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No podemos permanecer en silencio ante la dramática situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en Aragón
Los recientes datos publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirman lo que venimos denunciando desde hace años: Aragón está a la cola en inversión, en cobertura y en dignidad para las personas en situación de dependencia y también aquellas que les cuidan.
Mientras el Gobierno de Aragón presume de crecimiento económico y atracción de inversiones, más de 2.000 plazas residenciales permanecen vacías, al mismo tiempo que cientos de personas con dependencia severa o gran dependencia esperan desesperadamente una plaza pública o financiada. Esta paradoja no es fruto de la casualidad, sino de una política deliberada de subfinanciación, desinversión y falta de planificación estratégica en servicios sociales.
En Aragón, según reciente informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las horas de ayuda a domicilio se sitúan en apenas 11 de media, frente a las 24 que se ofrecen en el resto del Estado. Para las personas con gran dependencia, se asignan 47 horas mensuales, muy por debajo de la media estatal de 65 horas.
Si hablamos de prestaciones económicas, la cuantía media en Aragón es de 360 euros, frente a los 384 euros del promedio estatal. Hablar de “ridiculez” no es exageración: es una descripción precisa de una política que ignora las necesidades reales de quienes más lo necesitan.
Pero este abandono no solo afecta a las personas usuarias. También impacta directamente en las trabajadoras y trabajadores del sector, que soportan cargas de trabajo insostenibles, salarios precarios y condiciones laborales indignas, todo ello en un contexto de falta de personal, ausencia de ratios adecuadas y sin una verdadera apuesta por la profesionalización y dignificación del cuidado.
Por ello, desde el sindicato OSTA consideramos que no puede permanecer en silencio ante la dramática situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia y exigimos al Gobierno de Aragón:
Transparencia: que publique los datos reales sobre listas de espera, tanto en residencias como en servicios de ayuda a domicilio.
Reforzar urgentemente la atención domiciliaria, con un aumento sustancial de horas y una actualización de las prestaciones económicas acordes a la realidad del coste del cuidado.
Un plan de choque para el sector, que incluya la creación de empleo estable, la mejora salarial y la negociación urgente del Convenio Colectivo Autonómico del Sector de la Dependencia, pendiente desde hace demasiado tiempo.
No se puede seguir ocultando la pobreza del sistema bajo discursos triunfalistas. El derecho a la autonomía personal y al cuidado no es un lujo: es un derecho fundamental reconocido por ley desde 2006. En Aragón, ese derecho sigue sin hacerse efectivo.
Seguiremos movilizándonos hasta que el sistema de dependencia deje de ser un laberinto burocrático y se convierta en una verdadera red de protección y dignidad.
El acuerdo de ERE en TEKA ha finalizado con 99 personas trabajadoras despedidas; 19 de ellas en Zaragoza, sin que haya habido prácticamente información y ningún tipo de movilización.
La negociación se ha realizado en Madrid por parte de UGT, CCOO y CSIF, sin tener en cuenta las reivindicaciones de la plantilla de Zaragoza y excluyendo a OSTA de la misma.
La planta de Zaragoza ha sido la única que no ha refrendado el acuerdo, votando en contra de lo que han firmado sus propios representantes, lo que debería hacerles reflexionar sobre el acuerdo al que han llegado. Este es un ejemplo más, de que cuando se negocia fuera de nuestro territorio, la clase trabajadora de Aragón sufre las consecuencias.
Desde OSTA no entendemos cómo en un proceso de despidos colectivos, ninguno de los firmantes de este acuerdo haya convocado a la plantilla para iniciar movilizaciones y luchar por mantener los puestos de trabajo, frente a decisiones arbitrarias que solo atienden a intereses económicos.
Las medidas que se han incluido en este acuerdo dejan totalmente desprotegidas a las personas afectadas. Estos despidos forzosos se podían haber evitado si se hubiera negociado pensando en las personas trabajadoras y no en “ser sensibles con algunas multinacionales”. Y este es el precio que van a pagar 19 personas de la planta de Zaragoza.
Por si faltaba algún despropósito, la empresa abonará un importe único de 1000 euros brutos a las personas trabajadoras que firmen la aceptación de sus condiciones renunciando a tomar medidas legales, lo que a nuestro entender refleja el miedo que tienen los firmantes de este acuerdo.
El Departamento de Educación autoriza contratar personal sin titulación a través de empresas de extraescolares para cubrir funciones docentes ordinarias, precarizando empleo y vulnerando la ley
Desde el sindicato OSTA denunciamos una práctica irregular detectada en diversos centros educativos públicos de Aragón que supone una triple vulneración: de la normativa de contratación pública, del Convenio Colectivo del sector de TSEI y de la normativa educativa autonómica.
Recientemente se adjudicó mediante procedimiento público (Expediente ECD_DGPCFP_2025_1001) a KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. un contrato para cubrir 95 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) destinadas al apoyo en aulas de 2-3 años en centros públicos aragoneses. Sin embargo, al alcanzar diversos colegios el límite de ratio permitido y agotarse dicho cupo, la Dirección General de Educación habría autorizado la contratación paralela de personal a través de empresas gestoras de actividades extraescolares para que realice funciones propias de TSEI dentro del horario lectivo ordinario.
Esta práctica genera una doble injusticia:
Precarización laboral estructural: se sustituyen puestos cualificados de TSEI —con titulación específica y condiciones retributivas garantizadas por convenio— por contrataciones externalizadas presuntamente sujetas a condiciones salariales y laborales inferiores (posiblemente bajo convenios de actividades extraescolares no aplicables a funciones docentes ordinarias).
Discriminación hacia el personal subrogable: mientras numerosas TSEI permanecen en situación de interinidad o sustitución sin acceso a plaza fija, se externaliza un servicio que debía cubrirse mediante el contrato público ya licitado, vulnerando el derecho de prioridad de contratación del personal con titulación específica.
Irregularidades detectadas:
Posible fraude a la LCSP: La contratación paralela para realizar las mismas funciones previstas en el contrato adjudicado a KOALA podría constituir una división artificial de contratos (art. 115 LCSP) o un desvío de objeto contractual, al utilizar partidas destinadas a actividades extraescolares para cubrir necesidades docentes ordinarias ya previstas en el expediente de contratación.
Vulneración del III Convenio Colectivo de TSEI: Las funciones de apoyo en aulas de Educación Infantil exigen titulación de TSEI. Contratar personal sin dicha cualificación o con retribuciones inferiores quebranta el principio de igualdad retributiva y profesional.
Incumplimiento normativo educativo: Ante el exceso de ratio, la solución legal es solicitar autorización para nueva unidad o ampliar el cupo contractual, no externalizar fraudulentamente el servicio mediante partidas ajenas a su finalidad.
Exigencias sindicales:
Paralización inmediata de estas contrataciones irregulares.
Ampliación del cupo del contrato público de KOALA para cubrir las necesidades reales detectadas.
Apertura de expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Educación.
Respeto escrupuloso al Convenio Colectivo del sector y al derecho de prioridad del personal subrogable con titulación TSEI.
Desde OSTA no vamos a permitir que la falta de planificación de la Administración se resuelva precarizando empleo cualificado y vulnerando derechos laborales conquistados. La infancia aragonesa merece profesionales titulados y estables, no parches fraudulentos que ahondan en la inestabilidad del sector, y hemos iniciado los trámites para presentar denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y no se descarta acudir a la Inspección de Educación del Gobierno de Aragón y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
El próximo 8 de marzo celebramos el Día Internacional de La Mujer, es una jornada de lucha, de denuncia y de acción política colectiva. Hoy, más que nunca, este llamado cobra fuerza frente al avance de la ultraderecha y de los discursos reaccionarios que buscan deslegitimar el feminismo, negar la desigualdad estructural y hacer retroceder derechos conquistados tras décadas de movilización.
Nuestro lema “Lucha organizada, memoria, fuerza y voz” expresa con claridad que el Día Internacional de la Mujer no es una fecha conmemorativa ni una celebración vacía. No vamos a tolerar retroceder a una sociedad a las que las mujeres se nos subyugue al patriarcado.
El 8 de marzo nos convoca a redoblar la lucha. A defender cada derecho conquistado y a avanzar por los que aún faltan. Frente al avance reaccionario, respondemos con lucha organizada, memoria activa, fuerza colectiva y una voz que no se calla. Porque la igualdad no retrocede y porque sin feminismo no hay democracia.
Saldremos a las calles por y para la igualdad. Lo haremos para exigir una sociedad libre de violencias machistas, sin brechas de género, con justicia social y mayor calidad democrática. Pero también lo haremos para defender lo ganado, porque nada está garantizado. Frente a quienes quieren devolvernos al silencio, al miedo y a la subordinación, respondemos con organización, memoria y lucha colectiva.
Día 19 de febrero
Acto sindical convocado por el sindicato para toda la afiliación en Zaragoza
Los sindicatos OSTA y UGT denunciamos la negativa institucional a abordar la emergencia en el sector de la Dependencia
Tras 26 días de silencio institucional y una doble solicitud formal de diálogo, la Secretaría General Técnica de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido con una negativa sin fundamento a reunirse con OSTA y UGT para abordar la situación de colapso en las residencias y centros de atención a personas dependientes de Aragón.
El 7 y el 26 de enero, los sindicatos mayoritarios del sector —que representamos a más de 8.000 trabajadoras— solicitamos urgentemente una reunión para tratar la obsolescencia del Decreto 111/1992, norma de 34 años de antigüedad que regula los centros sociales especializados sin contemplar siquiera la existencia de la Ley de Dependencia (2006). La respuesta recibida el 2 de febrero es clara: «en estos momentos no resulta posible mantener la reunión solicitada».
Mientras la Administración elude el diálogo, la realidad en los centros es de emergencia social:
Ratios inhumanos: una trabajadora atiende a 12, 14 o más personas dependientes graves en turnos de 8 horas sin descansos efectivos.
Salud laboral destrozada: bajas por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático superan el 40% en muchos centros.
Abandono asistencial: familias denuncian falta de higiene básica, alimentación deficiente y ausencia de atención personalizada por falta crónica de personal.
Rotación extrema: el 30% del personal abandona el sector cada año por agotamiento extremo, dejando vacíos imposibles de cubrir.
Esta no es solo una negativa administrativa, es abandonar a las personas más vulnerables de Aragón. Mientras la Consejería se esconde tras un correo burocrático, las trabajadoras sostienen con su salud un sistema que la propia normativa autonómica permite que se desmorone. El Decreto 111/1992 no es solo obsoleto, cronifica la precariedad.
Los sindicatos recordamos que la negociación no es un favor institucional, sino una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector. La negativa a actualizar una norma que permite ratios ilegales según el Real Decreto 2/2023 de prevención de riesgos laborales configura, además, una responsabilidad administrativa grave.
Ante el bloqueo institucional, OSTA y UGT anunciamos:
Presentación inmediata de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento sistemático de ratios mínimos de seguridad.
Elevación del caso al Justicia de Aragón.
Inicio de una campaña pública con testimonios de trabajadoras, usuarios y familias.
Convocatoria de movilizaciones sectoriales en las próximas semanas si la Administración no asume sus responsabilidades.
Para la representación sindical, las trabajadoras del sector de la Dependencia no son invisibles y tampoco lo serán sus condiciones. Si el Departamento no quiere negociar nos veremos obligados a aumentar la presión en las calles y centros de trabajo, en los medios de comunicación y en las Cortes de Aragón. Hasta que se actualice el decreto y se garanticen unos cuidados dignos.
El sector de la Dependencia en Aragón sostiene la dignidad de más de 25.000 personas usuarias. Hoy, esa dignidad está en manos de trabajadoras exhaustas a las que el Gobierno de Aragón niega incluso el derecho a ser escuchadas.
