El 25 de febrero, tras agotarse el mes de negociación, el Comité de Empresa de Mann+Hummel, por unanimidad de todos los sindicatos que lo componen, acordado un preacuerdo para la aplicación del expediente colectivo de extinción de empleo.
Desde la Sección Sindical de OSTA hemos trabajado para alcanzar un preacuerdo que garantizara las mejores indemnizaciones posibles acordes a los beneficios de la empresa y que redujeran al máximo el número de personas afectadas.
Además hemos trabajado para que las posibles salidas se cubrieran, en la totalidad o por lo menos en su gran mayoría, mediante la personas trabajadoras voluntarias.
Por ultimo nuestra lineal negociadora tambien ha buscado priorizar condiciones más favorables para los colectivos más vulnerables: personas trabajadoras de mayor edad que pudieran tener dificultades para completar su cotización a la Seguridad Social de cara a la jubilación, o aquellas con menor antigüedad en la empresa.
Al contar con una representación minoritaria en el seno del Comité de Empresa y haber tenido que ceder en parte de nuestras pretensiones para mantener la unidad de acción sindical, no ha sido posible sacar adelante la totalidad de las propuestas que considerábamos más necesarias para la plantilla.
Aun así, creemos firmemente que nuestra firmeza durante la negociación ha sido fundamental y útil para alcanzar el mejor preacuerdo posible dentro de la estrategia y la acción sindical planteadas por el Comite de empresa.
El 95 % de la plantilla ha participado en el referéndum, que ha sido ratificado por el 84,7 % de las personas votantes, con el siguiente resultado:
- Votos a favor: 377
- Votos en contra: 45
- Abstenciones: 23
Las principales condiciones alcanzadas en este preacuerdo se basan en la línea roja innegociable que marcamos desde el inicio:
• REDUCCIÓN DE DESPIDOS: disminución de las afectaciones hasta un máximo de 120 personas trabajadoras, con aplicación de los despidos derivados del ERE hasta el 31 de marzo de 2027.
• IMPROCEDENCIA LEGAL GARANTIZADA: se garantiza el abono íntegro correspondiente al despido improcedente en todas las salidas: 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, o 45 días con un máximo de 42 mensualidades, en función de la antigüedad de cada persona trabajadora (aplicando el tramo histórico anterior a febrero de 2012).
• COMPLEMENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES: para compensar los límites legales impuestos por la reforma laboral, que penalizan especialmente a la antigüedad, se ha conseguido un pago lineal adicional de 7.000 euros para cada persona trabajadora afectada.
• VOLUNTARIEDAD: los criterios para la aceptación de personas trabajadoras voluntarias que puedan sustituir a personas inicialmente afectadas por el ERE estarán basados prioritariamente en el puesto de trabajo y el perfil técnico. No serán criterios determinantes la edad, la antigüedad ni el coste indemnizatorio de la persona voluntaria.
• GARANTÍA DE APLICACIÓN: la indemnización pactada permanecerá vigente hasta marzo de 2028 en caso de que la empresa no garantice el mantenimiento del empleo una vez finalizado el ERE y proceda a realizar despidos objetivos individuales o colectivos.
Denunciamos que, tras años de deslocalizaciones industriales y pese a los resultados millonarios de muchas empresas, ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno estatal están adoptando medidas legislativas y políticas eficaces para frenar la destrucción de empleo industrial, especialmente cuando se trata de empleo estable y de calidad en Aragón.