Después de que el Gobierno de Aragón modificase la orden por la que se determinan los domingos y festivos de apertura para el año 2026, permitiendo la liberalización de dicha apertura tanto a los diferentes centros comerciales como a las superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados, las grandes superficies del sector de la alimentación han decidido hacer uso de dicho beneficio y han anunciado cambios en las aperturas que, como ya anunciamos, han roto por completo el descanso y la conciliación de las personas trabajadoras de estos sectores.
Así pues empresas como Mercadona o Lidl han decidido sin ningún tipo de consenso, y por primera vez en la historia, la apertura comercial en jueves santo y el puente del 15 de agosto, Costco en viernes santo, o Carrefour Huesca abrirá el domingo previo a las fiestas de San Lorenzo.
La medida del Gobierno Popular de dar un cheque en blanco a las grandes superficies, tan solo ha sido utilizada en este año por las empresas del sector de la alimentación, ya que a pesar de que los diferentes centros comerciales de Zaragoza han decidido mantener las aperturas propuestas por DGA, no garantiza un nuevo golpe para los próximos años.
Todo esto supone la entrega de una flexibilidad a las grandes cadenas comerciales para designar los domingos y festivos de apertura, lo que implica una maniobra para una liberalización comercial que perjudicará directamente a miles de trabajadores y trabajadoras en Aragón, ya que genera una situación de indefensión laboral sin precedentes.
Lejos de proteger los derechos de los trabajadores, esta propuesta supone un cheque en blanco para las grandes corporaciones comerciales, que conlleva a las plantillas a verse obligadas a asumir más jornadas en domingos y festivos, perdiendo garantías en la conciliación familiar y personal que hasta ahora les protegían».
Por ello criticamos que el argumento esgrimido por el Gobierno de ofrecer mayor libertad al consumidor, sea en realidad una excusa para desregular un sector que contaba con un marco consensuado. De esta forma se rompe por primera vez con el acuerdo social que ha guiado la regulación comercial en Aragón, priorizando los intereses empresariales sobre el bienestar de las familias trabajadoras.
Las consecuencias prácticas de esta liberalización son preocupantes, dificultad para controlar los festivos trabajados, incremento de la incertidumbre en la planificación de horarios y un serio deterioro de la conciliación laboral y familiar. Unos 15.000 trabajadores del sector comercial en Aragón podrían verse afectados por estos cambios.
Ante esta situación, se ha convocado una asamblea extraordinaria con las personas afiliadas en el sector, para analizar en profundidad las implicaciones de la medida y evaluar las movilizaciones necesarias.