04/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos OSTA y UGT denunciamos la negativa institucional a abordar la emergencia en el sector de la Dependencia
Tras 26 días de silencio institucional y una doble solicitud formal de diálogo, la Secretaría General Técnica de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido con una negativa sin fundamento a reunirse con OSTA y UGT para abordar la situación de colapso en las residencias y centros de atención a personas dependientes de Aragón.
El 7 y el 26 de enero, los sindicatos mayoritarios del sector —que representamos a más de 8.000 trabajadoras— solicitamos urgentemente una reunión para tratar la obsolescencia del Decreto 111/1992, norma de 34 años de antigüedad que regula los centros sociales especializados sin contemplar siquiera la existencia de la Ley de Dependencia (2006). La respuesta recibida el 2 de febrero es clara: «en estos momentos no resulta posible mantener la reunión solicitada».
Mientras la Administración elude el diálogo, la realidad en los centros es de emergencia social:
- Ratios inhumanos: una trabajadora atiende a 12, 14 o más personas dependientes graves en turnos de 8 horas sin descansos efectivos.
- Salud laboral destrozada: bajas por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático superan el 40% en muchos centros.
- Abandono asistencial: familias denuncian falta de higiene básica, alimentación deficiente y ausencia de atención personalizada por falta crónica de personal.
- Rotación extrema: el 30% del personal abandona el sector cada año por agotamiento extremo, dejando vacíos imposibles de cubrir.
Esta no es solo una negativa administrativa, es abandonar a las personas más vulnerables de Aragón. Mientras la Consejería se esconde tras un correo burocrático, las trabajadoras sostienen con su salud un sistema que la propia normativa autonómica permite que se desmorone. El Decreto 111/1992 no es solo obsoleto, cronifica la precariedad.
Los sindicatos recordamos que la negociación no es un favor institucional, sino una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector. La negativa a actualizar una norma que permite ratios ilegales según el Real Decreto 2/2023 de prevención de riesgos laborales configura, además, una responsabilidad administrativa grave.
Ante el bloqueo institucional, OSTA y UGT anunciamos:
- Presentación inmediata de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento sistemático de ratios mínimos de seguridad.
- Elevación del caso al Justicia de Aragón.
- Inicio de una campaña pública con testimonios de trabajadoras, usuarios y familias.
- Convocatoria de movilizaciones sectoriales en las próximas semanas si la Administración no asume sus responsabilidades.
Para la representación sindical, las trabajadoras del sector de la Dependencia no son invisibles y tampoco lo serán sus condiciones. Si el Departamento no quiere negociar nos veremos obligados a aumentar la presión en las calles y centros de trabajo, en los medios de comunicación y en las Cortes de Aragón. Hasta que se actualice el decreto y se garanticen unos cuidados dignos.
El sector de la Dependencia en Aragón sostiene la dignidad de más de 25.000 personas usuarias. Hoy, esa dignidad está en manos de trabajadoras exhaustas a las que el Gobierno de Aragón niega incluso el derecho a ser escuchadas.
02/02/26 | Federaciones, Servicios y Afines
Desde el sindicato denunciamos lo que a nuestro juicio es una estrategia empresarial por parte de Mercadona para castigar y amedrentar a la representación sindical mediante el sistema de evaluaciones. Por ello, hemos presentado al juzgado de lo Social demanda por tutela de derechos fundamentales por grave vulneración del derecho a la libertad sindical.
En nuestro escrito de demanda alegamos que la empresa está utilizando de manera deliberada el sistema de evaluación del desempeño como instrumento de represión sindical y castigo económico contra quienes defienden los derechos de la plantilla.
Según nuestro criterio, la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical se produce al introducir, de forma encubierta, el uso y la solicitud del crédito sindical en las valoraciones individuales del desempeño.
Estas evaluaciones afectan directamente a los integrantes del comité de empresa de tiendas por OSTA y a los Delegados Sindicales en la provincia de Zaragoza, y tienen consecuencias económicas directas al condicionar el acceso a la prima general por objetivos y permanencia regulada en el artículo 31 del convenio colectivo de empresa.
Según Olga Gómez, responsable de supermercados del sindicato: “creemos que en ninguna de las evaluaciones se recogen hechos objetivos, ciertos ni trascendentes que justifiquen estas calificaciones negativas, muy al contrario, todas ellas reproducen la misma crítica genérica, evidenciando lo que entendemos como una actuación homogénea, premeditada y coordinada contra la representación sindical de OSTA”.
La valoración velada del uso del crédito sindical dentro de un sistema de evaluación vinculado a la consecución de objetivos laborales supone una vulneración frontal del derecho a la libertad sindical. Así, las consecuencias económicas y profesionales derivadas de estas evaluaciones no son casuales, sino que creemos que responden a una estrategia empresarial orientada a desincentivar, castigar y silenciar la actividad sindical.
Por todo esto, no vamos a tolerar este tipo de prácticas que entendemos antisindicales, por lo que seguiremos defendiendo en los tribunales y en los centros de trabajo los derechos fundamentales de la plantilla y de nuestros delegados y delegadas frente a cualquier intento de intimidación o represión.
26/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos más representativos del sector denunciamos la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud de reunión realizada
Los sindicatos OSTA y UGT, como organizaciones más representativas del sector de la Dependencia y Cuidados en Aragón, denunciamos la falta de respuesta por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud formal de reunión enviada el pasado 7 de enero de 2026.
En dicha carta, solicitamos una reunión urgente con Lucía Horno Elósegui, Secretaria General Técnica, para abordar la situación crítica que viven las trabajadoras y trabajadores de las residencias aragonesas, así como sus consecuencias directas sobre la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas usuarias. Propusimos las fechas del 20 y 21 de enero para dicha reunión, pero hasta la fecha no hemos recibido ni confirmación ni siquiera acuse de recibo.
La obsolescencia del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas en los centros de atención, y la ausencia de ratios adecuadas están generando una sobrecarga laboral insostenible, precariedad extrema y un deterioro progresivo en la atención a las personas dependientes. La Administración aragonesa tiene una responsabilidad directa en este modelo, ya que la mayoría de las plazas son concertadas con el propio Gobierno de Aragón.
Ante el silencio administrativo, UGT y OSTA reiteramos hoy nuestra exigencia de diálogo real y efectivo y anunciamos una nueva solicitud formal de reunión, esta vez con propuestas de fechas en la primera quincena de febrero. No obstante, advertimos que, si persiste la falta de respuesta, nos veremos obligados a intensificar nuestras acciones de movilización para exigir soluciones urgentes.
Las trabajadoras y trabajadores del sector no pueden esperar más. Exigimos dignidad, derechos y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema de cuidados en Aragón.
25/01/26 | Destacados, Noticias
Ante la proximidad de las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, desde OSTA hemos trasladado a los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón, nuestro programa transformador para construir el Aragón que soñamos, un Aragón abierto, plural, con empleo de calidad y bienestar para todas las personas que aquí vivimos y trabajamos en este país.
Nosotras y nosotros, como sindicato de la clase, planteamos «La Vía Aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor», un proyecto basado en la justicia social, el reparto de la riqueza y la soberanía popular, porque creemos firmemente que solo mediante una ruptura con las dinámicas impuestas por el capital y el Estado central será posible construir un Aragón digno, próspero y soberano.
En materia laboral y social, proponemos que Aragón se dote de un Marco Aragonés de Relaciones Laborales propio que priorice nuestros convenios colectivos sobre los estatales, porque entendemos que son las y los aragoneses quienes debemos decidir nuestras condiciones de trabajo. Además, exigimos la transferencia de las competencias de Trabajo, incluyendo la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumple la normativa laboral en nuestro territorio. Asimismo, apostamos decididamente por la jornada laboral de 35 horas semanales y la prohibición total de aperturas comerciales en domingos y festivos, derechos fundamentales para conciliar vida familiar y laboral.
En el ámbito económico y fiscal, defendemos la creación urgente de una Hacienda Foral aragonesa que nos permita gestionar nuestros propios recursos y una banca pública aragonesa al servicio de las familias, la clase trabajadora y la pequeña empresa. Porque no podemos aceptar que mientras las grandes fortunas evaden impuestos, nuestras vecinas y vecinos sufran pobreza energética y exclusión social. Por ello, proponemos complementar el ingreso mínimo vital hasta los 1.400€ mensuales en 14 pagas y crear una Renta Básica universal aragonesa, porque la protección social es un derecho y no un privilegio.
Respecto a la vivienda, consideramos que es un derecho fundamental que debe garantizarse a todas las personas. Por eso, planteamos una Ley de Alquiler Aragonesa que expanda el parque público hasta el 30% del total, con precios máximos regulados por municipio y contratos ampliados a doce años para grandes tenedores y seis años para pequeños propietarios. Asimismo, exigimos la prohibición absoluta de los cortes de suministros básicos (luz, agua, gas) por impago, reconociendo estos servicios como derechos esenciales que ninguna familia debería perder por no poder pagar.
En infraestructuras estratégicas, mantenemos que la reapertura del ferrocarril del Canfranc es la única salida viable a Europa para nuestras empresas y el futuro de Aragón. Este proyecto no puede esperar más, porque sin conexión ferroviaria con Europa, nuestras mercancías siguen saliendo por el País Vasco o Cataluña, dificultando la creación de empleo aquí. Además, defendemos el eje Cantábrico-Mediterráneo como corredor de transporte mixto (AVE y mercancías) que vertebraría nuestro territorio de norte a sur, junto con el desdoblamiento de la N-II y la conclusión de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida.
En energía y medio ambiente, proponemos la creación de una empresa pública de energía que gestione las centrales hidroeléctricas y ofrezca una tarifa eléctrica aragonesa con descuentos mínimos del 10% para combatir la pobreza energética. Asimismo, impulsamos la creación de un distrito Europeo de la Industria de Reciclado en Aragón, con centros en Teruel, Zaragoza y Huesca, generando empleo estable y sostenible. Todo ello enmarcado en una Ley aragonesa del cambio climático que garantice un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Finalmente, el reconocimiento de nuestra identidad, exigimos la oficialidad del aragonés y el reconocimiento de Aragón como sujeto político soberano con derecho a autogobernarse, no como mera administración periférica del Estado central. Porque solo recuperando nuestro autogobierno real podremos decidir nuestro futuro colectivo.
Estas propuestas que hoy presentamos públicamente las hemos remitido a todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón. Estamos a su entera disposición para reunirnos, explicarlas, debatirlas y trabajar conjuntamente por su inclusión en sus programas electorales.
Porque en OSTA creemos que el momento de actuar es ahora, porque debemos de construir un Aragón donde las personas estén por encima de los beneficios, donde el trabajo digno sea la norma y donde la justicia social sea el principio rector de todas las políticas públicas.
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21/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Iniciamos una campaña contra las agresiones y recuerda que las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores
Todas las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas por el personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad en Aragón, y la ausencia de protocolos claros, eficaces y aplicables pone en riesgo su integridad física y emocional.
Son muchas trabajadoras las que resultan agredidas a lo largo del año por una persona usuaria en los centros de trabajo. Las agresiones van desde escupitajos, insultos o tratos vejatorios a empujones o golpes, que pueden causar daño físico o incluso un profundo impacto psicológico.
No se trata de casos aislados, sino el reflejo de una realidad que viven diariamente miles de profesionales del sector: la falta sistemática de medidas preventivas, la ausencia de personal sanitario disponible en los centros, y la negativa de las empresas a reconocer y gestionar estas agresiones como accidentes de trabajo.
En muchos casos tras el incidente, las trabajadoras solicitan ser derivadas a la Mutua conforme establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Muchas direcciones de los centros se niegan y no se activa protocolo alguno de actuación inmediata.
Esta actitud no es anecdótica. Es el resultado de una falta de responsabilidad institucionalizada en gran parte del sector y en múltiples centros de trabajo. Los Reglamentos de Régimen Interno no se entregan a la plantilla ni a la representación sindical, incumpliendo el derecho a la información. Los llamados “protocolos de actuación ante agresiones” suelen ser documentos genéricos, no operativos ni aplicables, que además no se activan en los casos reales.
Esto no es un problema de una sola entidad. Es un problema estructural del sector de la atención a la discapacidad en Aragón, donde miles de profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan en condiciones de precariedad, sobrecarga y riesgo psicosocial, sin los recursos, la formación ni los protocolos actualizados que garanticen su seguridad.
Las empresas tienen la obligación legal, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, de:
- Contar con protocolos de actuación reales y accesibles ante agresiones,
- Garantizar la derivación inmediata a la Mutua cuando se produce una agresión,
- Proveer formación específica y recursos suficientes,
- Y asegurar la participación sindical en la elaboración y actualización de normas de seguridad.
Ante esta situación, hemos presentado denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, exigiendo sanciones a las empresas que incumplen la normativa y la inmediata adecuación del sector a la legalidad vigente. De la misma manera el sindicato inicia una campaña en los centros de trabajo destinada al establecimiento de protocolos que eviten esta situación.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA exigimos medidas de protección, con actuaciones concretas que la garanticen:
- Protocolos de actuación reales, accesibles y aplicados ante agresiones por parte de personas usuarias.
- Derivación inmediata a la Mutua, reconociendo todas las agresiones como accidentes de trabajo.
- Formación, ratios adecuadas y recursos suficientes para que nadie tenga que temer ir a su puesto de trabajo.
- Transparencia y participación sindical en la elaboración, revisión y aplicación de normas internas de seguridad y salud.
No podemos permitir que la violencia en el trabajo se normalice, ni que se silencie el sufrimiento de quienes cuidan a las personas más vulnerables. Defenderemos, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la protección que la ley nos garantiza.
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