Iniciamos una campaña contra las agresiones y recuerda que las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores
Todas las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas por el personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad en Aragón, y la ausencia de protocolos claros, eficaces y aplicables pone en riesgo su integridad física y emocional.
Son muchas trabajadoras las que resultan agredidas a lo largo del año por una persona usuaria en los centros de trabajo. Las agresiones van desde escupitajos, insultos o tratos vejatorios a empujones o golpes, que pueden causar daño físico o incluso un profundo impacto psicológico.
No se trata de casos aislados, sino el reflejo de una realidad que viven diariamente miles de profesionales del sector: la falta sistemática de medidas preventivas, la ausencia de personal sanitario disponible en los centros, y la negativa de las empresas a reconocer y gestionar estas agresiones como accidentes de trabajo.
En muchos casos tras el incidente, las trabajadoras solicitan ser derivadas a la Mutua conforme establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Muchas direcciones de los centros se niegan y no se activa protocolo alguno de actuación inmediata.
Esta actitud no es anecdótica. Es el resultado de una falta de responsabilidad institucionalizada en gran parte del sector y en múltiples centros de trabajo. Los Reglamentos de Régimen Interno no se entregan a la plantilla ni a la representación sindical, incumpliendo el derecho a la información. Los llamados “protocolos de actuación ante agresiones” suelen ser documentos genéricos, no operativos ni aplicables, que además no se activan en los casos reales.
Esto no es un problema de una sola entidad. Es un problema estructural del sector de la atención a la discapacidad en Aragón, donde miles de profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan en condiciones de precariedad, sobrecarga y riesgo psicosocial, sin los recursos, la formación ni los protocolos actualizados que garanticen su seguridad.
Las empresas tienen la obligación legal, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, de:
- Contar con protocolos de actuación reales y accesibles ante agresiones,
- Garantizar la derivación inmediata a la Mutua cuando se produce una agresión,
- Proveer formación específica y recursos suficientes,
- Y asegurar la participación sindical en la elaboración y actualización de normas de seguridad.
Ante esta situación, hemos presentado denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, exigiendo sanciones a las empresas que incumplen la normativa y la inmediata adecuación del sector a la legalidad vigente. De la misma manera el sindicato inicia una campaña en los centros de trabajo destinada al establecimiento de protocolos que eviten esta situación.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA exigimos medidas de protección, con actuaciones concretas que la garanticen:
- Protocolos de actuación reales, accesibles y aplicados ante agresiones por parte de personas usuarias.
- Derivación inmediata a la Mutua, reconociendo todas las agresiones como accidentes de trabajo.
- Formación, ratios adecuadas y recursos suficientes para que nadie tenga que temer ir a su puesto de trabajo.
- Transparencia y participación sindical en la elaboración, revisión y aplicación de normas internas de seguridad y salud.
No podemos permitir que la violencia en el trabajo se normalice, ni que se silencie el sufrimiento de quienes cuidan a las personas más vulnerables. Defenderemos, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la protección que la ley nos garantiza.