19/03/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Promovemos una resolución coordinada para acumular el respaldo mayoritario de las plantillas y fortalecer la negociación frente a la patronal y el Gobierno de Aragón
Los sindicatos OSTA y UGT hemos puesto en marcha una acción sindical coordinada dirigida a todos los Comités de Empresa de las residencias de personas mayores y centros de atención a la dependencia en Aragón. El objetivo es lograr una adhesión masiva a una resolución tipo que reclama de forma urgente la negociación de un Convenio Colectivo Autonómico para el sector.
Esta iniciativa surge ante el bloqueo y la insuficiencia del actual Convenio Estatal, que perpetúa una situación de precariedad estructural en un sector esencial, mayoritariamente feminizado y clave para el bienestar social en Aragón.
Una voz única frente a la precariedad
Mediante esta campaña, buscamos que los Comités de Empresa de los distintos centros aprueben una resolución común que sirva como herramienta de presión ante la patronal y las instituciones públicas, para multiplicar nuestra posición negociadora.
Las resoluciones, que ya están siendo debatidas en las plantillas, recogen reivindicaciones urgentes:
- Salarios dignos y justos, que permitan vivir del trabajo y reconozcan la responsabilidad de la labor asistencial.
- Ratios de atención adecuadas, para garantizar tanto la calidad del cuidado a las personas usuarias como la salud laboral de las profesionales.
- Reconocimiento profesional del carácter esencial y técnico del trabajo en el sector de la dependencia.
- Condiciones laborales estables, que pongan fin a la temporalidad, la parcialidad no deseada y la falta de promoción interna.
Un sector feminizado que exige justicia social
La precariedad en el sector de la dependencia tiene rostro de mujer. La mayoría de las trabajadoras soportan salarios de los más bajos del mercado laboral, jornadas fragmentadas, sobrecarga física y emocional, y una falta de reconocimiento institucional que contrasta con la esencialidad de su labor, puesta de manifiesto especialmente durante la pandemia.
No podemos seguir permitiendo que quienes cuidan a nuestras personas mayores y dependientes vivan en situación de vulnerabilidad económica y laboral. Es hora de que Aragón dé un paso al frente y lidere un marco normativo propio que dignifique este sector estratégico.
Las adhesiones recogidas en las residencias a la reivindicación de un Convenio Autonómico, apoyadas por los Comités de Empresa, serán trasladadas al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Consejería de Bienestar Social y Familia, y continuarán las movilizaciones si no se abre una mesa de negociación real para el Convenio aragonés.
Hacemos un llamamiento a la participación activa de todas las trabajadoras y trabajadores del sector, así como a las familias de usuarios y a la sociedad aragonesa en general, para apoyar esta justa reivindicación.
04/03/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Alertamos a la Justicia de Aragón de la situación en las residencias de mayores
Representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias hemos expuesto en una reciente reunión a Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, la situación insostenible que se vive día a día en las residencias de personas mayores, una realidad que llega a poner en riesgo la dignidad de las personas usuarias.
Consideramos que la falta de personal y los bajos salarios no son solo un problema laboral, sino una emergencia social. Aragón mantiene ratios de asistencia de 1992, completamente obsoletas, y que la congelación salarial prevista para 2026 ahonda en la precariedad de un sector feminizado y esencial.
Tras la reunión mantenida con la Justicia de Aragón, hacemos públicas las reivindicaciones urgentes para frenar el colapso de las residencias de mayores. La conclusión a la que llegamos es que lo que ocurre puertas adentro de las residencias ya no se puede ocultar; estamos al borde del abismo, esto ha dejado de ser un problema laboral, se ha convertido en un asunto general que afecta a la atención y calidad del cuidado de las personas mayores.
En primer lugar, se trasladó a la Justicia de Aragón la realidad de las condiciones de trabajo en su relación con la seguridad de las personas residentes. Se explicó que no se puede ofrecer un cuidado digno con unas condiciones indignas, marcadas por unos salarios precarios debido a la regulación del sector con un Convenio estatal insuficiente. Esto provoca una fuga masiva de talento hacia otros sectores, dejando a las residencias sin profesionales cualificados.
La sobrecarga y la falta de personal provocan una espiral de ausencias por bajas y una alta rotación, lo que genera un estrés crónico en las plantillas. Esto repercute directamente en la atención, ya que se pierde el tiempo necesario para la higiene, la alimentación pausada y, sobre todo, el trato humano y afectivo que necesitan nuestras personas mayores.
En segundo lugar, denunciamos las ratios obsoletas (Decreto 111/1992) vigentes en Aragón, con unas normas de hace más de 30 años. Se mantienen ratios insuficientes que incluso obligan a una sola trabajadora a atender a demasiadas personas dependientes simultáneamente, comprometiendo la seguridad.
Por último, se abordó en la reunión las condiciones del Acuerdo Marco que regulan la financiación del sistema de plazas concertadas. Las aportaciones que hace la administración pública resultan insuficientes para el sostenimiento de un sistema de cuidados de calidad que garantice unas condiciones laborales y una atención dignas.
Los sindicatos denunciamos la desconexión entre la administración y la realidad de los centros, así como la falta de respuesta efectiva del Gobierno de Aragón ante las alarmas lanzadas por los propios trabajadores y trabajadoras. Expusimos la exigencia para la negociación inmediata de un Convenio Autonómico propio para Aragón.
La petición de intervención hecha por OSTA y UGT a la Justicia de Aragón se centra en salir de esta espiral, proponiendo su intervención en:
- Actualización urgente del Decreto de Ratios: Que tengan en cuenta la categoría profesional, el turno y el grado de dependencia real de cada residente.
- Nuevo Acuerdo Marco: Revisar los precios públicos que paga la administración a las residencias privadas por las plazas concertadas, así como un nuevo modelo de gestión residencial a través del Acuerdo Marco.
26/02/26 | Federaciones, Industria y Derivados
El 25 de febrero, tras agotarse el mes de negociación, el Comité de Empresa de Mann+Hummel, por unanimidad de todos los sindicatos que lo componen, acordado un preacuerdo para la aplicación del expediente colectivo de extinción de empleo.
Desde la Sección Sindical de OSTA hemos trabajado para alcanzar un preacuerdo que garantizara las mejores indemnizaciones posibles acordes a los beneficios de la empresa y que redujeran al máximo el número de personas afectadas.
Además hemos trabajado para que las posibles salidas se cubrieran, en la totalidad o por lo menos en su gran mayoría, mediante la personas trabajadoras voluntarias.
Por ultimo nuestra lineal negociadora tambien ha buscado priorizar condiciones más favorables para los colectivos más vulnerables: personas trabajadoras de mayor edad que pudieran tener dificultades para completar su cotización a la Seguridad Social de cara a la jubilación, o aquellas con menor antigüedad en la empresa.
Al contar con una representación minoritaria en el seno del Comité de Empresa y haber tenido que ceder en parte de nuestras pretensiones para mantener la unidad de acción sindical, no ha sido posible sacar adelante la totalidad de las propuestas que considerábamos más necesarias para la plantilla.
Aun así, creemos firmemente que nuestra firmeza durante la negociación ha sido fundamental y útil para alcanzar el mejor preacuerdo posible dentro de la estrategia y la acción sindical planteadas por el Comite de empresa.
El 95 % de la plantilla ha participado en el referéndum, que ha sido ratificado por el 84,7 % de las personas votantes, con el siguiente resultado:
- Votos a favor: 377
- Votos en contra: 45
- Abstenciones: 23
Las principales condiciones alcanzadas en este preacuerdo se basan en la línea roja innegociable que marcamos desde el inicio:
• REDUCCIÓN DE DESPIDOS: disminución de las afectaciones hasta un máximo de 120 personas trabajadoras, con aplicación de los despidos derivados del ERE hasta el 31 de marzo de 2027.
• IMPROCEDENCIA LEGAL GARANTIZADA: se garantiza el abono íntegro correspondiente al despido improcedente en todas las salidas: 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, o 45 días con un máximo de 42 mensualidades, en función de la antigüedad de cada persona trabajadora (aplicando el tramo histórico anterior a febrero de 2012).
• COMPLEMENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES: para compensar los límites legales impuestos por la reforma laboral, que penalizan especialmente a la antigüedad, se ha conseguido un pago lineal adicional de 7.000 euros para cada persona trabajadora afectada.
• VOLUNTARIEDAD: los criterios para la aceptación de personas trabajadoras voluntarias que puedan sustituir a personas inicialmente afectadas por el ERE estarán basados prioritariamente en el puesto de trabajo y el perfil técnico. No serán criterios determinantes la edad, la antigüedad ni el coste indemnizatorio de la persona voluntaria.
• GARANTÍA DE APLICACIÓN: la indemnización pactada permanecerá vigente hasta marzo de 2028 en caso de que la empresa no garantice el mantenimiento del empleo una vez finalizado el ERE y proceda a realizar despidos objetivos individuales o colectivos.
Denunciamos que, tras años de deslocalizaciones industriales y pese a los resultados millonarios de muchas empresas, ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno estatal están adoptando medidas legislativas y políticas eficaces para frenar la destrucción de empleo industrial, especialmente cuando se trata de empleo estable y de calidad en Aragón.
23/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Denunciamos una situación “insostenible” en los centros de Aragón, con falta de ratios, desgaste del personal y vulneración de derechos de los usuarios
Las organizaciones sindicales OSTA y UGT hemos registrado una solicitud de reunión urgente dirigida a la titular del Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia. El objetivo es trasladar la grave y sostenida situación que atraviesa actualmente las residencias de personas mayores y dependientes al objeto de que ejerza sus funciones de supervisión e investigación respecto a la gestión y condiciones de las residencias, tanto públicas como privadas con financiación pública en Aragón.
La situación en los centros residenciales se ha vuelto “insostenible”. A lo largo de los últimos meses hemos alertando públicamente sobre el deterioro progresivo de las condiciones laborales, la falta de ratios adecuadas de personal y el severo desgaste profesional que sufren las cuidadoras y trabajadoras del sector.
Impacto en la calidad asistencial y los derechos
Más allá de las condiciones laborales, esta crisis tiene un impacto directo en la calidad asistencial y los derechos de las personas usuarias. La situación actual vulnera derechos fundamentales tanto del personal a unas condiciones laborales dignas y seguras, como de las personas residentes que tienen derecho a una atención adecuada y de calidad. Cabe destacar que muchas de estas usuarias se encuentran en situación de especial vulnerabilidad bajo tutela o financiación pública.
Falta de respuesta institucional
Desde UGT y OSTA hemos intentado canalizar estas preocupaciones enviando documentación y cartas a diversas instituciones públicas solicitando medidas correctoras. Sin embargo, la “falta de respuestas efectivas y la persistencia de los problemas” nos obliga a elevar la cuestión ante el Justicia de Aragón, como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía e institución supervisora de la actividad de las administraciones públicas en Aragón.
20/02/26 | Federaciones, Servicios Públicos
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Huelga del Centro Especial de Empleo Oliver
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo Oliver de ATADES, confirmando que la dirección incurrió en infracción laboral al establecer de forma unilateral supuestos «servicios mínimos» durante los paros intermitentes del 29 de mayo de 2025. La resolución, emitida el 5 de enero de 2026, da respuesta favorable a la denuncia presentada por el Comité de Huelga, tras una movilización histórica con 100% de participación de la plantilla convocada.
Los paros formaban parte de una campaña reivindicativa de cinco jornadas intermitentes convocadas por el Comité de Empresa —que cuenta con mayoría sindical de OSTA— para exigir una respuesta a sus demandas laborales. Durante el primer paro (29 de mayo, de 8:15 a 12:15 h), la empresa designó unilateralmente a 3-4 trabajadores en el centro de calle Ariza y 1 en el Polígono Plaza, alegando la necesidad de «atender situaciones de urgencia» ante la presencia de unas 170 personas con discapacidad intelectual. Ante esta actuación, el Comité de Huelga denunció inmediatamente ante la Inspección de Trabajo la vulneración del derecho fundamental de huelga, al tiempo que los trabajadores se movilizaban frente al centro y trasladaban sus reivindicaciones a la sede central de ATADES en Zaragoza.
El informe de Inspección de Trabajo zanja de forma contundente la controversia:
El centro productivo —dedicado en un 80% a fabricar componentes para hornos TEKA— no tiene actividad 24 horas ni resolución administrativa que lo declare como servicio esencial. Por tanto, no procedía la imposición de servicios mínimos, por no ser un servicio esencial.
Aunque la empresa podía establecer medidas de seguridad y mantenimiento durante la huelga, estaba obligada a negociar su designación con el Comité de Huelga, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 11/1981). La imposición unilateral vulnera el art. 28.2 de la Constitución Española, el art. 4.1.e del Estatuto de los Trabajadores y el art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977.
La Inspección ha confirmado la infracción, acordado la extensión de Acta de Infracción contra ATADES por vulnerar el derecho de huelga mediante la designación arbitraria de personal.
Para el sindicato OSTA “esta resolución reafirma el principio básico de que ni siquiera en centros que atienden a personas con discapacidad se puede vulnerar el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos sin negociación”. La empresa intentó escudarse en la situación de las personas usuarias para desactivar una protesta legítima con el 100% de apoyo de la plantilla, y la Inspección de Trabajo ha dejado claro que la protección de las personas con discapacidad no puede servir de excusa para saltarse los derechos fundamentales de los trabajadores.
Pedro Gil Alda, Presidente del Comité de Empresa del CEE Oliver, recuerda que “en su momento advertimos que endureceríamos la movilización si no había respuesta a nuestras reivindicaciones. Hoy celebramos esta decisión de la Inspección de Trabajo, pero seguimos exigiendo que ATADES dialogue de verdad con sus trabajadores y atienda sus demandas”.
Esta resolución sienta un precedente fundamental para los centros especiales de empleo y el sector de la discapacidad en Aragón, ya que la protección de las personas usuarias debe garantizarse mediante acuerdo con los representantes legítimos de los trabajadores, nunca por imposición patronal, y desde el OSTA anunciamos que velaremos para que la sanción se aplique en un futuro y no se repitan prácticas que pretendan desactivar el derecho de huelga.
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