28/08/25 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
OSTA ha presentado demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el II Convenio Colectivo SARGA, que es de aplicación a más de 1.800 trabajadores y trabajadoras en Aragón, entre los que se encuentran los bomberos forestales.
El convenio colectivo fue firmado por CGT, CCOO, CSIF, UGT y SOA, siendo OSTA la única organización sindical no firmante del convenio, que calificamos como un acuerdo insuficiente y que no recoge muchas de las reivindicaciones históricas de los diferentes colectivos que conforman la empresa pública.
Desde el sindicato alegamos que los firmantes del II Convenio Colectivo de SARGA, la mayor empresa pública del Gobierno de Aragón, debían haber aplicado la normativa vigente en lugar de establecer condiciones menos favorables para la plantilla.
La demanda pide la declaración de ilegalidad y nulidad de varios artículos del II Convenio Colectivo, ya que se ha establecido una jornada laboral anual para toda la plantilla de 1.694 horas, 52 horas por encima de la jornada máxima anual establecida para el sector público, que actualmente está fijada en 1.642 horas. Así mismo, se impugna la exclusión indebida de las retribuciones variables del personal de SARGA, cuando hacen uso y disfrute de los permisos establecidos en el convenio, como también los requisitos y limitaciones establecidas en las excedencias por incompatibilidad para el desempeño de dos puestos de trabajo en el Sector Público.
Carlos Martínez Llonin, Secretario de la Sección Sindical de OSTA en SARGA señala que «ya advertimos a los firmantes durante las negociaciones que estos artículos eran contrarios a derecho, haciendo caso omiso a nuestras advertencias, por lo que hemos actuado con responsabilidad para defender los derechos de la plantilla de SARGA”.
Por último, desde OSTA exigen al Gobierno de Aragón invertir más recursos públicos para la prevención y extinción de incendios forestales porque, aunque este año no hayamos sido especialmente castigados como en otras partes del Estado español, es necesaria una apuesta pública real para mejorar las condiciones laborales, no firmando convenios que perpetúan la precariedad laboral y que no reconocen el trabajo realizado por la plantilla de SARGA.
02/07/25 | Federaciones, Servicios Públicos
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha emitido una resolución por la que exige al Servicio Aragonés de Salud adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger a los trabajadores del Hospital Universitario Miguel Servet expuestos al formaldehído, un agente químico clasificado como cancerígeno de categoría 1B por la Unión Europea.
Esta decisión se produce como consecuencia de la denuncia presentada por la Sección Sindical de OSTA en diciembre de 2024, en la que alertaba sobre la falta de protocolos seguros, formación adecuada y equipos de protección individual ante este compuesto altamente tóxico. Por ello, y tras comprobar los riesgos reales derivados del manejo de esta sustancia, la Inspección de Trabajo ha requerido al SALUD que actúe con carácter urgente para garantizar la salud laboral de los empleados afectados.
De acuerdo con la resolución, se exige mejorar de manera inmediata los sistemas de ventilación y extracción localizada en las zonas donde se manipula el formaldehído. Además, se debe garantizar una renovación mínima de 50 m³/h por persona, así como evaluar la eficacia actual de dichos sistemas en tareas críticas como la recepción de muestras, el tallado de tejidos, el cambio de reactivos, el lavado de roscos y la gestión de residuos. Asimismo, se recomienda estudiar la viabilidad técnica de implantar procesos estancos o automatizados con el objetivo de reducir al máximo la exposición directa al formaldehído durante su manipulación, medida clave para avanzar hacia una prevención más efectiva.
Además, y como parte esencial de las medidas preventivas, se obliga al centro sanitario a dotar inmediatamente de Equipos de Protección Individual (EPIs) específicos a todo el personal implicado. Estos deben incluir guantes de nitrilo, butilo o neopreno, delantales impermeables desechables, gafas de montura integral y máscaras completas o semimáscaras con filtros A1+FORM. Al mismo tiempo, se requiere que el SALUD ofrezca formación específica y continua al personal expuesto, abordando aspectos fundamentales como los riesgos asociados al uso del formaldehído, el manejo seguro de agentes químicos, el uso correcto de los EPIs y la actuación ante derrames y emergencias.
Por otro lado, se insta al SALUD a desarrollar un programa de vigilancia sanitaria especializada para todos los trabajadores expuestos, siguiendo buenas prácticas ya consolidadas en otros centros aragoneses, como el Hospital Clínico Lozano Blesa. Este tipo de control médico permite detectar a tiempo posibles afectaciones derivadas de la exposición laboral. Asimismo, se exige la elaboración de un protocolo claro y específico de actuación frente al riesgo de exposición al formaldehído, que incluya procedimientos tanto preventivos como de emergencia, debidamente actualizados y accesibles para todo el personal implicado.
A pesar de estos avances, desde la Sección Sindical de OSTA en el HUMS consideramos que estas medidas son todavía insuficientes para garantizar una protección real y efectiva de la salud de los trabajadores. No se puede conformar con cumplir mínimos legales cuando hablamos de una sustancia cancerígena.
Además queremos señalar que el compromiso del SALUD debe ir más allá, y no basta con actuar bajo presión inspectoras; hace falta una política preventiva proactiva, sostenida en el tiempo y centrada en la protección real de la salud del personal.
Por ello, desde OSTA seguiremos vigilantes y activos en defensa de la salud del personal sanitario.
07/06/25 | Federaciones, Servicios Públicos
La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) quiere expresar su más sentido pésame y profunda solidaridad con las familias de la víctimas fallecida, así como con las personas hospitalizadas y las familias afectadas por el trágico incendio ocurrido la noche del viernes en la residencia DomusVi Zalfonada.
Asimismo, queremos reconocer públicamente la profesionalidad, valentía y entrega de las trabajadoras y trabajadores del centro, que en medio de una situación de estas caracteristicas, actuaron con responsabilidad y humanidad para garantizar la seguridad de las personas a su cargo. Su determinación y compromiso han sido fundamentales para evitar un desastre aún mayor.
Este es el segundo grave incidente en una residencia de Aragón en menos de un año. El pasado 15 de noviembre, un siniestro en la residencia Jardines de Villafranca se cobró la vida de diez personas, marcando un antes y un después en la percepción social del sector. Hoy, nuevamente, nos enfrentamos a una situación de emergencia que pone de relieve la vulnerabilidad estructural de un sistema al que día a día sostienen miles de trabajadoras, invisibilizadas y maltratadas por una administración y una patronal que sigue mirando hacia otro lado.
Los hechos recientes no son aislados. Son el resultado de años de abandono institucional, falta de inversión pública, infrafinanciación del sector y precariedad laboral.
Las trabajadoras de las residencias, en su inmensa mayoría mujeres, soportan cargas laborales insostenibles, salarios indignos, escasa formación continua y condiciones de trabajo que ponen en riesgo tanto su salud como la seguridad de las personas mayores que atienden.
El aumento de personal es también necesario para mejorar la atención que se ofrece a las personas usuarias, no sólo físicas, también afectivas, lo que redunda en un mayor bienestar de nuestras personas mayores.
Es inadmisible que sea necesario un drama humano para que los poderes públicos dirijan su atención al sector residencial.
La dignificación del sistema de cuidados debe convertirse en una prioridad política. Por ello, exigimos:
- La creación urgente de un Convenio Colectivo Autonómico para las residencias de Aragón , que regule de forma vinculante las condiciones laborales, salariales y de seguridad de las 13.000 trabajadoras del sector.
- La modificación del RD 11/1992 y del Acuerdo Marco , para adecuarlos a la realidad actual y garantizar estándares mínimos de calidad en la prestación del servicio.
- Una financiación pública suficiente y estable para el sistema de dependencia, que permita mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad de vida de las personas residentes.
- La creación de una Mesa Sectorial amplia y representativa, donde participen todos los sindicatos con presencia en el sector y las principales organizaciones empresariales, bajo coordinación de la Administración.
- La implementación inmediata de medidas preventivas y protocolos de seguridad reforzados en todas las residencias de la comunidad autónoma.
Desde OSTA seguiremos denunciando la situación, defendiendo a nuestras compañeras y luchando por un sector justo y digno.
03/06/25 | Noticias
Tras que el primer paro realizado el pasado jueves 29 de mayo de 2025, hoy se ha llevado a cabo el segundo paro de huelga de los cinco convocados por el Comité de Empresa, con una participación del 100% de la plantilla convocada a la huelga, por segunda vez consecutiva. En esta segunda jornada se ha vuelto a parar de nuevo la producción del Centro Especial de Empleo Oliver.
Desde el Comité de Huelga informan que han procedido denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, la vulneración del derecho a huelga de los huelguistas, ya que la empresa estableció de manera unilateral servicios mínimos, los cuales, desde el Comité de Huelga, se consideraron contrarios a derecho, debido a que no es un servicio esencial. Por otro lado, tambien se denunció la sustitución de trabajadores en huelga, hecho que tambien vulnera el derecho de huelga de los trabajadores, al realizarse tareas propias del personal en huelga, realizándose cargas y envíos de material, según señalan desde el Comité de Huelga.
Además, señalan que la empresa no para de incurrir en vulneraciones al derecho de huelga, ya que se están dando órdenes para adelantar tareas con el fin de que no afecte los paros a algunos servicios, por lo que estos hechos serán de nuevo, denunciados la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza.
Por último, en el día de hoy, los huelguistas además de movilizarse frente a las puertas del CEE OLIVER han trasladado sus demandas a la sede central de ATADES, para exigir a la empresa, una solución al conflicto. Según Pedro Gil Alda, Presidente del Comité de Empresa del CEE OLIVER, “la dirección de empresa todavía no ha dado una respuesta a nuestras reivindicaciones, por lo que estamos valorando endurecer la huelga en las próximas fechas, convocando días completos de huelga”.
23/05/25 | Igualdad, Opinión
La guerra continúa siendo una realidad persistente en el mundo, con conflictos activos en varias regiones y un aumento en la violencia en general. En la guerra todo es azar e incertidumbre. En la niebla de la guerra verdadera ni siquiera se intuyen y piensan los escenarios de paz. Ni en un alto el fuego se abren escenarios de paz, puesto que es una oportunidad para la pausa, el descanso y el rearme antes de reanudar los combates.
Los conflictos, la inestabilidad y la violencia van en aumento, con consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas. La violencia sexual en los conflictos experimenta un drástico aumento tanto en mujeres como en niñas.
No hace falta decir que la guerra y el conflicto afectan tanto a los derechos de los hombres como a los de las mujeres. Sin embargo, existen particularidades de género que suponen que la violencia impacte de manera diferente y más desproporcionada en las mujeres.
La mujer que queda en retaguardia tiene que hacerse cargo en esos momentos convulsos de cuidar y sacar adelante al resto de la familia, niños y ancianos. Tienen que conseguir el sustento, la atención médica si alguno se pone enfermo o es herido y el cuidado emocional de la familia obviando su propio sufrimiento. Según Naciones Unidas, en tiempos de guerra, las niñas tienen un 90% menos de probabilidades de tener acceso a la educación. Si las mujeres tienen que huir de sus hogares, se convierten en desplazadas o refugiadas y aumenta el riesgo para ellas de ser violadas o sometidas a trata.
Las restricciones por ejemplo, en Afganistán, son más severas. Las mujeres afganas siguen viviendo amenazas, represión y agresiones. Los derechos que una vez conquistaron les han sido arrebatados. Han sido apartadas de la educación superior, el trabajo y la vida pública; obligadas a cubrirse completamente y limitar su existencia a lo privado. Nuestra voz se une a la de las mujeres afganas y a todas las que resisten en contextos de violencia y guerra. No aceptamos que ninguna mujer sea silenciada ni invisibilizada. Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la paz y los derechos humanos.
Las mujeres han sido, y son, agentes activos en los esfuerzos de paz y reconciliación a todos los niveles; las mujeres y los análisis de género son habitualmente excluidos de los procesos de paz y la toma de decisiones. La exclusión de las mujeres de los derechos y de la perspectiva de género, permanecen como un impedimento para el logro de una paz y seguridad sostenibles, por lo que son aspectos que no deben seguir siendo ignorados.
Si las mujeres tienen el mismo estatus legal que los hombres y son vistas como independientes económicamente, exitosas empresarias e inversoras, es más probable que desempeñen un papel significativo en la consolidación de la paz.
En un contexto mundial de creciente militarización y conflictos, es imperativo recordar el enorme valor de las mujeres en la construcción de la paz.
Madres, abuelas, hijas, amigas, redes de mujeres que cuidan de la vida han sostenido la antorcha de la esperanza cuando todo parecía perdido, demostrando una y otra vez la capacidad para transformar el dolor y la rabia en acción, la opresión en resistencia y la guerra en paz.
Nos sumamos a todas las mujeres del mundo que no cejan en su empeño de construir un mundo en paz, igualdad, justo y libre de violencias.
Maite Serrano
SN Políticas de Igualdad
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