El parlamento español abandona a la clase trabajadora

Las últimas votaciones en el Parlamento español demuestran, una vez más, que la mayoría de los políticos no creen en la justicia social ni en el reparto justo de la riqueza. Mientras tanto, las empresas continúan aumentando sus beneficios y la economía sigue creciendo, pero ese crecimiento no se traduce en mejoras para las clases populares.

La publicación en el BOE de los Reales Decretos que fueron rechazados debido al voto en contra del PP, VOX y JUNTS, sobre medidas como el gravamen energético y el decreto ómnibus, evidencia que una mayoría parlamentaria ha optado por priorizar sus propios intereses sobre los de la ciudadanía. Estas decisiones, lejos de solucionar los problemas estructurales, perpetuarán las desigualdades y cronificarán la pobreza que afecta a una parte importante de la clase trabajadora.

Respecto al impuesto a las energéticas, desde Aragón, como un territorio generador y exportador de energía, vemos con gran preocupación que seamos incapaces de contar con una tarifa eléctrica propia que refleje las numerosas instalaciones que soportamos en nuestro territorio; instalaciones, en muchos casos, con un elevado coste medioambiental para nuestro territorio. Es inaceptable que algunos de los representantes políticos aragoneses hayan votado en contra de un impuesto que solo afecta a las grandes empresas energéticas, mientras perjudica directamente a la clase trabajadora aragonesa.

En cuanto a las pensiones y después que el gobierno acertadamente las actualizara con carácter general del 2,8% para 2025, conforme al IPC, y un incremento de las más bajas de entre un 6% y un 9%, observamos con preocupación que, si no se toman medidas adicionales, estas mejoras podrían revertirse en febrero, volviendo a las cuantías de 2024. Es un claro ataque a los derechos de las personas pensionistas, que ven peligrar su poder adquisitivo frente a la constante subida de precios.

La derogación de las ayudas al transporte público, como los abonos gratuitos o bonificados para trenes de cercanías, media distancia y otros servicios de titularidad estatal, supone otro golpe directo a la clase trabajadora. Estas ayudas son esenciales para las clases populares que utilizan el transporte público diariamente y su eliminación impactará negativamente en los bolsillos de quienes más lo necesitan.

Aunque valoramos positivamente el anuncio del Gobierno de Aragón de mantener las ayudas al transporte, no deja de ser una muestra más de la incoherencia política y es que mientras en Madrid votan en contra de estas medidas, en Aragón aseguran mantenerlas.

Por último, desde OSTA queremos señalar que la redacción de decretos como el “ómnibus”, que agrupa múltiples medidas, solo dificulta su aprobación.

Por todo ello, exigimos al Gobierno central mayor responsabilidad y altura de miras para garantizar medidas claras y efectivas que realmente protejan los derechos e intereses de la clase trabajadora.

Desde OSTA seguiremos luchando por una política que ponga en el centro a las personas, con medidas que redistribuyan la riqueza, protejan a las clases populares y garanticen un futuro más justo para todas y todos.

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