Las trabajadoras del sector de residencias de personas mayores en Aragón exigimos un convenio autonómico que dignifique nuestras condiciones laborales.
El 27 de noviembre de 2025, los sindicatos OSTA y UGT, organizaciones mayoritarias en el sector de la Dependencia y los Cuidados en Aragón, hemos celebrado una Asamblea Sectorial con las trabajadoras de residencias de todo Aragón.
La asamblea ha servido como espacio de información, debate y toma de decisiones colectivas ante la situación crítica que atraviesa el sector.
Más de 13.000 trabajadoras, en la inmensa mayoría mujeres, sufrimos condiciones de precariedad extrema: salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ratios de atención insostenibles, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento profesional.
Durante el encuentro hemos analizado el estado de las negociaciones con las patronales del sector, tras la última reunión mantenida el 19 de junio de 2025, así como la falta de compromiso efectivo por parte del Gobierno de Aragón para abordar de forma urgente la elaboración de un Convenio Colectivo Autonómico de Dependencia. Un instrumento imprescindible para garantizar condiciones dignas de trabajo y cuidados de calidad para las personas mayores.
Las asistentes hemos reiterado la urgencia de establecer ratios adecuadas de personal, mejorar los salarios y reconocer la profesionalidad y esencialidad del trabajo que desempeñamos diariamente.
Asimismo, se ha acordado un calendario de movilizaciones que se activará en caso de que no se produzcan avances concretos en la negociación colectiva.
El sector de las residencias está profundamente feminizado, históricamente precarizado y sistemáticamente ignorado por las instituciones. Hoy, las trabajadoras hemos dicho basta. Exigimos dignidad, justicia y un convenio que nos reconozca como profesionales esenciales.
Desde OSTA y UGT insistimos en la necesidad de transformar este modelo de cuidados. Las trabajadoras estamos dispuestas a dar los pasos necesarios para que nuestra voz sea escuchada y nuestros derechos garantizados, algo que pasa por un Convenio Autonómico del sector y ratios de atención adecuados para prestar una atención de calidad a las personas usuarias.