Denunciamos que, al caducar el convenio en diciembre, los salarios de las trabajadoras no subirán en 2026
Debido a la caducidad del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2025, los salarios de las trabajadoras del sector no experimentarán ninguna subida en 2026.
Una vez denunciado el convenio, en tanto no se alcance un acuerdo sobre el nuevo texto, el convenio queda prorrogado en régimen de ultraactividad. Sin embargo, las subidas salariales automáticas previstas en el convenio no se aplicarán en 2026, tal como establece su propia Disposición Final.
Según dicha cláusula, la revisión salarial automática basada en el IPC solo operará a partir del ejercicio 2027, y únicamente si el PIB español registra un crecimiento anual superior al 2 %. Además, aunque existe una cláusula de garantía salarial que contempla una posible actualización en enero de 2026 —si la suma del IPC real de 2023, 2024 y 2025 supera el 9 % pactado en el convenio—, dicha actualización está limitada a un máximo del 3 % adicional (12 % total) y dependerá de un cálculo que realizará la Comisión Paritaria tras conocerse el IPC de diciembre de 2025.
“Esto supone una congelación salarial de facto para 2026”, advertimos desde OSTA, “en un contexto de inflación persistente y de un sector ya históricamente precarizado, donde las trabajadoras —mayoritariamente mujeres— soportan condiciones laborales extremadamente duras y una retribución que no refleja ni su esfuerzo ni la importancia social de su labor”.
Sin visos de un nuevo convenio estatal en el corto plazo
Aunque UGT y CCOO presentan la parálisis causada por las patronales, es fundamental señalar que la propia estructura de la mesa de negociación está bloqueada por la incapacidad de los propios sindicatos y patronales para acordar quiénes tienen legitimidad para sentarse a negociar.
Más allá de la retórica de urgencia, los sindicatos UGT y CCOO no han avanzado ni un paso en la sustancia del convenio, limitándose a exigir un acuerdo de representatividad que debería haberse resuelto hace meses. Su amenaza de acudir a la autoridad laboral, lejos de ser una solución, refleja la ausencia de voluntad real de negociación y el uso de la presión burocrática como excusa para la inacción.
En resumen, no son las patronales las únicas responsables de la parálisis, los sindicatos UGT y CCOO al no impulsar una salida política o legal clara desde el principio, comparten la culpa de esta estancada negociación que deja a miles de trabajadores sin garantías dignas.
Exigimos a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO urgentes avances en la negociación del nuevo convenio con el objetivo de garantizar una revalorización salarial justa, acorde con la inflación real y con el reconocimiento que merece el trabajo de cuidados. “No podemos permitir que, mientras los beneficios empresariales se disparan, quienes sostienen el sistema de atención a las personas más vulnerables sigan viendo congelados sus salarios”, concluye OSTA.