26/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos más representativos del sector denunciamos la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud de reunión realizada
Los sindicatos OSTA y UGT, como organizaciones más representativas del sector de la Dependencia y Cuidados en Aragón, denunciamos la falta de respuesta por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud formal de reunión enviada el pasado 7 de enero de 2026.
En dicha carta, solicitamos una reunión urgente con Lucía Horno Elósegui, Secretaria General Técnica, para abordar la situación crítica que viven las trabajadoras y trabajadores de las residencias aragonesas, así como sus consecuencias directas sobre la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas usuarias. Propusimos las fechas del 20 y 21 de enero para dicha reunión, pero hasta la fecha no hemos recibido ni confirmación ni siquiera acuse de recibo.
La obsolescencia del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas en los centros de atención, y la ausencia de ratios adecuadas están generando una sobrecarga laboral insostenible, precariedad extrema y un deterioro progresivo en la atención a las personas dependientes. La Administración aragonesa tiene una responsabilidad directa en este modelo, ya que la mayoría de las plazas son concertadas con el propio Gobierno de Aragón.
Ante el silencio administrativo, UGT y OSTA reiteramos hoy nuestra exigencia de diálogo real y efectivo y anunciamos una nueva solicitud formal de reunión, esta vez con propuestas de fechas en la primera quincena de febrero. No obstante, advertimos que, si persiste la falta de respuesta, nos veremos obligados a intensificar nuestras acciones de movilización para exigir soluciones urgentes.
Las trabajadoras y trabajadores del sector no pueden esperar más. Exigimos dignidad, derechos y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema de cuidados en Aragón.
25/01/26 | Destacados, Noticias
Ante la proximidad de las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, desde OSTA hemos trasladado a los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón, nuestro programa transformador para construir el Aragón que soñamos, un Aragón abierto, plural, con empleo de calidad y bienestar para todas las personas que aquí vivimos y trabajamos en este país.
Nosotras y nosotros, como sindicato de la clase, planteamos «La Vía Aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor», un proyecto basado en la justicia social, el reparto de la riqueza y la soberanía popular, porque creemos firmemente que solo mediante una ruptura con las dinámicas impuestas por el capital y el Estado central será posible construir un Aragón digno, próspero y soberano.
En materia laboral y social, proponemos que Aragón se dote de un Marco Aragonés de Relaciones Laborales propio que priorice nuestros convenios colectivos sobre los estatales, porque entendemos que son las y los aragoneses quienes debemos decidir nuestras condiciones de trabajo. Además, exigimos la transferencia de las competencias de Trabajo, incluyendo la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumple la normativa laboral en nuestro territorio. Asimismo, apostamos decididamente por la jornada laboral de 35 horas semanales y la prohibición total de aperturas comerciales en domingos y festivos, derechos fundamentales para conciliar vida familiar y laboral.
En el ámbito económico y fiscal, defendemos la creación urgente de una Hacienda Foral aragonesa que nos permita gestionar nuestros propios recursos y una banca pública aragonesa al servicio de las familias, la clase trabajadora y la pequeña empresa. Porque no podemos aceptar que mientras las grandes fortunas evaden impuestos, nuestras vecinas y vecinos sufran pobreza energética y exclusión social. Por ello, proponemos complementar el ingreso mínimo vital hasta los 1.400€ mensuales en 14 pagas y crear una Renta Básica universal aragonesa, porque la protección social es un derecho y no un privilegio.
Respecto a la vivienda, consideramos que es un derecho fundamental que debe garantizarse a todas las personas. Por eso, planteamos una Ley de Alquiler Aragonesa que expanda el parque público hasta el 30% del total, con precios máximos regulados por municipio y contratos ampliados a doce años para grandes tenedores y seis años para pequeños propietarios. Asimismo, exigimos la prohibición absoluta de los cortes de suministros básicos (luz, agua, gas) por impago, reconociendo estos servicios como derechos esenciales que ninguna familia debería perder por no poder pagar.
En infraestructuras estratégicas, mantenemos que la reapertura del ferrocarril del Canfranc es la única salida viable a Europa para nuestras empresas y el futuro de Aragón. Este proyecto no puede esperar más, porque sin conexión ferroviaria con Europa, nuestras mercancías siguen saliendo por el País Vasco o Cataluña, dificultando la creación de empleo aquí. Además, defendemos el eje Cantábrico-Mediterráneo como corredor de transporte mixto (AVE y mercancías) que vertebraría nuestro territorio de norte a sur, junto con el desdoblamiento de la N-II y la conclusión de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida.
En energía y medio ambiente, proponemos la creación de una empresa pública de energía que gestione las centrales hidroeléctricas y ofrezca una tarifa eléctrica aragonesa con descuentos mínimos del 10% para combatir la pobreza energética. Asimismo, impulsamos la creación de un distrito Europeo de la Industria de Reciclado en Aragón, con centros en Teruel, Zaragoza y Huesca, generando empleo estable y sostenible. Todo ello enmarcado en una Ley aragonesa del cambio climático que garantice un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Finalmente, el reconocimiento de nuestra identidad, exigimos la oficialidad del aragonés y el reconocimiento de Aragón como sujeto político soberano con derecho a autogobernarse, no como mera administración periférica del Estado central. Porque solo recuperando nuestro autogobierno real podremos decidir nuestro futuro colectivo.
Estas propuestas que hoy presentamos públicamente las hemos remitido a todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón. Estamos a su entera disposición para reunirnos, explicarlas, debatirlas y trabajar conjuntamente por su inclusión en sus programas electorales.
Porque en OSTA creemos que el momento de actuar es ahora, porque debemos de construir un Aragón donde las personas estén por encima de los beneficios, donde el trabajo digno sea la norma y donde la justicia social sea el principio rector de todas las políticas públicas.
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21/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Iniciamos una campaña contra las agresiones y recuerda que las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores
Todas las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas por el personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad en Aragón, y la ausencia de protocolos claros, eficaces y aplicables pone en riesgo su integridad física y emocional.
Son muchas trabajadoras las que resultan agredidas a lo largo del año por una persona usuaria en los centros de trabajo. Las agresiones van desde escupitajos, insultos o tratos vejatorios a empujones o golpes, que pueden causar daño físico o incluso un profundo impacto psicológico.
No se trata de casos aislados, sino el reflejo de una realidad que viven diariamente miles de profesionales del sector: la falta sistemática de medidas preventivas, la ausencia de personal sanitario disponible en los centros, y la negativa de las empresas a reconocer y gestionar estas agresiones como accidentes de trabajo.
En muchos casos tras el incidente, las trabajadoras solicitan ser derivadas a la Mutua conforme establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Muchas direcciones de los centros se niegan y no se activa protocolo alguno de actuación inmediata.
Esta actitud no es anecdótica. Es el resultado de una falta de responsabilidad institucionalizada en gran parte del sector y en múltiples centros de trabajo. Los Reglamentos de Régimen Interno no se entregan a la plantilla ni a la representación sindical, incumpliendo el derecho a la información. Los llamados “protocolos de actuación ante agresiones” suelen ser documentos genéricos, no operativos ni aplicables, que además no se activan en los casos reales.
Esto no es un problema de una sola entidad. Es un problema estructural del sector de la atención a la discapacidad en Aragón, donde miles de profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan en condiciones de precariedad, sobrecarga y riesgo psicosocial, sin los recursos, la formación ni los protocolos actualizados que garanticen su seguridad.
Las empresas tienen la obligación legal, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, de:
- Contar con protocolos de actuación reales y accesibles ante agresiones,
- Garantizar la derivación inmediata a la Mutua cuando se produce una agresión,
- Proveer formación específica y recursos suficientes,
- Y asegurar la participación sindical en la elaboración y actualización de normas de seguridad.
Ante esta situación, hemos presentado denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, exigiendo sanciones a las empresas que incumplen la normativa y la inmediata adecuación del sector a la legalidad vigente. De la misma manera el sindicato inicia una campaña en los centros de trabajo destinada al establecimiento de protocolos que eviten esta situación.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA exigimos medidas de protección, con actuaciones concretas que la garanticen:
- Protocolos de actuación reales, accesibles y aplicados ante agresiones por parte de personas usuarias.
- Derivación inmediata a la Mutua, reconociendo todas las agresiones como accidentes de trabajo.
- Formación, ratios adecuadas y recursos suficientes para que nadie tenga que temer ir a su puesto de trabajo.
- Transparencia y participación sindical en la elaboración, revisión y aplicación de normas internas de seguridad y salud.
No podemos permitir que la violencia en el trabajo se normalice, ni que se silencie el sufrimiento de quienes cuidan a las personas más vulnerables. Defenderemos, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la protección que la ley nos garantiza.
19/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Denunciamos que, al caducar el convenio en diciembre, los salarios de las trabajadoras no subirán en 2026
Debido a la caducidad del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2025, los salarios de las trabajadoras del sector no experimentarán ninguna subida en 2026.
Una vez denunciado el convenio, en tanto no se alcance un acuerdo sobre el nuevo texto, el convenio queda prorrogado en régimen de ultraactividad. Sin embargo, las subidas salariales automáticas previstas en el convenio no se aplicarán en 2026, tal como establece su propia Disposición Final.
Según dicha cláusula, la revisión salarial automática basada en el IPC solo operará a partir del ejercicio 2027, y únicamente si el PIB español registra un crecimiento anual superior al 2 %. Además, aunque existe una cláusula de garantía salarial que contempla una posible actualización en enero de 2026 —si la suma del IPC real de 2023, 2024 y 2025 supera el 9 % pactado en el convenio—, dicha actualización está limitada a un máximo del 3 % adicional (12 % total) y dependerá de un cálculo que realizará la Comisión Paritaria tras conocerse el IPC de diciembre de 2025.
“Esto supone una congelación salarial de facto para 2026”, advertimos desde OSTA, “en un contexto de inflación persistente y de un sector ya históricamente precarizado, donde las trabajadoras —mayoritariamente mujeres— soportan condiciones laborales extremadamente duras y una retribución que no refleja ni su esfuerzo ni la importancia social de su labor”.
Sin visos de un nuevo convenio estatal en el corto plazo
Aunque UGT y CCOO presentan la parálisis causada por las patronales, es fundamental señalar que la propia estructura de la mesa de negociación está bloqueada por la incapacidad de los propios sindicatos y patronales para acordar quiénes tienen legitimidad para sentarse a negociar.
Más allá de la retórica de urgencia, los sindicatos UGT y CCOO no han avanzado ni un paso en la sustancia del convenio, limitándose a exigir un acuerdo de representatividad que debería haberse resuelto hace meses. Su amenaza de acudir a la autoridad laboral, lejos de ser una solución, refleja la ausencia de voluntad real de negociación y el uso de la presión burocrática como excusa para la inacción.
En resumen, no son las patronales las únicas responsables de la parálisis, los sindicatos UGT y CCOO al no impulsar una salida política o legal clara desde el principio, comparten la culpa de esta estancada negociación que deja a miles de trabajadores sin garantías dignas.
Exigimos a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO urgentes avances en la negociación del nuevo convenio con el objetivo de garantizar una revalorización salarial justa, acorde con la inflación real y con el reconocimiento que merece el trabajo de cuidados. “No podemos permitir que, mientras los beneficios empresariales se disparan, quienes sostienen el sistema de atención a las personas más vulnerables sigan viendo congelados sus salarios”, concluye OSTA.
16/01/26 | Industria y Derivados, Noticias
Zaragoza, a 16 de enero de 2026
El Comité de empresa con mayoría de OSTA ha alcanzado un preacuerdo satisfactorio para la plantilla en la negociación del ERTE en Torraspapel. (La montañanesa)
En el centro de trabajo de Torraspapel Zaragoza, se planteó por parte de la empresa un ERTE de un año de duración y hasta 90 días de afectación por persona.
El Comité de Empresa, con mayoría absoluta de OSTA, ha llevado a cabo la negociación durante el periodo de consultas que abarcó desde el 22 de diciembre al 14 de enero. Dicho periodo finalizó con acuerdo.
Los términos del acuerdo han sido los siguientes:
• Vigencia desde la comunicación de la decisión final a la Autoridad
Laboral hasta el 29 de enero de 2027.
• Un máximo de 75 días efectivos de suspensión por persona. Es decir, incluyendo los días de aplicación del coeficiente del 1.25. (Equivalen a 60 días de suspensión)
• Complemento de 15€ brutos por día de suspensión por aplicación del ERTE.
• Complemento del 100% de las pagas extras de junio y diciembre.
• 100% de vacaciones.
• Los jubilados parciales no verán mermadas sus retribuciones por la aplicación del ERTE.
• Las personas que no dispongan de suficiente paro para cubrir el total de los días de ERTE, no verán perjudicadas sus retribuciones por esta circunstancia en comparación con las condiciones aplicables a las personas que sí disponen de días de paro acumulados suficientes.
• Se creará una comisión de seguimiento.
• La Empresa se compromete a la tramitación de las solicitudes de desempleo de la plantilla.
Desde OSTA consideramos que este acuerdo mejora sustancialmente los acuerdos anteriores alcanzados en Torraspapel en ERTES de ámbito estatal. Esto demuestra que una negociación en el ámbito de empresa con una fuerte representación de OSTA se traduce en acuerdos que limitan el perjuicio que sufren las plantillas ante medidas lesivas como los ERTE, los cuales son unilateralmente puestos en marcha por las empresas y que conllevan unas condiciones mucho peores en el caso de no llegar a acuerdos.
Nuestro modelo sindical en OSTA es el de negociar teniendo presente las necesidades de las personas trabajadoras y defender de forma efectiva los derechos y mejorar las condiciones de trabajo para las personas trabajadoras.
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