Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
El lema “Lucha organizada, memoria, fuerza y voz” expresa con claridad que el Día Internacional de la Mujer no es una fecha conmemorativa ni una celebración vacía. El 8 de marzo es una jornada de lucha, de denuncia y de acción política colectiva. Hoy, más que nunca, este llamado cobra fuerza frente al avance de la ultraderecha y de los discursos reaccionarios que buscan deslegitimar el feminismo, negar la desigualdad estructural y hacer retroceder derechos conquistados tras décadas de movilización.
El 8 de marzo, millones de mujeres saldremos a las calles por y para la igualdad. Lo haremos para exigir una sociedad libre de violencias machistas, sin brechas de género, con justicia social y mayor calidad democrática. Pero también lo haremos para defender lo conseguido, porque nada está garantizado. Frente a quienes quieren devolvernos al silencio, al miedo y a la subordinación, respondemos con organización, memoria y lucha colectiva.
La lucha organizada es la base de todos los avances logrados por las mujeres. Ningún derecho fue concedido de manera espontánea: fue conquistado mediante la organización feminista, sindical y popular. Hoy, cuando la ultraderecha ataca el feminismo, criminaliza la protesta y cuestiona políticas de igualdad, la respuesta no puede ser individual ni aislada. Solo la acción colectiva, coordinada y sostenida puede frenar el retroceso y avanzar hacia transformaciones reales.
La memoria es una herramienta política imprescindible. Recordar las luchas pasadas es recordar que los derechos pueden perderse si no se defienden. Honrar a las mujeres que enfrentaron la violencia, la persecución y el silenciamiento —a las víctimas de la violencia machista, a las mujeres violentadas en contextos de guerra, a las comunidades afectadas por el VIH— es un acto de resistencia frente a quienes promueven el negacionismo y el olvido. Sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay democracia.
La fuerza nace de la unidad. Es la potencia que se construye cuando lo personal se vuelve político y lo colectivo se vuelve imparable. Esa fuerza es la que permitió abrir caminos antes impensados y es la que hoy enfrenta a quienes pretenden reinstalar modelos de desigualdad, exclusión y control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Frente al odio y la reacción, respondemos con organización, convicción y solidaridad.
Alzar la voz es un acto profundamente político. Es negarse a volver al silencio que históricamente se impuso a las mujeres. Es visibilizar las violencias, denunciar las desigualdades estructurales y confrontar a quienes, desde la ultraderecha, niegan la existencia misma del machismo y atacan los consensos democráticos. Nuestra voz es colectiva, incómoda y persistente, porque no vamos a permitir que nos borren del espacio público ni del debate político.
El 8 de marzo nos convoca a redoblar la lucha. A defender cada derecho conquistado y a avanzar por los que aún faltan. Frente al avance reaccionario, respondemos con lucha organizada, memoria activa, fuerza colectiva y una voz que no se calla. Porque la igualdad no retrocede y porque sin feminismo no hay democracia.
Alertamos a la Justicia de Aragón de la situación en las residencias de mayores
Representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias hemos expuesto en una reciente reunión a Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, la situación insostenible que se vive día a día en las residencias de personas mayores, una realidad que llega a poner en riesgo la dignidad de las personas usuarias.
Consideramos que la falta de personal y los bajos salarios no son solo un problema laboral, sino una emergencia social. Aragón mantiene ratios de asistencia de 1992, completamente obsoletas, y que la congelación salarial prevista para 2026 ahonda en la precariedad de un sector feminizado y esencial.
Tras la reunión mantenida con la Justicia de Aragón, hacemos públicas las reivindicaciones urgentes para frenar el colapso de las residencias de mayores. La conclusión a la que llegamos es que lo que ocurre puertas adentro de las residencias ya no se puede ocultar; estamos al borde del abismo, esto ha dejado de ser un problema laboral, se ha convertido en un asunto general que afecta a la atención y calidad del cuidado de las personas mayores.
En primer lugar, se trasladó a la Justicia de Aragón la realidad de las condiciones de trabajo en su relación con la seguridad de las personas residentes. Se explicó que no se puede ofrecer un cuidado digno con unas condiciones indignas, marcadas por unos salarios precarios debido a la regulación del sector con un Convenio estatal insuficiente. Esto provoca una fuga masiva de talento hacia otros sectores, dejando a las residencias sin profesionales cualificados.
La sobrecarga y la falta de personal provocan una espiral de ausencias por bajas y una alta rotación, lo que genera un estrés crónico en las plantillas. Esto repercute directamente en la atención, ya que se pierde el tiempo necesario para la higiene, la alimentación pausada y, sobre todo, el trato humano y afectivo que necesitan nuestras personas mayores.
En segundo lugar, denunciamos las ratios obsoletas (Decreto 111/1992) vigentes en Aragón, con unas normas de hace más de 30 años. Se mantienen ratios insuficientes que incluso obligan a una sola trabajadora a atender a demasiadas personas dependientes simultáneamente, comprometiendo la seguridad.
Por último, se abordó en la reunión las condiciones del Acuerdo Marco que regulan la financiación del sistema de plazas concertadas. Las aportaciones que hace la administración pública resultan insuficientes para el sostenimiento de un sistema de cuidados de calidad que garantice unas condiciones laborales y una atención dignas.
Los sindicatos denunciamos la desconexión entre la administración y la realidad de los centros, así como la falta de respuesta efectiva del Gobierno de Aragón ante las alarmas lanzadas por los propios trabajadores y trabajadoras. Expusimos la exigencia para la negociación inmediata de un Convenio Autonómico propio para Aragón.
La petición de intervención hecha por OSTA y UGT a la Justicia de Aragón se centra en salir de esta espiral, proponiendo su intervención en:
Actualización urgente del Decreto de Ratios: Que tengan en cuenta la categoría profesional, el turno y el grado de dependencia real de cada residente.
Nuevo Acuerdo Marco: Revisar los precios públicos que paga la administración a las residencias privadas por las plazas concertadas, así como un nuevo modelo de gestión residencial a través del Acuerdo Marco.
Los compañeros y compañeras del sector del transporte de mercancías y viajeros realizaron este sábado una asamblea sectorial a fin de analizar la situación de la solicitud para la aplicación de coeficientes reductores de la jubilación para los conductores profesionales.
En dicha asamblea se acordó participar en las movilizaciones que se realizarán en Madrid tanto el día 10 de marzo (convocada por los sindicatos estatales), así como a la del sábado 21 de marzo, organizada por la plataforma por la jubilación a los 60 de la cual formamos parte.
La pasividad con la que la administración está tratando la solicitud de los coeficientes para los conductores hace necesario que llenemos las calles de reivindicación y con un sector que esté más unido y fuerte que nunca, ya que en caso de silencio negativo el próximo mes de abril implica no poder volver a iniciar dicha solicitud en años.
Los niveles de siniestralidad en el sector hacen necesarios unos coeficientes reductores para la jubilación de este colectivo, y este debe ser el momento para conseguirlos.
El 25 de febrero, tras agotarse el mes de negociación, el Comité de Empresa de Mann+Hummel, por unanimidad de todos los sindicatos que lo componen, acordado un preacuerdo para la aplicación del expediente colectivo de extinción de empleo.
Desde la Sección Sindical de OSTA hemos trabajado para alcanzar un preacuerdo que garantizara las mejores indemnizaciones posibles acordes a los beneficios de la empresa y que redujeran al máximo el número de personas afectadas.
Además hemos trabajado para que las posibles salidas se cubrieran, en la totalidad o por lo menos en su gran mayoría, mediante la personas trabajadoras voluntarias.
Por ultimo nuestra lineal negociadora tambien ha buscado priorizar condiciones más favorables para los colectivos más vulnerables: personas trabajadoras de mayor edad que pudieran tener dificultades para completar su cotización a la Seguridad Social de cara a la jubilación, o aquellas con menor antigüedad en la empresa.
Al contar con una representación minoritaria en el seno del Comité de Empresa y haber tenido que ceder en parte de nuestras pretensiones para mantener la unidad de acción sindical, no ha sido posible sacar adelante la totalidad de las propuestas que considerábamos más necesarias para la plantilla.
Aun así, creemos firmemente que nuestra firmeza durante la negociación ha sido fundamental y útil para alcanzar el mejor preacuerdo posible dentro de la estrategia y la acción sindical planteadas por el Comite de empresa.
El 95 % de la plantilla ha participado en el referéndum, que ha sido ratificado por el 84,7 % de las personas votantes, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 377
Votos en contra: 45
Abstenciones: 23
Las principales condiciones alcanzadas en este preacuerdo se basan en la línea roja innegociable que marcamos desde el inicio:
• REDUCCIÓN DE DESPIDOS: disminución de las afectaciones hasta un máximo de 120 personas trabajadoras, con aplicación de los despidos derivados del ERE hasta el 31 de marzo de 2027.
• IMPROCEDENCIA LEGAL GARANTIZADA: se garantiza el abono íntegro correspondiente al despido improcedente en todas las salidas: 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, o 45 días con un máximo de 42 mensualidades, en función de la antigüedad de cada persona trabajadora (aplicando el tramo histórico anterior a febrero de 2012).
• COMPLEMENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES: para compensar los límites legales impuestos por la reforma laboral, que penalizan especialmente a la antigüedad, se ha conseguido un pago lineal adicional de 7.000 euros para cada persona trabajadora afectada.
• VOLUNTARIEDAD: los criterios para la aceptación de personas trabajadoras voluntarias que puedan sustituir a personas inicialmente afectadas por el ERE estarán basados prioritariamente en el puesto de trabajo y el perfil técnico. No serán criterios determinantes la edad, la antigüedad ni el coste indemnizatorio de la persona voluntaria.
• GARANTÍA DE APLICACIÓN: la indemnización pactada permanecerá vigente hasta marzo de 2028 en caso de que la empresa no garantice el mantenimiento del empleo una vez finalizado el ERE y proceda a realizar despidos objetivos individuales o colectivos.
Denunciamos que, tras años de deslocalizaciones industriales y pese a los resultados millonarios de muchas empresas, ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno estatal están adoptando medidas legislativas y políticas eficaces para frenar la destrucción de empleo industrial, especialmente cuando se trata de empleo estable y de calidad en Aragón.
Aquí podéis leer Newsletter del mes de enero, donde podréis tener la información de todas las noticias, conflictos, negociaciones en las que participa el sindicato.
En este número hablamos sobre los actos del 20 de diciembre, la charla que organizamos con Federico Giuliani sobre la situación que atraviesa el movimiento sindical en Argentina, el acuerdo de colaboración con UGTSARIO, el ERe de Mann+ Hummel, la congelación de los salarios en las residencias y como esta transcurriendo la negociación del Convenio de la limpieza para la provincia de Zaragoza.
Aquí podéis ver o descargaros el NEWSLETTER del mes de ENERO
