Alertamos a la Justicia de Aragón de la situación en las residencias de mayores
Representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias hemos expuesto en una reciente reunión a Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, la situación insostenible que se vive día a día en las residencias de personas mayores, una realidad que llega a poner en riesgo la dignidad de las personas usuarias.
Consideramos que la falta de personal y los bajos salarios no son solo un problema laboral, sino una emergencia social. Aragón mantiene ratios de asistencia de 1992, completamente obsoletas, y que la congelación salarial prevista para 2026 ahonda en la precariedad de un sector feminizado y esencial.
Tras la reunión mantenida con la Justicia de Aragón, hacemos públicas las reivindicaciones urgentes para frenar el colapso de las residencias de mayores. La conclusión a la que llegamos es que lo que ocurre puertas adentro de las residencias ya no se puede ocultar; estamos al borde del abismo, esto ha dejado de ser un problema laboral, se ha convertido en un asunto general que afecta a la atención y calidad del cuidado de las personas mayores.
En primer lugar, se trasladó a la Justicia de Aragón la realidad de las condiciones de trabajo en su relación con la seguridad de las personas residentes. Se explicó que no se puede ofrecer un cuidado digno con unas condiciones indignas, marcadas por unos salarios precarios debido a la regulación del sector con un Convenio estatal insuficiente. Esto provoca una fuga masiva de talento hacia otros sectores, dejando a las residencias sin profesionales cualificados.
La sobrecarga y la falta de personal provocan una espiral de ausencias por bajas y una alta rotación, lo que genera un estrés crónico en las plantillas. Esto repercute directamente en la atención, ya que se pierde el tiempo necesario para la higiene, la alimentación pausada y, sobre todo, el trato humano y afectivo que necesitan nuestras personas mayores.
En segundo lugar, denunciamos las ratios obsoletas (Decreto 111/1992) vigentes en Aragón, con unas normas de hace más de 30 años. Se mantienen ratios insuficientes que incluso obligan a una sola trabajadora a atender a demasiadas personas dependientes simultáneamente, comprometiendo la seguridad.
Por último, se abordó en la reunión las condiciones del Acuerdo Marco que regulan la financiación del sistema de plazas concertadas. Las aportaciones que hace la administración pública resultan insuficientes para el sostenimiento de un sistema de cuidados de calidad que garantice unas condiciones laborales y una atención dignas.
Los sindicatos denunciamos la desconexión entre la administración y la realidad de los centros, así como la falta de respuesta efectiva del Gobierno de Aragón ante las alarmas lanzadas por los propios trabajadores y trabajadoras. Expusimos la exigencia para la negociación inmediata de un Convenio Autonómico propio para Aragón.
La petición de intervención hecha por OSTA y UGT a la Justicia de Aragón se centra en salir de esta espiral, proponiendo su intervención en:
- Actualización urgente del Decreto de Ratios: Que tengan en cuenta la categoría profesional, el turno y el grado de dependencia real de cada residente.
- Nuevo Acuerdo Marco: Revisar los precios públicos que paga la administración a las residencias privadas por las plazas concertadas, así como un nuevo modelo de gestión residencial a través del Acuerdo Marco.