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El sindicato OSTA, en defensa de los derechos laborales, la salud de los trabajadores y el derecho a un entorno digno y saludable, se suma hoy a la reivindicación vecinal de Martillué y Pardinilla contra el proyecto de instalación de la “Planta de Compostaje de Jaca” en Martillué.
Este proyecto, impulsado por GRHUSA y actualmente en fase de tramitación para obtener la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, representa una grave amenaza para la salud de la población, el bienestar de los trabajadores del Centro Ignacio Claver de Valentia y la sostenibilidad del medio rural.
Afecciones al Centro Ignacio Claver, trabajadores y trabajadoras, y personas usuarias
El Centro Ignacio Claver de Valentia, ubicado en Martillué, es un referente en la atención a personas con discapacidad intelectual. Su granja escuela es un espacio terapéutico, educativo y de inclusión donde la calidad del aire, la tranquilidad y la ausencia de contaminantes son condiciones esenciales para el desarrollo de sus actividades y el bienestar tanto de las personas usuarias como de los trabajadores y trabajadoras que allí desempeñan su labor diaria.
La instalación de una planta de compostaje a escasos metros de este centro supone:
Riesgos laborales y sanitarios para los trabajadores y trabajadoras: La exposición prolongada a olores nauseabundos, ruidos constantes y la proliferación de plagas (moscas, roedores) derivados del tratamiento de 2.000 toneladas anuales de residuos orgánicos constituye un riesgo grave para la salud laboral. El sindicato exige que se evalúen estos riesgos conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, algo que el actual expediente omite por completo.
Deterioro de las condiciones de trabajo: El ruido de maquinaria y el tránsito incesante de camiones romperán la paz necesaria para el desarrollo de las actividades educativas y terapéuticas, afectando directamente a la productividad y al bienestar psicosocial de los empleados.
Vulneración del derecho a un entorno laboral saludable: La proximidad de la planta convierte el centro en un entorno hostil, lo que puede derivar en absentismo laboral, estrés y otros problemas de salud reconocidos por la OMS como derivados de la contaminación ambiental.
Ante esta situación, desde el sindicato OSTA exigimos salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras y la protección de la calidad de vida de la población, por un trabajo y futuro digno en nuestros pueblos, y exigimos:
La paralización inmediata del proyecto en la ubicación actual, por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores y la población.
La realización de un Estudio de Impacto Ambiental y Sanitario independiente, que incluya una evaluación rigurosa de los riesgos laborales y de salud pública, con participación de los comités de empresa y representantes sindicales del Centro Ignacio Claver.
La búsqueda de un emplazamiento alternativo, alejado de núcleos de población, centros educativos, terapéuticos y fuentes de agua.
El respeto al derecho a la participación ciudadana y sindical en todas las fases del proyecto, garantizando transparencia y acceso a la información.
La aplicación del principio de precaución y justicia ambiental, priorizando la salud y el bienestar de las personas frente a intereses económicos o administrativos.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA hemos realizado un análisis de la evolución de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, y queremos manifestar nuestra preocupación ante la evolución salarial registrada en el sector entre 2019 y 2025.
Se ha tenido en cuenta para el análisis de la evolución las tablas salariales del Convenio de aplicación (XVI Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad), los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y su relación con la carestía de vida y la inflación, y nos muestra los siguientes resultados.
Aunque algunos grupos, como el de operarios, han tenido un incremento del 35,69%, que les permite superar la inflación acumulada en Aragón (21,80%), es importante señalar que este aumento se debe principalmente a la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante estos años, del cual dependen sus salarios base. No se trata de una mejora estructural ni fruto de la negociación colectiva, sino de una obligación legal que apenas comienza a corregir un retraso histórico en sus condiciones.
En contraste, el resto de trabajadores, ya sean personal técnico, auxiliares o titulados, han recibido aumentos muy inferiores, entre el 14% y el 18%, lo que ha provocado una pérdida real de poder adquisitivo de hasta 7,7 puntos respecto al IPC. Estos aumentos se ven superados ampliamente por el incremento del coste de vida, y han sido completamente absorbidos por la inflación.
Esta situación refleja las claras limitaciones de la negociación colectiva estatal, que establece incrementos mínimos homogéneos sin tener en cuenta las realidades económicas y sociales del territorio.
En este sentido, se hace imprescindible avanzar hacia modelos más descentralizados, que permitan acuerdos colectivos adaptados a las condiciones socioeconómicas locales. Solo así será posible construir un sistema que responda verdaderamente a las necesidades de todos los territorios, sin dejar a nadie atrás por culpa de una visión única y centralizada de la justicia salarial.
Desde OSTA, reafirmamos la necesidad urgente de avanzar hacia un convenio colectivo sectorial propio en Aragón que permita una distribución más justa y equilibrada de los salarios, en el conjunto del sector.
La estructura salarial actual consolida no solo la perdida de salario real, sino impulsa una brecha creciente entre funciones y tareas. Generando un proceso de achatamiento salarial que limita el desarrollo profesional en nuestro sector.
Reivindicamos una revisión profunda de las condiciones salariales, que garantice incrementos reales, que protejan el poder adquisitivo y reconozcan con justicia la labor de todos los trabajadores y trabajadoras de la discapacidad.
El Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo (CEE) Oliver, perteneciente a la entidad ATADES y con la representación mayoritaria del sindicato OSTA, convocó una serie de paros parciales de cuatro horas de duración tras no lograr un acuerdo previo en la mesa de negociación del SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje).
Las movilizaciones respondieron al deseo de recuperar un complemento personal absorbible que venía reconociendo la especial dedicación y responsabilidad del colectivo de trabajadores y trabajadoras del centro. Este complemento, que formaba parte de la retribución del personal, fue progresivamente diluyéndose y finalmente desapareciendo como consecuencia de diferentes incrementos salariales generales llevados a cabo en los últimos años.
La huelga afectó a más de 50 empleados del centro, contando con una participación de la totalidad del colectivo afectado, ya que el 100% de la plantilla secundó las medidas de protesta. Este apoyo masivo refleja el alto grado de implicación y unidad del personal en defensa de sus condiciones laborales y económicas.
Tras dos días de huelga, se alcanzó un acuerdo económico para el año 2025. Dicho acuerdo contempla una subida salarial mensual de 100 euros para todo el personal afectado, así como el compromiso explícito por parte de la dirección del centro de retomar la negociación en el año 2026 para analizar nuevas mejoras salariales en función de la situación económica y social del momento.
Desde el Comité de Empresa y el sindicato OSTA se valora positivamente este resultado, considerando que se ha conseguido avanzar en la recuperación de derechos perdidos y en garantizar una senda de mejora continua para el futuro. Asimismo, se destaca la importancia de la movilización como herramienta fundamental para alcanzar acuerdos justos.
El Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo Oliver (ATADES), con la representación mayoritaria de OSTA, ha convocado paros parciales de cuatro horas y que comenzaran el jueves 29 de mayo y que afecta a más de 50 trabajadores y trabajadoras, ante la negativa de la empresa a garantizar un complemento salarial destinado al personal técnico.
En el año 2019, la empresa estableció un complemento personal absorbible destinado a compensar la especial dedicación y responsabilidad de este colectivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, este complemento ha sido absorbido por diferentes incrementos salariales.
Desde OSTA señalamos que con la entrada en vigor del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, las tablas salariales no han resuelto esta problemática, manteniendo en esencia la misma estructura que dio lugar a la creación del complemento en su día. Ante esta situación, Desde el Comité de Empresa hemos presentado la convocatoria de paros parciales, con el fin de crear de nuevo un complemento personal de estructura de 266,25 € mensuales.
El Comité de Empresa señala que esta convocatoria es fruto de la negativa por parte de la Dirección de Empresa, para llegar a un pacto salarial tras las diferentes reuniones que se han mantenido entre las partes.
El próximo 26 de mayo, las partes estamos citadas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), con el fin de buscar una solución ante los paros convocados por el Comité de Empresa, y que afectaran alrededor de medio centenar de trabajadores y trabajadoras.
Por último, anunciamos que, en caso de llevarse a cabo la huelga por no haberse alcanzado un acuerdo en el SAMA, se activará la Caja de Resistencia.
Calendario de paros parciales: 29 de mayo, 3, 5, 10 y 12 de junio de 2025
Los últimos datos publicados sobre la evolución del COVID-19 en Aragón son positivos, ya que ha disminuido notoriamente el número de contagios, así como se ha reducido casi en su totalidad el número de fallecidos.
Pese a los buenos datos sobre la evolución del COVID19, no podemos olvidar la afectación que ha tenido este virus en el sector de la dependencia, donde ya se ha constatado que el 80% de los muertos por COVID-19 han sido personas usuarias de este sector. Es por ello, que desde el sindicato OSTA entendemos que tiene que cambiar el modelo de este sector, siendo en la actualidad uno de los retos sociales más importantes.
Ante esta situación, exigimos de nuevo al Gobierno de Aragón, llevar a cabo la reunión a la que se comprometió con OSTA en el mes de marzo, así como el inicio de forma urgente de una mesa social de la dependencia, que sea la encargada de abordar de forma urgente las deficiencias del sector que se han ido agravado durante la pandemia del COVID-19. Este proceso tiene que llevarse a cabo con la participación sindical del sector, en la que OSTA cuenta con una amplia representatividad en los mismos.
La restructuración de sector de la dependencia pasa por mejorar las ratios de personal, la medicalización de las residencias, una apuesta decidida por la gestión pública y un mayor control institucional, mediante medidas de inspección y clausulas sociales en los pliegos de concierto de los centros privados.
Por último, desde OSTA consideramos que el sector de la dependencia necesita un cambio urgente en las relaciones laborales, nos encontramos ante un sector que tras la estatalización de la negociación colectiva ha ido perdiendo derechos paulatinamente y precarizándose cada vez más, siendo, por tanto, necesario un Convenio Colectivo de ámbito autonómico.
