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El capitalismo financiero ha convertido el derecho a un techo en una de las mayores fuentes de extracción de plusvalía y empobrecimiento de la clase trabajadora.
Lo que los medios burgueses llaman "crisis de la vivienda" no es un accidente del sistema, sino su funcionamiento normal, la transformación de un derecho humano fundamental en un activo financiero para la acumulación de capital.
En Aragón, esta guerra de clases contra la vida digna ha alcanzado cotas insoportables. Los desahucios en el último año no son una mera estadística; es la firma de la burguesía inmobiliaria y financiera sobre el despojo de miles de familias trabajadoras.
Mientras la clase trabajadora aragonesa ve cómo el alquiler se lleva más del 50 % de sus salarios, el capital especulativo mantiene 130.000 viviendas vacías en nuestro territorio. Esta es la contradicción fundamental del capitalismo: crear escasez artificial para mantener los márgenes de beneficio, expulsando a la clase obrera a la periferia, mientras se pudren los pisos en manos de fondos buitre y grandes tenedores.
No es falta de viviendas, es falta de voluntad política de unas instituciones que actúan como el comité ejecutivo de los fondos de inversión. En un contexto donde el salario medio en Aragón se sitúa en torno a los 1.900 € brutos mensuales (137 € mensuales por debajo de la media estatal, fruto de la precariedad estructural de nuestro mercado laboral), y el alquiler medio en Zaragoza supera los 1.000 €, el sistema nos condena a la esclavitud por deudas. La clase capitalista está recuperando su tasa de ganancia directamente de los salarios de la clase trabajadora a través de la renta.
Desde la Organización Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón denunciamos la flagrante inacción institucional. Hoy hemos asistido con perplejidad como la derecha en las Cortes españolas ha votado en contra de cualquier medida que pudiera mejorar “un poco” el problema de la vivienda, poniéndose de parte de los grandes tenedores y de los fondos buitre, abandonando a las familias y al futuro de las nuevas generaciones.
Para el sindicato aragonesista: “La vivienda y el salario son las dos caras de la misma moneda en la lucha por la reproducción de nuestra clase. Por eso, no aceptamos parches reformistas que solo sirven para lavar la cara al sistema. Exigimos una transformación radical del modelo”.
La vivienda no es un negocio, es un derecho humano y una trinchera de clase. Pero sin salario digno, sin organización sindical y sin movilización popular, ese derecho es inalcanzable. La lucha por la vivienda es la lucha por la emancipación de la clase trabajadora aragonesa.
Ante la crudeza de esta ofensiva del capital, hacemos un llamamiento urgente e ineludible a todos los sindicatos de clase, movimientos sociales, plataformas de vivienda y organizaciones populares del país para aunar fuerzas y convocar una HUELGA GENERAL en Aragón.
Solo parando la maquinaria de producción y de reproducción del capital, solo con la fuerza organizada de la clase trabajadora en las calles y en los centros de trabajo, podremos doblegar su voluntad e imponer nuestras condiciones de vida.
¡El sábado 3 de octubre, a las 18:00 horas, desde la plaza Santo Domingo de Zaragoza y convocados por el sindicato de inquilinas, salimos a la calle! No vamos a mendigar derechos, vamos a exigirlos. Llamamos a la clase trabajadora, a la juventud precaria, a los barrios obreros y a los pueblos de Aragón a sumarse a esta movilización.
¡Contra la especulación y el desahucio, organización y lucha! ¡Vivienda y Salarios Dignos YA! ¡Por la soberanía de la clase trabajadora aragonesa!
Conmemorar el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos es una oportunidad para recordar que la libertad, la igualdad y la dignidad pasan necesariamente por poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva.
Desde el movimiento feminista y sindical reivindicamos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y deben estar garantizados para todas las personas, sin discriminación por sexo, orientación sexual, identidad de género, origen, edad, situación económica o lugar de residencia.
Hablamos del derecho a recibir información y educación sexual, acceder a métodos anticonceptivos seguros, recibir una atención sanitaria de calidad, vivir una sexualidad libre de violencia y coacción y, especialmente, del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.
Porque decidir si queremos ser madres, cuándo queremos serlo y en qué condiciones debe ser una decisión libre, informada y respetada.
EL DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS
La sexualidad forma parte esencial de nuestras vidas. No se limita a la reproducción: incluye nuestros cuerpos, nuestra identidad, nuestras relaciones, nuestra orientación sexual, el afecto, el placer y nuestra capacidad para decidir.
Por eso, hablar de salud sexual y reproductiva significa hablar de autonomía. Todas las personas debemos poder decidir si queremos mantener relaciones sexuales, cuándo y con quién, siempre desde el consentimiento y el respeto. También debemos poder decidir si queremos tener hijos e hijas, cuándo tenerlos y con quién, y disponer de anticonceptivos, información fiable y servicios sanitarios adecuados.
La salud sexual y reproductiva implica bienestar físico, mental y social. No puede reducirse a evitar enfermedades o embarazos: significa contar con las herramientas y los recursos necesarios para tomar decisiones sobre nuestra propia vida.
ABORTO LEGAL, SEGURO Y ACCESIBLE
Dentro de estos derechos ocupa un lugar fundamental la interrupción voluntaria del embarazo.
Defender el derecho al aborto no significa obligar a ninguna mujer a abortar. Significa garantizar que quien decide hacerlo pueda acceder a una prestación sanitaria segura, legal y de calidad.
Las restricciones y las desigualdades en el acceso no hacen desaparecer los embarazos no deseados ni los abortos. Aumentan las desigualdades y colocan en una situación de mayor riesgo a quienes tienen menos recursos.
Por eso reclamamos que ninguna mujer tenga que poner en peligro su salud por razones económicas, por vivir lejos de un centro sanitario o por encontrarse con obstáculos administrativos o sociales.
El derecho a decidir debe ser real y efectivo, no únicamente reconocido sobre el papel.
APOYAR LA MATERNIDAD NO PUEDE LIMITAR LA LIBERTAD
En este contexto debemos prestar atención a la Ley 5/2026 de la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido en la aplicación de determinadas medidas de apoyo a la familia. La norma permite que, a efectos administrativos y dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, el concebido sea tenido en cuenta para determinados beneficios y derechos vinculados a la existencia de hijos e hijas.
Apoyar a las mujeres que deciden ser madres debe ser una prioridad. Ninguna mujer debería renunciar a la maternidad por no poder pagar una vivienda, tener un empleo precario, carecer de recursos para la crianza o no disponer de medidas suficientes de conciliación.
Una sociedad que quiera apoyar a las familias debe garantizar vivienda accesible, empleo digno, igualdad salarial, permisos corresponsables, servicios públicos de cuidados, escuelas infantiles y una sanidad pública de calidad.
Pero apoyar la maternidad no puede convertirse en una forma de cuestionar la autonomía de las mujeres. Las políticas públicas deben acompañar, no imponer, y respetar también a quienes no desean continuar un embarazo.
Si realmente queremos que las mujeres puedan elegir libremente la maternidad, ser madre no puede suponer caer en la pobreza, abandonar el empleo o asumir en solitario los cuidados.
DERECHOS REPRODUCTIVOS Y DERECHOS LABORALES
Desde el sindicalismo sabemos que los derechos reproductivos están estrechamente ligados a los derechos laborales.
La precariedad, la brecha salarial, las dificultades para conciliar y la desigual distribución de los cuidados siguen condicionando las decisiones de muchas familias. No puede hablarse de igualdad mientras las mujeres soportemos una parte desproporcionada de los cuidados, ni de libertad para ser madres cuando tener hijos e hijas puede suponer una penalización profesional.
La corresponsabilidad debe dejar de ser un discurso y convertirse en una realidad. Necesitamos medidas laborales y políticas públicas que permitan a mujeres y hombres compartir los cuidados sin que la maternidad se convierta en una desventaja profesional.
EDUCACIÓN SEXUAL Y DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos comienza también en las aulas. Necesitamos una educación sexual integral, científica, inclusiva y basada en la igualdad, que permita conocer nuestros cuerpos, comprender el consentimiento, prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, detectar situaciones de violencia y construir relaciones basadas en el respeto.
Educar en sexualidad no significa imponer una forma de vivirla. Significa proporcionar herramientas para tomar decisiones de manera libre, responsable e informada.
Estos derechos deben ser universales. Las personas LGTBI+, las personas con discapacidad, las mujeres migrantes, quienes viven en zonas rurales, las personas en situación de pobreza y quienes se encuentran en cualquier situación de vulnerabilidad deben poder acceder a los mismos derechos y servicios.
Una sanidad pública verdaderamente igualitaria debe atender la diversidad y garantizar una atención libre de prejuicios y discriminación.
NI UN PASO ATRÁS
Los derechos que hoy consideramos fundamentales han sido conquistados después de décadas de lucha social y feminista. Por eso sabemos que ningún derecho está completamente garantizado si dejamos de defenderlo.
Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo objeto de debate político y social. Frente a cualquier intento de retroceso, debemos reivindicar que los derechos de las mujeres no pueden depender del Gobierno de turno ni convertirse en moneda de cambio político.
El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo no puede estar condicionado por nuestras circunstancias económicas.
La maternidad debe ser una opción, no una obligación.
El aborto debe ser seguro, legal y accesible. La anticoncepción debe estar al alcance de todas las personas. La educación sexual debe ser una realidad. Y los cuidados deben ser una responsabilidad compartida entre mujeres, hombres, empresas y administraciones públicas.
POR UNA SOCIEDAD EN LA QUE PODAMOS DECIDIR LIBREMENTE
Desde el feminismo y desde el sindicalismo seguiremos defendiendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que elegir entre su proyecto profesional y su maternidad; entre tener un hijo o una hija y poder llegar a fin de mes; entre continuar un embarazo no deseado y enfrentarse a la falta de recursos; o entre vivir su sexualidad libremente y sufrir discriminación.
Queremos una sociedad que acompañe a quien decide ser madre y respete a quien decide no serlo. Una sociedad que proteja la vida, pero que también proteja la salud, la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres.
Porque los derechos sexuales y reproductivos no son privilegios.
Son derechos humanos.
Y porque sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro, decidimos nosotras.
NI UN PASO ATRÁS EN NUESTROS DERECHOS. NI UN PASO ATRÁS EN IGUALDAD. NI UN PASO ATRÁS EN LIBERTAD.
Tras el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 y la imposibilidad por parte de la plantilla de realizar la prestación efectiva de trabajo y ante la orden de quedarse en casa, la empresa MANN+HUMMEL tomo la medida laboral de descontar de la nómina todos aquellos complementos salariales de puesto (nocturnidad, turnicidad, prima y puntualidad).
Ante esta interpretación la sección sindical de OSTA mostramos nuestro desacuerdo a la empresa, al considerar que no resultaba razonable que una situación completamente ajena a la voluntad de la plantilla, que además había impedido materialmente continuar con la actividad, terminase suponiendo una pérdida económica para quienes estaban disponibles para trabajar.
Ante la falta de acuerdo, OSTA denunciamos esta situación ya que teníamos claro que las personas trabajadoras no podíamos asumir una pérdida salarial por hacer uso de un derecho como permiso retribuido por fuerza mayor, previsto en el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores, y no haber podido prestar servicio por el apagón y ante la comunicación de la empresa de la no realización de trabajo efectivo por la situación.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Socialha resuelto a favor de nuestra demanda requiriendoa MANN+HUMMEL IBÉRICAaque reintegre a todas los complementos descontados a laspersonas trabajadoras afectadas.
Esta resolución incide además en que esa protección no se limita únicamente al salario base, sino que alcanza también a aquellos complementos salariales habituales que formen parte de la retribución ordinaria de la persona trabajadora, siempre que no exista una previsión convencional clara que establezca lo contrario.
De esta forma, la Inspección concluye que la empresa no puede convertir una ausencia justificada, provocada además por una situación de fuerza mayor, en una pérdida económica para la plantilla.
Desde OSTA consideramos que este requerimiento permite reparar parcialmente una pérdida económica que nunca debió producirse, aunque si bien es cierto ha sido tarde y solo bajo la realización de las acciones legales correspondiente.
Además esta resolución deja claro que las consecuencias de las situaciones excepcionales, cuando son completamente ajenas a la voluntad de las personas trabajadoras, no pueden acabar recayendo sobre sus nóminas.
El preacuerdo incluye la contratación efectiva al 100%, la incorporación de hasta 215 efectivos, una paga extraordinaria de 500€ para el 2026 y una subida salarial del 10% desde el 2027. Desde el sindicato aseguran que "el tiempo nos ha dado la razón" tras su oposición a firmar el anterior convenio colectivo por precario.
Tras las intensas negociaciones celebradas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), se ha alcanzado un preacuerdo que permite la suspensión de la huelga de los bomberos forestales de SARGA desde las 00:00 horas de hoy, 10 de septiembre, hasta el próximo 15 de noviembre.
El acuerdo responde a las principales exigencias de la parte social para acabar con la precariedad y dimensionar correctamente el operativo frente a los retos del siglo XXI.
El documento firmado recoge mejoras inéditas hasta la fecha en SARGA, que se materializarán en las siguientes condiciones:
Contratación efectiva al 100%: Se implantará la contratación efectiva de toda la jornada de trabajo, respetando la duración pactada en cada contrato. Para lograrlo, se eliminará la controvertida "bolsa de horas", un instrumento que fue acordado por los sindicatos, y con la que se aumentaba el porcentaje de contratación y se compensaba a través de pluses.
Incremento de la plantilla: SARGA iniciará y tramitará en 2026 la contratación de un mínimo de 60 efectivos, con un incremento paulatino hasta un máximo de 215. El objetivo es mejorar los relevos y rotaciones, consignándose el presupuesto correspondiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2027.
Paga por la excepcionalidad de la campaña 2026: Se abonará una gratificación única de 500 euros a todos los trabajadores que han participado activamente en el operativo de extinción de este año (brigadas terrestres y helitransportadas, conductores de autobombas, capataces, encargados, técnicos y puestos fijos de vigilancia).
Mejora retributiva para 2027: Se aplicará un incremento del 10% sobre los conceptos salariales fijos (salario base y complemento de convenio).
Calendario de negociación: Se establece un calendario para seguir dialogando sobre el resto de cuestiones. La próxima reunión tendrá lugar el 8 de octubre de 2026, continuando con encuentros periódicos quincenales.
Desde OSTA valoran muy positivamente este preacuerdo, considerándolo una victoria de la organización y la confrontación sindical.
Para Carlos Matinez Llonin, Secretario de la Sección Sindical de OSTA en SARGA, "El preacuerdo alcanzado para suspender la huelga demuestra que el tiempo nos vuelve a dar la razón, no firmamos el anterior convenio porque solo traía precariedad, especialmente para el colectivo de bomberos forestales, y ahora se han hecho evidentes sus carencias", afirman desde el sindicato.
La formación sindical recuerda que en menos de un año se han hecho evidentes las deficiencias de un convenio que el resto de sindicatos obvió en su momento. "Este conflicto, tras el duro verano que hemos sufrido, la descoordinación y la falta de reacción de la empresa y del Gobierno de Aragón, ha dejado en evidencia que solo cuando OSTA ha liderado las negociaciones en SARGA los acuerdos mejoran", subrayan.
Desde OSTA enfatizan que estas mejoras "nunca se habían producido en SARGA" y se han logrado gracias a la mayoría alcanzada por el sindicato. "Con confrontación, caja de resistencia y organización somos capaces de hacer entender por fin al Gobierno de Aragón que solo es posible enfrentarnos a las catástrofes del siglo XXI con un operativo dimensionado y más organizado".
El sindicato también ha querido señalar que el preacuerdo es "un reflejo de las reivindicaciones de OSTA en el anterior convenio, que fueron rechazadas por el resto de sindicatos y que, después de sufrir las consecuencias de ese convenio, ahora se han sumado a las mismas".
El domingo 23 de agosto, OSTA participará en la manifestación convocada por Pirineo Digno, que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza Biscos de Jaca.
En esta movilización denunciaremos la gravísima negligencia política en la coordinación y gestión de los incendios que han azotado Aragón durante este verano. Especialmente grave ha sido el incendio de Riglos, donde se ha puesto en peligro nuestros montes, a las personas que viven en el medio rural y nuestro patrimonio como Nación.
Es indispensable una mayor dotación de medios materiales y humanos para el dispositivo de incendios de Aragón, así como una política clara de gestión forestal que evite que se repita año tras año esta situación en nuestro territorio.
Por ello exigimos:
Más personal y recursos para la prevención y extinción de incendios.
Fomento de la ganadería extensiva como herramientas de prevención.
Abordar este problema es una prioridad para Aragón, dada nuestra gran superficie forestal. Solo es posible con políticas reales contra el cambio climático. No cabe el negacionismo que algunos partidos del Gobierno de Aragón hacen gala.
Esta negligencia está teniendo consecuencias directas sobre las trabajadoras y trabajadores: jornadas que superan las 12 horas continuas, incumplimiento sistemático de los descansos legales y aumento de la siniestralidad laboral derivada de la fatiga, la sobrecarga y la falta de medios. El único responsable es el Gobierno de Aragón.
Os esperamos a todas y todos el próximo 23 de agosto en Jaca, por la dignidad de la montaña, de nuestros pueblos y de los bomberos forestales.
