, donde incluya la prevalencia a los convenios autonómicos y provinciales frente a los estatales. La Modificación de la Ley de Aperturas y Festivos Comerciales para eliminar las aperturas en domingos y festivos y dotar de más medios económicos y de personal al Instituto de seguridad y Salud laboral de Aragón (ISSLA) para que se convierte en un órgano efectivo que vele por la seguridad y salud de los y las trabajadoras para frenar la sangría de muertos en el Trabajo.
Los y las aragonesas debemos despertar y convertir el 23 de abril en un día de reivindicación; es necesario aunar esfuerzos entre todos y todas.
Como en otros grandes momentos de nuestra historia, va siendo hora de que los aragoneses y las aragonesas recuperemos nuestra capacidad de movilización, porque en ello nos va el futuro y animamos a la ciudadanía a participar en la manifestación que hemos convocado junto a otras organizaciones aragonesistas el 23 de abril a las 10:30 horas en Zaragoza.
Os comunicamos que del 4 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026 se iniciará el Servicio de la Campaña de la Renta 2025 para las personas afiliadas y familiares de las mismas, siempre y cuando no se hayan cubierto las citas.
Para poder hacer uso de este servicio deberás solicitar CITA PREVIA por teléfono en el número: 976595885 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h. y de lunes a jueves de 16:00 a 19:30h, desde el día 20 de abril.
Documentación básica que debe aportarse obligatoriamente para realizar la declaración de la renta:
Declaración de la renta 2025 o Importe casilla 505 declaración de la Renta anterior
DNI en vigor
Datos personales que deban ser añadidos, cónyuge, descendientes, ascendientes
Número cuenta bancaria
Certificado de rentas del trabajo (nómina, pensión, desempleo)
Rendimiento del capital inmobiliario en caso de alquileres, ingresos y gastos (comunidad, Ibi, seguro…) Así como DNI de inquilino y fecha del contrato.
Deducciones (inversión en vivienda habitual y otras viviendas, donativos, etc..)
Transmisión de inmuebles: fechas e importes de adquisición y venta.
También para tener en cuenta: plusvalía y resto de gastos (Notario, DGA, Registro, cancelación hipoteca…) pagados.
Transmisión de acciones/criptomonedas: documentación de adquisición, venta y gastos de depósito.
Cualquier otro documento se considere relevante.
Si vives en Huesca o Teruel ponte en contacto con el Sindicato para poder realizarla telemáticamente.
El servicio de la declaración de la renta NO SE REALIZARÁ EN LA SEDE DEL SINDICATO y se realizará de forma presencial en la sede de la asesoría ÁGORA TAX, situada en la calle Luis del Valle, esquina con Cortes de Aragón en Zaragoza.
Si necesitas más información ponte en contacto con el sindicato en el 976 595 885 e o en el 974 388 166
