Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Huelga del Centro Especial de Empleo Oliver
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo Oliver de ATADES, confirmando que la dirección incurrió en infracción laboral al establecer de forma unilateral supuestos «servicios mínimos» durante los paros intermitentes del 29 de mayo de 2025. La resolución, emitida el 5 de enero de 2026, da respuesta favorable a la denuncia presentada por el Comité de Huelga, tras una movilización histórica con 100% de participación de la plantilla convocada.
Los paros formaban parte de una campaña reivindicativa de cinco jornadas intermitentes convocadas por el Comité de Empresa —que cuenta con mayoría sindical de OSTA— para exigir una respuesta a sus demandas laborales. Durante el primer paro (29 de mayo, de 8:15 a 12:15 h), la empresa designó unilateralmente a 3-4 trabajadores en el centro de calle Ariza y 1 en el Polígono Plaza, alegando la necesidad de «atender situaciones de urgencia» ante la presencia de unas 170 personas con discapacidad intelectual. Ante esta actuación, el Comité de Huelga denunció inmediatamente ante la Inspección de Trabajo la vulneración del derecho fundamental de huelga, al tiempo que los trabajadores se movilizaban frente al centro y trasladaban sus reivindicaciones a la sede central de ATADES en Zaragoza.
El informe de Inspección de Trabajo zanja de forma contundente la controversia:
El centro productivo —dedicado en un 80% a fabricar componentes para hornos TEKA— no tiene actividad 24 horas ni resolución administrativa que lo declare como servicio esencial. Por tanto, no procedía la imposición de servicios mínimos, por no ser un servicio esencial.
Aunque la empresa podía establecer medidas de seguridad y mantenimiento durante la huelga, estaba obligada a negociar su designación con el Comité de Huelga, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 11/1981). La imposición unilateral vulnera el art. 28.2 de la Constitución Española, el art. 4.1.e del Estatuto de los Trabajadores y el art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977.
La Inspección ha confirmado la infracción, acordado la extensión de Acta de Infracción contra ATADES por vulnerar el derecho de huelga mediante la designación arbitraria de personal.
Para el sindicato OSTA “esta resolución reafirma el principio básico de que ni siquiera en centros que atienden a personas con discapacidad se puede vulnerar el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos sin negociación”. La empresa intentó escudarse en la situación de las personas usuarias para desactivar una protesta legítima con el 100% de apoyo de la plantilla, y la Inspección de Trabajo ha dejado claro que la protección de las personas con discapacidad no puede servir de excusa para saltarse los derechos fundamentales de los trabajadores.
Pedro Gil Alda, Presidente del Comité de Empresa del CEE Oliver, recuerda que “en su momento advertimos que endureceríamos la movilización si no había respuesta a nuestras reivindicaciones. Hoy celebramos esta decisión de la Inspección de Trabajo, pero seguimos exigiendo que ATADES dialogue de verdad con sus trabajadores y atienda sus demandas”.
Esta resolución sienta un precedente fundamental para los centros especiales de empleo y el sector de la discapacidad en Aragón, ya que la protección de las personas usuarias debe garantizarse mediante acuerdo con los representantes legítimos de los trabajadores, nunca por imposición patronal, y desde el OSTA anunciamos que velaremos para que la sanción se aplique en un futuro y no se repitan prácticas que pretendan desactivar el derecho de huelga.
Iniciamos una campaña contra las agresiones y recuerda que las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores
Todas las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas por el personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad en Aragón, y la ausencia de protocolos claros, eficaces y aplicables pone en riesgo su integridad física y emocional.
Son muchas trabajadoras las que resultan agredidas a lo largo del año por una persona usuaria en los centros de trabajo. Las agresiones van desde escupitajos, insultos o tratos vejatorios a empujones o golpes, que pueden causar daño físico o incluso un profundo impacto psicológico.
No se trata de casos aislados, sino el reflejo de una realidad que viven diariamente miles de profesionales del sector: la falta sistemática de medidas preventivas, la ausencia de personal sanitario disponible en los centros, y la negativa de las empresas a reconocer y gestionar estas agresiones como accidentes de trabajo.
En muchos casos tras el incidente, las trabajadoras solicitan ser derivadas a la Mutua conforme establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Muchas direcciones de los centros se niegan y no se activa protocolo alguno de actuación inmediata.
Esta actitud no es anecdótica. Es el resultado de una falta de responsabilidad institucionalizada en gran parte del sector y en múltiples centros de trabajo. Los Reglamentos de Régimen Interno no se entregan a la plantilla ni a la representación sindical, incumpliendo el derecho a la información. Los llamados “protocolos de actuación ante agresiones” suelen ser documentos genéricos, no operativos ni aplicables, que además no se activan en los casos reales.
Esto no es un problema de una sola entidad. Es un problema estructural del sector de la atención a la discapacidad en Aragón, donde miles de profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan en condiciones de precariedad, sobrecarga y riesgo psicosocial, sin los recursos, la formación ni los protocolos actualizados que garanticen su seguridad.
Las empresas tienen la obligación legal, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, de:
Contar con protocolos de actuación reales y accesibles ante agresiones,
Garantizar la derivación inmediata a la Mutua cuando se produce una agresión,
Proveer formación específica y recursos suficientes,
Y asegurar la participación sindical en la elaboración y actualización de normas de seguridad.
Ante esta situación, hemos presentado denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, exigiendo sanciones a las empresas que incumplen la normativa y la inmediata adecuación del sector a la legalidad vigente. De la misma manera el sindicato inicia una campaña en los centros de trabajo destinada al establecimiento de protocolos que eviten esta situación.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA exigimos medidas de protección, con actuaciones concretas que la garanticen:
Protocolos de actuación reales, accesibles y aplicados ante agresiones por parte de personas usuarias.
Derivación inmediata a la Mutua, reconociendo todas las agresiones como accidentes de trabajo.
Formación, ratios adecuadas y recursos suficientes para que nadie tenga que temer ir a su puesto de trabajo.
Transparencia y participación sindical en la elaboración, revisión y aplicación de normas internas de seguridad y salud.
No podemos permitir que la violencia en el trabajo se normalice, ni que se silencie el sufrimiento de quienes cuidan a las personas más vulnerables. Defenderemos, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la protección que la ley nos garantiza.
Denunciamos el adelanto irregular de vacaciones de 2026 a cambio de una compensación económica.
La Organización Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón (OSTA) denunciamos una práctica irregular detectada en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN, SL, en la que la empresa está ofreciendo a las personas trabajadoras el pago de 90 € brutos a cambio de que adelanten el disfrute de una semana de sus vacaciones correspondientes al año 2026.
Recordamos que ILUNION es una empresa perteneciente al ámbito empresarial de la iniciativa social de la ONCE y su Fundación, que se presenta públicamente como “proyecto empresarial, social y medioambientalmente responsable” afirmando que “la rentabilidad económica puede ir de la mano de la rentabilidad social”, prestando -entre otros- servicios en el ámbito de la discapacidad.
El sindicato OSTA denunciamos que la propuesta de adelanto irregular de vacaciones de 2026 a cambio de una compensación económica se formaliza camuflando en una “solicitud voluntaria de disfrute adelantado de vacaciones”, una fórmula que pretende enmascarar una medida contraria tanto al convenio colectivo como a la normativa laboral vigente.
El XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, en su Artículo 51, regula de forma clara el disfrute de las vacaciones, señalando que el periodo preferente se sitúa entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año, y no contempla en ningún caso la posibilidad de adelantar días de vacaciones de un año natural al anterior.
Además, el Artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales retribuidas tienen una duración mínima de 30 días naturales por año y no pueden ser sustituidas por compensación económica.
Para el sindicato OSTA la propuesta de la empresa no solo vulnera estos principios fundamentales, sino que puede suponer un perjuicio directo para los derechos laborales y el descanso efectivo de las personas trabajadoras, ofreciendo a cambio una contraprestación económica que claramente no compensa el perjuicio causado, ya que el periodo de vacaciones debe ser como mínimo de 30 días en el año natural, no pudiendo ser compensadas económicamente.
Ante esta situación, desde OSTA hemos presentado hoy una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, solicitando que se incoe el correspondiente procedimiento sancionador y se obligue a la empresa a cesar de inmediato en esta práctica irregular.
ILUNION, con estas prácticas toma partido en la consolidación de la precariedad en el Sector de la Discapacidad, que ya de por sí cuenta con un convenio muy bajo en términos de salario y beneficios sociales.
Desde OSTA reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y exigimos que se respete el marco legal y convencional vigente.
El sindicato OSTA, en defensa de los derechos laborales, la salud de los trabajadores y el derecho a un entorno digno y saludable, se suma hoy a la reivindicación vecinal de Martillué y Pardinilla contra el proyecto de instalación de la “Planta de Compostaje de Jaca” en Martillué.
Este proyecto, impulsado por GRHUSA y actualmente en fase de tramitación para obtener la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, representa una grave amenaza para la salud de la población, el bienestar de los trabajadores del Centro Ignacio Claver de Valentia y la sostenibilidad del medio rural.
Afecciones al Centro Ignacio Claver, trabajadores y trabajadoras, y personas usuarias
El Centro Ignacio Claver de Valentia, ubicado en Martillué, es un referente en la atención a personas con discapacidad intelectual. Su granja escuela es un espacio terapéutico, educativo y de inclusión donde la calidad del aire, la tranquilidad y la ausencia de contaminantes son condiciones esenciales para el desarrollo de sus actividades y el bienestar tanto de las personas usuarias como de los trabajadores y trabajadoras que allí desempeñan su labor diaria.
La instalación de una planta de compostaje a escasos metros de este centro supone:
Riesgos laborales y sanitarios para los trabajadores y trabajadoras: La exposición prolongada a olores nauseabundos, ruidos constantes y la proliferación de plagas (moscas, roedores) derivados del tratamiento de 2.000 toneladas anuales de residuos orgánicos constituye un riesgo grave para la salud laboral. El sindicato exige que se evalúen estos riesgos conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, algo que el actual expediente omite por completo.
Deterioro de las condiciones de trabajo: El ruido de maquinaria y el tránsito incesante de camiones romperán la paz necesaria para el desarrollo de las actividades educativas y terapéuticas, afectando directamente a la productividad y al bienestar psicosocial de los empleados.
Vulneración del derecho a un entorno laboral saludable: La proximidad de la planta convierte el centro en un entorno hostil, lo que puede derivar en absentismo laboral, estrés y otros problemas de salud reconocidos por la OMS como derivados de la contaminación ambiental.
Ante esta situación, desde el sindicato OSTA exigimos salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras y la protección de la calidad de vida de la población, por un trabajo y futuro digno en nuestros pueblos, y exigimos:
La paralización inmediata del proyecto en la ubicación actual, por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores y la población.
La realización de un Estudio de Impacto Ambiental y Sanitario independiente, que incluya una evaluación rigurosa de los riesgos laborales y de salud pública, con participación de los comités de empresa y representantes sindicales del Centro Ignacio Claver.
La búsqueda de un emplazamiento alternativo, alejado de núcleos de población, centros educativos, terapéuticos y fuentes de agua.
El respeto al derecho a la participación ciudadana y sindical en todas las fases del proyecto, garantizando transparencia y acceso a la información.
La aplicación del principio de precaución y justicia ambiental, priorizando la salud y el bienestar de las personas frente a intereses económicos o administrativos.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA hemos realizado un análisis de la evolución de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, y queremos manifestar nuestra preocupación ante la evolución salarial registrada en el sector entre 2019 y 2025.
Se ha tenido en cuenta para el análisis de la evolución las tablas salariales del Convenio de aplicación (XVI Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad), los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y su relación con la carestía de vida y la inflación, y nos muestra los siguientes resultados.
Aunque algunos grupos, como el de operarios, han tenido un incremento del 35,69%, que les permite superar la inflación acumulada en Aragón (21,80%), es importante señalar que este aumento se debe principalmente a la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante estos años, del cual dependen sus salarios base. No se trata de una mejora estructural ni fruto de la negociación colectiva, sino de una obligación legal que apenas comienza a corregir un retraso histórico en sus condiciones.
En contraste, el resto de trabajadores, ya sean personal técnico, auxiliares o titulados, han recibido aumentos muy inferiores, entre el 14% y el 18%, lo que ha provocado una pérdida real de poder adquisitivo de hasta 7,7 puntos respecto al IPC. Estos aumentos se ven superados ampliamente por el incremento del coste de vida, y han sido completamente absorbidos por la inflación.
Esta situación refleja las claras limitaciones de la negociación colectiva estatal, que establece incrementos mínimos homogéneos sin tener en cuenta las realidades económicas y sociales del territorio.
En este sentido, se hace imprescindible avanzar hacia modelos más descentralizados, que permitan acuerdos colectivos adaptados a las condiciones socioeconómicas locales. Solo así será posible construir un sistema que responda verdaderamente a las necesidades de todos los territorios, sin dejar a nadie atrás por culpa de una visión única y centralizada de la justicia salarial.
Desde OSTA, reafirmamos la necesidad urgente de avanzar hacia un convenio colectivo sectorial propio en Aragón que permita una distribución más justa y equilibrada de los salarios, en el conjunto del sector.
La estructura salarial actual consolida no solo la perdida de salario real, sino impulsa una brecha creciente entre funciones y tareas. Generando un proceso de achatamiento salarial que limita el desarrollo profesional en nuestro sector.
Reivindicamos una revisión profunda de las condiciones salariales, que garantice incrementos reales, que protejan el poder adquisitivo y reconozcan con justicia la labor de todos los trabajadores y trabajadoras de la discapacidad.
