El acuerdo suscrito el pasado 1 de Julio en materia de pensiones entre el gobierno de España y los sindicatos CCOO y UGT, no dan respuesta a las principales demandas de la clase trabajadora. Dicho acuerdo se limita a solventar de manera temporal algunas de las principales demandas sin tener en cuenta, por otro lado, el calado y profundidad de la cuestión.
Si bien es cierto que el acuerdo aborda algunas de las reivindicaciones realizadas en los últimos años, dicha reforma lleva implícita recortes y perjuicios de distinta índole para la clase trabajadora. En este sentido, a pesar de que se ha procedido a indexar las pensiones al IPC, ello se hará con cargo a los Presupuestos generales del Estado, ahondando, aún más, en el déficit ya generado en el sistema de las pensiones.
Desde OSTA criticamos la falta de transparencia de dicho acuerdo, el cual no reconoce explícitamente que se va a producir una subida generalizada de los impuestos, así como recortes que afectarán a la clase trabajadora.
No obstante, y a pesar de lo expuesto, cabría mencionar que la cuestión relativa a las pensiones es, a todas luces, preocupante. Y ello, porque datos relativos a la sostenibilidad del sistema a medio-largo plazo suscitan algunas incertezas.
Es el caso del déficit de la Seguridad social que, para su mantenimiento, van a aumentarse los años de vida laboral de los trabajadores. En sentido, se quiere proceder, a través del eufemismo ‘’ acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación con la edad legal’’ a la paulatina supresión de las prejubilaciones a la vez que se incentiva el trabajar más allá de la edad de jubilación prevista por la Ley.
Esta situación afectará alrededor de 282.644 personas trabajadoras en Aragón que se verán afectadas por pertenecer a la denominada ‘’Generación Baby boom’’.
Además, por otra parte, se ha de señalar que este tipo de medidas perjudican a aquellas personas con trabajos más físicos y precarizados.
Por último, desde el sindicato OSTA, exigimos una reforma íntegra del Sistema de Pensiones, que garantice las pensiones públicas para todas las personas que vivan y trabajen en Aragón a través de un sistema de financiación en el que paguen los que más tienen.