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Alertamos a la Justicia de Aragón de la situación en las residencias de mayores
Representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias hemos expuesto en una reciente reunión a Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, la situación insostenible que se vive día a día en las residencias de personas mayores, una realidad que llega a poner en riesgo la dignidad de las personas usuarias.
Consideramos que la falta de personal y los bajos salarios no son solo un problema laboral, sino una emergencia social. Aragón mantiene ratios de asistencia de 1992, completamente obsoletas, y que la congelación salarial prevista para 2026 ahonda en la precariedad de un sector feminizado y esencial.
Tras la reunión mantenida con la Justicia de Aragón, hacemos públicas las reivindicaciones urgentes para frenar el colapso de las residencias de mayores. La conclusión a la que llegamos es que lo que ocurre puertas adentro de las residencias ya no se puede ocultar; estamos al borde del abismo, esto ha dejado de ser un problema laboral, se ha convertido en un asunto general que afecta a la atención y calidad del cuidado de las personas mayores.
En primer lugar, se trasladó a la Justicia de Aragón la realidad de las condiciones de trabajo en su relación con la seguridad de las personas residentes. Se explicó que no se puede ofrecer un cuidado digno con unas condiciones indignas, marcadas por unos salarios precarios debido a la regulación del sector con un Convenio estatal insuficiente. Esto provoca una fuga masiva de talento hacia otros sectores, dejando a las residencias sin profesionales cualificados.
La sobrecarga y la falta de personal provocan una espiral de ausencias por bajas y una alta rotación, lo que genera un estrés crónico en las plantillas. Esto repercute directamente en la atención, ya que se pierde el tiempo necesario para la higiene, la alimentación pausada y, sobre todo, el trato humano y afectivo que necesitan nuestras personas mayores.
En segundo lugar, denunciamos las ratios obsoletas (Decreto 111/1992) vigentes en Aragón, con unas normas de hace más de 30 años. Se mantienen ratios insuficientes que incluso obligan a una sola trabajadora a atender a demasiadas personas dependientes simultáneamente, comprometiendo la seguridad.
Por último, se abordó en la reunión las condiciones del Acuerdo Marco que regulan la financiación del sistema de plazas concertadas. Las aportaciones que hace la administración pública resultan insuficientes para el sostenimiento de un sistema de cuidados de calidad que garantice unas condiciones laborales y una atención dignas.
Los sindicatos denunciamos la desconexión entre la administración y la realidad de los centros, así como la falta de respuesta efectiva del Gobierno de Aragón ante las alarmas lanzadas por los propios trabajadores y trabajadoras. Expusimos la exigencia para la negociación inmediata de un Convenio Autonómico propio para Aragón.
La petición de intervención hecha por OSTA y UGT a la Justicia de Aragón se centra en salir de esta espiral, proponiendo su intervención en:
Actualización urgente del Decreto de Ratios: Que tengan en cuenta la categoría profesional, el turno y el grado de dependencia real de cada residente.
Nuevo Acuerdo Marco: Revisar los precios públicos que paga la administración a las residencias privadas por las plazas concertadas, así como un nuevo modelo de gestión residencial a través del Acuerdo Marco.
Los compañeros y compañeras del sector del transporte de mercancías y viajeros realizaron este sábado una asamblea sectorial a fin de analizar la situación de la solicitud para la aplicación de coeficientes reductores de la jubilación para los conductores profesionales.
En dicha asamblea se acordó participar en las movilizaciones que se realizarán en Madrid tanto el día 10 de marzo (convocada por los sindicatos estatales), así como a la del sábado 21 de marzo, organizada por la plataforma por la jubilación a los 60 de la cual formamos parte.
La pasividad con la que la administración está tratando la solicitud de los coeficientes para los conductores hace necesario que llenemos las calles de reivindicación y con un sector que esté más unido y fuerte que nunca, ya que en caso de silencio negativo el próximo mes de abril implica no poder volver a iniciar dicha solicitud en años.
Los niveles de siniestralidad en el sector hacen necesarios unos coeficientes reductores para la jubilación de este colectivo, y este debe ser el momento para conseguirlos.
Aquí podéis leer Newsletter del mes de enero, donde podréis tener la información de todas las noticias, conflictos, negociaciones en las que participa el sindicato.
En este número hablamos sobre los actos del 20 de diciembre, la charla que organizamos con Federico Giuliani sobre la situación que atraviesa el movimiento sindical en Argentina, el acuerdo de colaboración con UGTSARIO, el ERe de Mann+ Hummel, la congelación de los salarios en las residencias y como esta transcurriendo la negociación del Convenio de la limpieza para la provincia de Zaragoza.
Aquí podéis ver o descargaros el NEWSLETTER del mes de ENERO
Denunciamos una situación “insostenible” en los centros de Aragón, con falta de ratios, desgaste del personal y vulneración de derechos de los usuarios
Las organizaciones sindicales OSTA y UGT hemos registrado una solicitud de reunión urgente dirigida a la titular del Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia. El objetivo es trasladar la grave y sostenida situación que atraviesa actualmente las residencias de personas mayores y dependientes al objeto de que ejerza sus funciones de supervisión e investigación respecto a la gestión y condiciones de las residencias, tanto públicas como privadas con financiación pública en Aragón.
La situación en los centros residenciales se ha vuelto “insostenible”. A lo largo de los últimos meses hemos alertando públicamente sobre el deterioro progresivo de las condiciones laborales, la falta de ratios adecuadas de personal y el severo desgaste profesional que sufren las cuidadoras y trabajadoras del sector.
Impacto en la calidad asistencial y los derechos
Más allá de las condiciones laborales, esta crisis tiene un impacto directo en la calidad asistencial y los derechos de las personas usuarias. La situación actual vulnera derechos fundamentales tanto del personal a unas condiciones laborales dignas y seguras, como de las personas residentes que tienen derecho a una atención adecuada y de calidad. Cabe destacar que muchas de estas usuarias se encuentran en situación de especial vulnerabilidad bajo tutela o financiación pública.
Falta de respuesta institucional
Desde UGT y OSTA hemos intentado canalizar estas preocupaciones enviando documentación y cartas a diversas instituciones públicas solicitando medidas correctoras. Sin embargo, la “falta de respuestas efectivas y la persistencia de los problemas” nos obliga a elevar la cuestión ante el Justicia de Aragón, como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía e institución supervisora de la actividad de las administraciones públicas en Aragón.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Huelga del Centro Especial de Empleo Oliver
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo Oliver de ATADES, confirmando que la dirección incurrió en infracción laboral al establecer de forma unilateral supuestos «servicios mínimos» durante los paros intermitentes del 29 de mayo de 2025. La resolución, emitida el 5 de enero de 2026, da respuesta favorable a la denuncia presentada por el Comité de Huelga, tras una movilización histórica con 100% de participación de la plantilla convocada.
Los paros formaban parte de una campaña reivindicativa de cinco jornadas intermitentes convocadas por el Comité de Empresa —que cuenta con mayoría sindical de OSTA— para exigir una respuesta a sus demandas laborales. Durante el primer paro (29 de mayo, de 8:15 a 12:15 h), la empresa designó unilateralmente a 3-4 trabajadores en el centro de calle Ariza y 1 en el Polígono Plaza, alegando la necesidad de «atender situaciones de urgencia» ante la presencia de unas 170 personas con discapacidad intelectual. Ante esta actuación, el Comité de Huelga denunció inmediatamente ante la Inspección de Trabajo la vulneración del derecho fundamental de huelga, al tiempo que los trabajadores se movilizaban frente al centro y trasladaban sus reivindicaciones a la sede central de ATADES en Zaragoza.
El informe de Inspección de Trabajo zanja de forma contundente la controversia:
El centro productivo —dedicado en un 80% a fabricar componentes para hornos TEKA— no tiene actividad 24 horas ni resolución administrativa que lo declare como servicio esencial. Por tanto, no procedía la imposición de servicios mínimos, por no ser un servicio esencial.
Aunque la empresa podía establecer medidas de seguridad y mantenimiento durante la huelga, estaba obligada a negociar su designación con el Comité de Huelga, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 11/1981). La imposición unilateral vulnera el art. 28.2 de la Constitución Española, el art. 4.1.e del Estatuto de los Trabajadores y el art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977.
La Inspección ha confirmado la infracción, acordado la extensión de Acta de Infracción contra ATADES por vulnerar el derecho de huelga mediante la designación arbitraria de personal.
Para el sindicato OSTA “esta resolución reafirma el principio básico de que ni siquiera en centros que atienden a personas con discapacidad se puede vulnerar el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos sin negociación”. La empresa intentó escudarse en la situación de las personas usuarias para desactivar una protesta legítima con el 100% de apoyo de la plantilla, y la Inspección de Trabajo ha dejado claro que la protección de las personas con discapacidad no puede servir de excusa para saltarse los derechos fundamentales de los trabajadores.
Pedro Gil Alda, Presidente del Comité de Empresa del CEE Oliver, recuerda que “en su momento advertimos que endureceríamos la movilización si no había respuesta a nuestras reivindicaciones. Hoy celebramos esta decisión de la Inspección de Trabajo, pero seguimos exigiendo que ATADES dialogue de verdad con sus trabajadores y atienda sus demandas”.
Esta resolución sienta un precedente fundamental para los centros especiales de empleo y el sector de la discapacidad en Aragón, ya que la protección de las personas usuarias debe garantizarse mediante acuerdo con los representantes legítimos de los trabajadores, nunca por imposición patronal, y desde el OSTA anunciamos que velaremos para que la sanción se aplique en un futuro y no se repitan prácticas que pretendan desactivar el derecho de huelga.
