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Desde OSTA, sindicato de clase, aragonesista y comprometido con la justicia social, rechazamos frontalmente el acuerdo de gobierno firmado por el Partido Popular y VOX para las Cortes de Aragón, puesto que este pacto no representa el cambio que necesita nuestro pueblo, sino la consolidación de un modelo neoliberal, excluyente y contrario a los intereses de la clase trabajadora aragonesa.
Frente a esta deriva, reafirmamos «La Vía Aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor», nuestro proyecto basado en la soberanía popular, el reparto de la riqueza y la dignidad de quienes construyen este país con su trabajo diario.
El acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX en Aragón representa, lejos de ser un proyecto de progreso, un retroceso sistemático en materia de derechos sociales, cohesión territorial y justicia laboral. Por ello, denunciamos este pacto por subordinar el interés general de las clases populares a las élites económicas y a una agenda identitaria excluyente, ignorando las necesidades reales de la ciudadanía y debilitando el tejido social que sustenta nuestro País.
En primer lugar, denunciamos la llamada «desregulación», que no es más que un eufemismo para desmantelar las garantías sociales, laborales y ambientales que protegen a la ciudadanía, al tiempo que se instrumentaliza el racismo institucional como herramienta de gestión política. En efecto, la creación de una Vicepresidencia de Desregulación. Del mismo modo, la imposición del principio de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas públicas, la exigencia de empadronamientos históricos de hasta diez años y la exclusión automática de personas en situación irregular, no son medidas de ordenamiento, sino políticas de segregación que vulneran derechos fundamentales, estigmatizan a colectivos vulnerables y fracturan la cohesión social que históricamente ha definido a Aragón.
En cuanto a materia fiscal, el pacto presenta la creación de una arquitectura fiscal que se sustenta en rebajas progresivas del IRPF y bonificaciones del 99 % en el Impuesto de Sucesiones que beneficiarán desproporcionadamente a las rentas medias-altas y grandes patrimonios en Aragón, lo que beneficia a unos pocos.
La supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la prohibición inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), atenta contra el patrimonio lingüístico, la convivencia intercultural y la riqueza histórica de territorios como la Franja, imponiendo una visión homogeneizadora y ajena al pluralismo real de Aragón.
En el ámbito educativo y sanitario, el pacto combina recortes encubiertos con adoctrinamiento ideológico y recentralización. La exigencia de una prueba de acceso universitaria única para toda España arrebata competencias que Aragón debe preservar, mientras que la imposición transversal de una “perspectiva de familia” rígida en todas las normas excluye la diversidad real de los hogares aragoneses y condiciona políticas públicas a una moral estatal. Asimismo, aunque se anuncia un aumento presupuestario en sanidad, la paralela auditoría y eliminación de “subvenciones superfluas”, la minimización de la cooperación al desarrollo y la condición de justificación previa para cualquier ayuda pública demuestran que la prioridad es la austeridad selectiva y la mercantilización de lo social, no el fortalecimiento de los servicios públicos universales.
En definitiva, este acuerdo de gobierno no construye un Aragón soberano, justo y cohesionado, sino que lo subordina a una agenda neoliberal, identitaria y excluyente que fractura el contrato social y debilita la voz de los trabajadores.
Por todo ello, desde el sindicalismo y el compromiso con un aragonesismo social y progresista, exigimos el rechazo frontal de este pacto y llamamos a la movilización ciudadana, a la defensa inquebrantable de los servicios públicos, y a la construcción de un modelo económico y territorial que ponga a las personas, la sostenibilidad, la diversidad cultural y los derechos laborales en el centro.
Por último, hacemos un llamamiento a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas comprometidas con la justicia social para que se sumen a la construcción de la Vía Aragonesa, un proyecto colectivo que demuestra que en Aragón podemos vivir mejor, pero solo si ponemos a las personas por encima de los beneficios, al trabajo digno por encima de la precariedad, y a la soberanía popular por encima de la imposición del capital y del Estado central.
Porque el momento de actuar es ahora, y porque el futuro de Aragón lo decidimos entre todasy todos.
El BOE publica el 30 de julio, el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio que modificación del permiso de nacimiento que pasa de 16 a 19 semanas retribuidas, así como aumentar a 32 este permiso para familias monoparentales.
Este Real Decreto establece la regulación del uso de estas semanas de la siguiente manera:
Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento:
6 semanas de forma ininterrumpida tras el nacimiento.
11 semanas hasta que el menor cumpla 1 año.
2 semanas hasta que el menor cumpla 8 años. (estas 2 semanas son solo para los progenitores de menores nacidos o adoptados desde agosto de 2024, pudiendo hacer uso de su disfrute a partir de enero de 2026).
Para familias monoparentales queda establecido que:
6 semanas de forma ininterrumpida tras el nacimiento.
22 semanas hasta que el menor cumpla 1 año.
4 semanas hasta que el menor cumpla 8 años. (estas 4 semanas son solo para los progenitores de menores nacidos o adoptados desde agosto de 2024, pudiendo hacer uso de su disfrute a partir de enero de 2026).
El plazo para la convalidación de un Real Decreto-ley por el Congreso de los Diputados es de 30 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Durante este periodo, el Congreso debe decidir si convalida o deroga el decreto-ley.
Este permiso es independiente del permiso parental que regula el artículo 48bis del Estatuto de los Trabajadores, que regula un permiso parental no retribuido de hasta 8 semanas hasta que los menores tengan 8 años.
Desde OSTA valoramos positivamente todas las medidas que mejoren la conciliación de las personas trabajadoras.
Los sindicatos OSTA, CCOO, CGT, CSIF y CSL y que representamos al 70% de la plantilla, formamos recientemente una plataforma única para avanzar en las negociaciones de un nuevo pacto/convenio para la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza, el cual lleva caducado desde el año 2019, lo que demuestra lo que le importa al anterior gobierno y al actual, las condiciones de la plantilla municipal.
El día 28 de septiembre los sindicatos citados hemos protestado en el pleno, por la actitud del representante de la Consejería de Participación Ciudadana y Régimen Interior, en plena negociación del Pacto/Convenio y denunciando que el principio de buena fe negocial, la ética y el respeto se han perdido.
La decisión adoptada hace recaer sobre los y las trabajadoras asalariadas del sector del Transporte las consecuencias de un cierre patronal.
Tras la publicación en el BOE la decisión del gobierno PSOE/UP permite exceptuar los límites a la conducción diaria, permitiendo extender la duración del período de conducción diaria en dos horas.
También pretende introducir la posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos, de al menos de 24 horas, sin necesidad de compensación, siempre que el conductor tome la compensación de los mismos unida al siguiente descanso semanal normal.
Se reemplaza el limite de conducción semanal máximo de 56 horas por otro de 60 horas y se sustituye el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por 102 horas.
Estas medidas vuelven a ir en contra de la conciliación de los y las trabajadoras asalariadas del sector, que se van a ver sometidas a interminables jornadas de trabajo, mientras los grandes beneficiados van a ser los pequeños empresarios y los autónomos.
Después de más de cuarenta años de una neutralidad indigna, el Gobierno español se ha plegado al chantaje marroquí.
La comunicación por parte del gobierno español asumiendo las propuestas de marruecos de que el Sáhara Occidental sea de soberanía marroquí, con una pequeña autonomía, supone un cambio de posición que vulnera las resoluciones de la ONU.
Tras más de cuarenta años de conflicto entre el Frente Polisario y el estado marroquí, en el que la ONU resolvió que debería de realizarse un referéndum sobre la autodeterminación del Sahara Occidental, el gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado a las tesis marroquís, acabando con una posición que habían mantenido todos los gobiernos españoles.
OSTA vuelve a reiterar su apoyo al pueblo saharaui. Lo que ha hecho el Gobierno español supone un duro golpe a las justas reivindicaciones del pueblo saharaui que de nuevo sufren una traición del Estado español.
No podemos olvidar que la inacción de la ONU para se cumpliesen sus resoluciones, ha supuesto que desde hace dos años se volviese a reanudar la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, una guerra acallada por los medios, en la que hay ataques todos los días y fallecidos.
OSTA reclama al Gobierno español que haga cumplir las resoluciones de la ONU y que el pueblo saharaui pueda decidir sobre su soberanía en libertad.
