Los sindicatos OSTA y UGT denunciamos la negativa institucional a abordar la emergencia en el sector de la Dependencia
Tras 26 días de silencio institucional y una doble solicitud formal de diálogo, la Secretaría General Técnica de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido con una negativa sin fundamento a reunirse con OSTA y UGT para abordar la situación de colapso en las residencias y centros de atención a personas dependientes de Aragón.
El 7 y el 26 de enero, los sindicatos mayoritarios del sector —que representamos a más de 8.000 trabajadoras— solicitamos urgentemente una reunión para tratar la obsolescencia del Decreto 111/1992, norma de 34 años de antigüedad que regula los centros sociales especializados sin contemplar siquiera la existencia de la Ley de Dependencia (2006). La respuesta recibida el 2 de febrero es clara: «en estos momentos no resulta posible mantener la reunión solicitada».
Mientras la Administración elude el diálogo, la realidad en los centros es de emergencia social:
- Ratios inhumanos: una trabajadora atiende a 12, 14 o más personas dependientes graves en turnos de 8 horas sin descansos efectivos.
- Salud laboral destrozada: bajas por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático superan el 40% en muchos centros.
- Abandono asistencial: familias denuncian falta de higiene básica, alimentación deficiente y ausencia de atención personalizada por falta crónica de personal.
- Rotación extrema: el 30% del personal abandona el sector cada año por agotamiento extremo, dejando vacíos imposibles de cubrir.
Esta no es solo una negativa administrativa, es abandonar a las personas más vulnerables de Aragón. Mientras la Consejería se esconde tras un correo burocrático, las trabajadoras sostienen con su salud un sistema que la propia normativa autonómica permite que se desmorone. El Decreto 111/1992 no es solo obsoleto, cronifica la precariedad.
Los sindicatos recordamos que la negociación no es un favor institucional, sino una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector. La negativa a actualizar una norma que permite ratios ilegales según el Real Decreto 2/2023 de prevención de riesgos laborales configura, además, una responsabilidad administrativa grave.
Ante el bloqueo institucional, OSTA y UGT anunciamos:
- Presentación inmediata de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento sistemático de ratios mínimos de seguridad.
- Elevación del caso al Justicia de Aragón.
- Inicio de una campaña pública con testimonios de trabajadoras, usuarios y familias.
- Convocatoria de movilizaciones sectoriales en las próximas semanas si la Administración no asume sus responsabilidades.
Para la representación sindical, las trabajadoras del sector de la Dependencia no son invisibles y tampoco lo serán sus condiciones. Si el Departamento no quiere negociar nos veremos obligados a aumentar la presión en las calles y centros de trabajo, en los medios de comunicación y en las Cortes de Aragón. Hasta que se actualice el decreto y se garanticen unos cuidados dignos.
El sector de la Dependencia en Aragón sostiene la dignidad de más de 25.000 personas usuarias. Hoy, esa dignidad está en manos de trabajadoras exhaustas a las que el Gobierno de Aragón niega incluso el derecho a ser escuchadas.