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El lema “Lucha organizada, memoria, fuerza y voz” expresa con claridad que el Día Internacional de la Mujer no es una fecha conmemorativa ni una celebración vacía. El 8 de marzo es una jornada de lucha, de denuncia y de acción política colectiva. Hoy, más que nunca, este llamado cobra fuerza frente al avance de la ultraderecha y de los discursos reaccionarios que buscan deslegitimar el feminismo, negar la desigualdad estructural y hacer retroceder derechos conquistados tras décadas de movilización.
El 8 de marzo, millones de mujeres saldremos a las calles por y para la igualdad. Lo haremos para exigir una sociedad libre de violencias machistas, sin brechas de género, con justicia social y mayor calidad democrática. Pero también lo haremos para defender lo conseguido, porque nada está garantizado. Frente a quienes quieren devolvernos al silencio, al miedo y a la subordinación, respondemos con organización, memoria y lucha colectiva.
La lucha organizada es la base de todos los avances logrados por las mujeres. Ningún derecho fue concedido de manera espontánea: fue conquistado mediante la organización feminista, sindical y popular. Hoy, cuando la ultraderecha ataca el feminismo, criminaliza la protesta y cuestiona políticas de igualdad, la respuesta no puede ser individual ni aislada. Solo la acción colectiva, coordinada y sostenida puede frenar el retroceso y avanzar hacia transformaciones reales.
La memoria es una herramienta política imprescindible. Recordar las luchas pasadas es recordar que los derechos pueden perderse si no se defienden. Honrar a las mujeres que enfrentaron la violencia, la persecución y el silenciamiento —a las víctimas de la violencia machista, a las mujeres violentadas en contextos de guerra, a las comunidades afectadas por el VIH— es un acto de resistencia frente a quienes promueven el negacionismo y el olvido. Sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay democracia.
La fuerza nace de la unidad. Es la potencia que se construye cuando lo personal se vuelve político y lo colectivo se vuelve imparable. Esa fuerza es la que permitió abrir caminos antes impensados y es la que hoy enfrenta a quienes pretenden reinstalar modelos de desigualdad, exclusión y control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Frente al odio y la reacción, respondemos con organización, convicción y solidaridad.
Alzar la voz es un acto profundamente político. Es negarse a volver al silencio que históricamente se impuso a las mujeres. Es visibilizar las violencias, denunciar las desigualdades estructurales y confrontar a quienes, desde la ultraderecha, niegan la existencia misma del machismo y atacan los consensos democráticos. Nuestra voz es colectiva, incómoda y persistente, porque no vamos a permitir que nos borren del espacio público ni del debate político.
El 8 de marzo nos convoca a redoblar la lucha. A defender cada derecho conquistado y a avanzar por los que aún faltan. Frente al avance reaccionario, respondemos con lucha organizada, memoria activa, fuerza colectiva y una voz que no se calla. Porque la igualdad no retrocede y porque sin feminismo no hay democracia.
Los compañeros y compañeras del sector del transporte de mercancías y viajeros realizaron este sábado una asamblea sectorial a fin de analizar la situación de la solicitud para la aplicación de coeficientes reductores de la jubilación para los conductores profesionales.
En dicha asamblea se acordó participar en las movilizaciones que se realizarán en Madrid tanto el día 10 de marzo (convocada por los sindicatos estatales), así como a la del sábado 21 de marzo, organizada por la plataforma por la jubilación a los 60 de la cual formamos parte.
La pasividad con la que la administración está tratando la solicitud de los coeficientes para los conductores hace necesario que llenemos las calles de reivindicación y con un sector que esté más unido y fuerte que nunca, ya que en caso de silencio negativo el próximo mes de abril implica no poder volver a iniciar dicha solicitud en años.
Los niveles de siniestralidad en el sector hacen necesarios unos coeficientes reductores para la jubilación de este colectivo, y este debe ser el momento para conseguirlos.
La Dirección de la empresa Majorel SP Solutions SA (perteneciente a la multinacional francesa Teleperformance), perteneciente al sector de telemarketing comunicó a la Representación sindical el pasado día 10 de febrero su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), que afectará a los centros de trabajo de Zaragoza, Barcelona, Jerez, Madrid y Salamanca.
En Aragón, Majorel tiene como principal cliente a la compañía telefónica Vodafone, sin embargo, es una empresa que mantiene una plantilla poco estable y en situación de precariedad laboral, por lo que este nuevo expediente vuelve a generar una enorme preocupación entre la plantilla del centro de Zaragoza, que lleva años soportando recortes, incertidumbre y precariedad.
La empresa alega en esa ocasión causas organizativas y productivas, las mismas que ya utilizó en el anterior proceso, en el que inicialmente se planteó la afectación de 133 personas, con el cual OSTA mostró su total desacuerdo, al entender que no existían causas reales que justificasen una medida tan grave, por ello el sindicato Aragonés denunció que el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios avalaba una política empresarial basada en el recorte permanente.
El 17 de febrero, se constituyó la mesa negociadora del expediente, teniendo la primera reunión con la empresa, la cual ha hecho entrega de la documentación, que será analizada en profundidad por la representación sindical. Igualmente se ha fijado el calendario de reuniones, cuya próxima reunión será el próximo día 27 de febrero.
El total de trabajadores afectados según nos indica la empresa será de 329 personas, de las cuales un total de 30 serán del centro de Zaragoza, de un total de plantilla de al rededor de 700 personas.
Desde OSTA queremos denunciar que la plantilla está harta de ver cómo, sus condiciones vienen reguladas en un convenio estatal de absoluta precariedad, donde algunas categorías rozan el SMI. Un deterioro de sus condiciones laborales: jornadas parciales impuestas, salarios precarios, presión constante y una falta absoluta de estabilidad. Mientras tanto, la empresa vuelve a recurrir a la destrucción de empleo como única salida, en lugar de apostar por soluciones que garanticen el futuro de la plantilla.
OSTA defenderá con firmeza el mantenimiento del empleo y los derechos laborales, exigiendo transparencia, responsabilidades y alternativas reales a cualquier despido, porque no se entiende que ante expedientes de este tipo, se siga contando con empresas de Trabajo Temporal, mientras se destruye empleo estable.
El pasado viernes 30 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la actualización de tablas salariales “a partir del 1 de julio de 2025” del convenio colectivo del sector de marcas de restauración moderna, que afecta a empresas de hostelería como Goiko Grill, tagliatella, KFC, entre otras.
Dicha actualización salarial, que apenas supone mejoras respecto de las tablas anteriores, vuelve a dejar los salarios de este colectivo muy por debajo de los del convenio del sector de la hostelería de Zaragoza (más de un 16%).
Por ejemplo, el salario anual de un camarero de las cadenas anteriormente citadas se establece en 18.540€ frente a los 21.379€ del provincial de Zaragoza, o un ayudante de camarero percibirá un salario de 16.824,64€ frente a los 19.708€ de Zaragoza.
Este, al igual que el de la restauración colectiva, son claros ejemplos de que los convenios firmados en Madrid precarizan de manera notable las condiciones pactadas en nuestro territorio con el claro beneplácito de los sindicatos estatalizados, y que cuando más alejamos estas negociaciones peores condiciones obtenemos.
Desde el sindicato denunciamos lo que a nuestro juicio es una estrategia empresarial por parte de Mercadona para castigar y amedrentar a la representación sindical mediante el sistema de evaluaciones. Por ello, hemos presentado al juzgado de lo Social demanda por tutela de derechos fundamentales por grave vulneración del derecho a la libertad sindical.
En nuestro escrito de demanda alegamos que la empresa está utilizando de manera deliberada el sistema de evaluación del desempeño como instrumento de represión sindical y castigo económico contra quienes defienden los derechos de la plantilla.
Según nuestro criterio, la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical se produce al introducir, de forma encubierta, el uso y la solicitud del crédito sindical en las valoraciones individuales del desempeño.
Estas evaluaciones afectan directamente a los integrantes del comité de empresa de tiendas por OSTA y a los Delegados Sindicales en la provincia de Zaragoza, y tienen consecuencias económicas directas al condicionar el acceso a la prima general por objetivos y permanencia regulada en el artículo 31 del convenio colectivo de empresa.
Según Olga Gómez, responsable de supermercados del sindicato: “creemos que en ninguna de las evaluaciones se recogen hechos objetivos, ciertos ni trascendentes que justifiquen estas calificaciones negativas, muy al contrario, todas ellas reproducen la misma crítica genérica, evidenciando lo que entendemos como una actuación homogénea, premeditada y coordinada contra la representación sindical de OSTA”.
La valoración velada del uso del crédito sindical dentro de un sistema de evaluación vinculado a la consecución de objetivos laborales supone una vulneración frontal del derecho a la libertad sindical. Así, las consecuencias económicas y profesionales derivadas de estas evaluaciones no son casuales, sino que creemos que responden a una estrategia empresarial orientada a desincentivar, castigar y silenciar la actividad sindical.
Por todo esto, no vamos a tolerar este tipo de prácticas que entendemos antisindicales, por lo que seguiremos defendiendo en los tribunales y en los centros de trabajo los derechos fundamentales de la plantilla y de nuestros delegados y delegadas frente a cualquier intento de intimidación o represión.
