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La violencia contra las mujeres es un fenómeno universal e histórico que afecta a las mujeres y niñas de todas las clases sociales, tratándose de una manifestación de desigualdad entre las mujeres y los hombres.
El sistema heteropatriarcal ejerce muchos tipos de violencia contra las mujeres. El reconocimiento de estas violencias es fundamental para eliminarlas desde la raíz.
El maltrato, el acoso, la trata con fines de explotación sexual y laboral, las violaciones… son algunas de las agresiones que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo.
La violencia de género en los años 50’ y 60’, se denominaba “un problema de pareja”, si se hacía visible imperaba el “por algo será” y es que como hemos mencionado antes, el sistema heteropatriarcal relegaba a la mujer a la casa, con el rol de “atender al hombre”.
Durante la transición democrática las asociaciones de mujeres y las organizaciones feministas proliferaron y su trabajo fue decisivo para el desarrollo del movimiento feminista y para la conquista de la democracia en el estado español.
Después de la represión y la dominación de las mujeres durante casi cuarenta años de franquismo, las mujeres estaban necesitadas y deseosas de un gran cambio social, político, cultural y legislativo.
Hoy se denuncia y se protesta porque las mujeres son golpeadas, humilladas, violadas, asesinadas… y hay muchas que hoy en día aún tienen dificultades para denunciar. Antes ocurría en un silencio social, mediático y familiar.
En la actualidad, la violencia de género sigue siendo un grave problema social que acaba con la vida de gran número de mujeres cada año, además de las que sufren grandes lesiones físicas y psicológicas. Es un problema que ha adquirido gran importancia en los últimos años y al que se han
destinado muchos esfuerzos, programas y políticas sociales, aunque es evidente que queda mucho por hacer.
La violencia de género tiene su origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes, el propio lenguaje… En el ámbito jurídico, en muchas legislaciones nacionales, la mujer es tratada como una persona sin capacidad para tomar sus decisiones, sin derecho a decidir sobre su formación, su matrimonio, su economía… en definitiva, sin derecho a decidir sobre su propia vida.
Podemos hablar de tres tipos de violencia contra las mujeres: física, psíquica y sexual y de tres ámbitos donde se produce: la familia, la comunidad en general y la perpetrada o tolerada por el estado.
La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para las mujeres, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el estado, donde quiera que ocurra.
Los constantes recortes hacen inviable una protección real y efectiva de las víctimas de violencia de género. Y es que el sistema patriarcal está tan profundamente instaurado en nuestra sociedad, que siempre encuentra resquicios para seguir sometiendo a las mujeres.
La mejor forma de erradicar la violencia de género es con la prevención y el primer paso es la educación, ya que el patriarcado se recicla y se aprende a edad muy temprana, elevando una figura arquetípica en la que reconocerse.
La explicación es que ningún sistema de poder es admitido de manera espontánea por aquellos sobre los que se ejerce; cuando dicha apariencia
de espontaneidad y naturalidad se alcanza, lo principal ya se ha logrado, esto es, que el poder se ha admitido.
Hoy 28 de sptiembre día de los derechos sexuales y reproductivos desde el departamento de Igualdad del sindicato reivindicamos que todos los seres humanos nacen libres e iguales, por eso, todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad: los llamados Derechos Humanos. Los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Los Derechos Sexuales y Reproductivos son parte de los Derechos Humanos, es decir, que son propios a todas las personas, sin discriminación alguna.
Los Derechos Sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.
Los Derechos Reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre y post embarazo.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos se pueden articular de la siguiente manera:
Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género.
Derecho de todas las personas a la participación, sin importar su sexo, sexualidad o género.
Derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal.
Derecho a la privacidad.
Derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley.
Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión; derecho a la asociación.
Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico.
Derecho a la educación e información.
Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos.
Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños.
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a los servicios de atención, a la salud reproductiva y a los bienes.
Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son frecuentes. Éstas adoptan muchas formas, entre ellas:
· negación del acceso a los servicios que sólo necesitan las mujeres;
· servicios de baja calidad;
· someter el acceso de las mujeres a los servicios a la autorización de terceros;
· esterilización forzada, exámenes de virginidad forzados y aborto forzado, sin el consentimiento previo de las mujeres;
· la mutilación genital femenina;
· matrimonio precoz.
Sin embargo, en todo el mundo, muchas personas somos perseguidas por ejercer estos derechos y a muchas más se les impide totalmente ejercerlo.
Seas quien seas y vivas donde vivas, las decisiones que afecten a tu cuerpo deberían ser tuyas.
El pasado martes, día 21 de junio, el Departamento de Igualdad de OSTA celebró la asamblea de delegados y delegadas con motivo del día del Orgullo LGTB, este año con el lema «Existimos en el mundo rural».
El manifiesto para este día fue el siguiente:
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad es el de la “España vaciada”. La despoblación en el mundo rural es un hecho patente, y con ello vemos una pérdida de servicios médicos, educativos, culturales, etc…
Pero para las personas LGTB del mundo rural, la migración desde nuestros pueblos a las grandes ciudades es una realidad que llevamos viviendo desde hace generaciones.
Ser LGTB en el mundo rural supone una falta de anonimato que hace que, en muchos casos, perdamos hasta nuestro nombre para ser, simplemente, el “maricón” o la “bollera” del pueblo.
En este sentido, es clave una formación específica de sensibilización hacia las personas del mundo rural. Debemos de ser capaces de hacer entender que el colectivo LGTB es una realidad, y que no solo estamos en las grandes ciudades. Debemos de intentar romper con el estigma y el miedo existente hacia realidades afectivo-sexuales diversas.
Pero este trabajo no se debe de centrar tan solo en la sociedad, sino que es básico una formación específica en nuestros centros educativos, tanto para el alumnado como para el profesorado. No podemos seguir permitiendo que el “bullying” se vea como “cosa de críos”. Debemos de frenar la normalización del odio. Como sociedad no podemos permitir más suicidios de jóvenes LGTB.
En este sentido, la condena de los agentes del orden ante delitos de LGTBIfobia debe de ser contundente. Los ataques hacia personas LGTB están en aumento, y eso que los que se denuncian son solo la punta del iceberg.
Los recursos que se dediquen a la sanidad también deben de tener en cuenta la realidad de las personas “Trans”. Sus necesidadesdeben de estar garantizadas por nuestra sanidad pública, sin necesidad de que tengan que desplazarse a localidades más grandes para verse cubiertas.
Por todo esto, colectivos, instituciones y sociedad deberíamos aunar esfuerzos. No solo para que nuestros pueblos no estén vacíos, sino para que también sus armarios estén libres.
Por los que son y están y los que vendrán o volverán.
Además, contamos con la intervención de Leticia Ojeda, técnica en SOMOS LGTB+ Aragón, donde nos contó su experiencia como técnico y las necesidades del colectivo trans. Y Nuria Vázquez, compañera de OSTA con un hijo menor Trans.
Foto de la asamblea 28JCharla con Leticia Ojeda y Nuria Vazquez
Desde 1988, el 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar para dar visibilidad, a un importante sector del mercado laboral, altamente feminizado, que desarrolla una actividad básica para el resto de sectores productivos, pero al que no se le reconocen los mismos derechos laborales y de protección social que a la mayoría de las personas trabajadoras.
España tiene más de 400.000 empleadas de hogar y de cuidados que, a pesar de cumplir con el alta en el Régimen General de la Seguridad Social (Sistema para Empleados de Hogar), no tienen cobertura social por desempleo y, además, algunas de sus condiciones laborales y sociales son difícilmente justificables.
Estas trabajadoras cuidan de nuestros hogares, de nuestros menores y de nuestros mayores. La habitual expresión “este trabajo no está pagado”, adquiere en el caso del empleo doméstico y de cuidados de dependientes un sentido literal. No sólo porque los sueldos muchas veces están por debajo del salario mínimo, sino porque su desempeño requiere actitudes de atención y afecto que van más allá de lo que corresponde a una prestación remunerada.
Prácticamente una tercera parte de estas trabajadoras no están dadas de alta en la seguridad social. De las que, si lo están, algo más del 50 % son extranjeras.
Probablemente, de las que no cotizan, el porcentaje de extranjeras sea aún mayor si están en situación irregular.
Hasta no hace tanto, no se consideraba a las empleadas domésticas parte plenamente integrada en el mercado laboral, de hecho, son objeto de una diferente regulación, con peores derechos y prestaciones, como por ejemplo el acceso al desempleo, las garantías frente al despido, la cobertura de la situación de incapacidad laboral, el cumplimiento de horarios y tiempos de libranza o la remuneración de horas extraordinarias. Todo ello dependiendo más de la buena voluntad de las familias contratantes que de un sistema de derechos.
Vivimos en un Estado de Derecho que brinda seguridad jurídica a toda la ciudadanía. Pero esta seguridad, ¿no presenta una importante brecha cuando de quiénes se habla es de las empleadas de hogar y de cuidados?
El actual Gobierno adquirió el compromiso de suscribir el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, aprobado en 2011, así como integrarlas plenamente en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que mejorará su cobertura.
De la misma manera que se ha financiado al movimiento asociativo de mujeres en general, queremos favorecer que las asociaciones de trabajadoras de este colectivo puedan acceder a las convocatorias de subvenciones, de forma que se respalde su actividad en defensa de sus derechos y de apoyo a aquellas empleadas domésticas más desasistidas.
Hay que reforzar las acciones de información y sensibilización sobre la importancia de los trabajos feminizados de cuidados, formales e informales. Las mujeres no sólo necesitamos acceder a los puestos de responsabilidad y decisión y reducir la brecha en los sectores profesionales masculinizados, sino que también hay que incorporar hombres a los sectores feminizados y mejorar las condiciones laborales de todo un conjunto de mujeres que se encuentran en la base de la pirámide laboral. No podremos hablar de igualdad de oportunidades real de las mujeres en el mercado laboral, mientras el sector de las empleadas domésticas viva en la precariedad y la desprotección.
OSTA en su IV Congreso se declaró feminista, como no puede ser de otra forma; si queremos un estado democrático, igualitario y competitivo, las mujeres somos fundamentales en lo económico y en lo social.
Nuestro Sindicato tiene que estar a la altura de las demandas sociales ante las situaciones de injusticia que sufren las mujeres por el hecho de serlo y nos parece fundamental visibilizar la desigualdad.
En el ámbito laboral, la brecha salarial continúa demostrando que las desigualdades siguen perpetuándose, los datos nos recuerdan que queda mucho trabajo por hacer, en Aragón las mujeres ganan al año casi un 30% menos que los hombres.
Y es que en 2019 el 75,6% de las personas que tenían un contrato de jornada parcial en Aragón eran mujeres. “Una cifra que no para de aumentar puesto que el porcentaje se incrementa hasta el 80,2% en el año 2020 y hasta el 81%, en el año 2021”.
La mayoría de las mujeres tienen que aceptar una jornada parcial porque no han encontrado un trabajo a tiempo completo.
Esto se debe a la falta de corresponsabilidad en el cuidado de niños o adultos enfermos o por otras obligaciones familiares o personales, cuestiones que la reforma laboral no ha mejorado en absoluto, sino todo lo contrario.
La evidencia muestra que la mujer es quien realiza un mayor esfuerzo para hacer posible la conciliación.
Esto queda patente en los test psicosociales realizados en las empresas, en las que queda demostrada la doble presencia de las mujeres, o dicho de otra forma, que el tiempo de las mujeres es circular, porque al trabajo remunerado, se suma el trabajo dedicado al cuidado y las tareas del hogar, lo que entraña riesgos para la salud, además de significar la pérdida del control de los tiempos de trabajo y de la pérdida de valor del mismo.
La última Reforma Laboral parece no valorar la contribución de la mujer a la economía, porque los cambios realizados en los contratos de trabajo no supone ninguna mejora sustancial a la actual situación de las mujeres en el marco laboral.
Existen colectivos muy vulnerables como las empleadas de hogar, con un régimen especial, y una menor cobertura de protección, tanto laboral como social.
Es de vital importancia fomentar la participación de las mujeres en los órganos de representación de las plantillas en las empresas, para estar en las mesas de negociación de los convenios.
Los Planes de Igualdad en este sentido son de vital importancia, para incluir medidas que favorezcan la igualdad en el seno de las empresas aragonesas, reduciendo las desigualdades, equilibrando la promoción y la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las empresas.
Denunciamos un año más las diversas formas del ejercicio de violencia contra las mujeres, que sigue instalada en nuestra sociedad y que año tras año se sigue cobrando un elevado número de mujeres asesinadas.
Por todo ello, las políticas contra la violencia de género son necesarias e imprescindibles, tenemos que invertir en educación, la violencia de género se combate desde las aulas rompiendo patrones machistas y no perpetuando los roles de género.
