Conmemorar el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos es una oportunidad para recordar que la libertad, la igualdad y la dignidad pasan necesariamente por poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva.
Desde el movimiento feminista y sindical reivindicamos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y deben estar garantizados para todas las personas, sin discriminación por sexo, orientación sexual, identidad de género, origen, edad, situación económica o lugar de residencia.
Hablamos del derecho a recibir información y educación sexual, acceder a métodos anticonceptivos seguros, recibir una atención sanitaria de calidad, vivir una sexualidad libre de violencia y coacción y, especialmente, del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.
Porque decidir si queremos ser madres, cuándo queremos serlo y en qué condiciones debe ser una decisión libre, informada y respetada.
EL DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS
La sexualidad forma parte esencial de nuestras vidas. No se limita a la reproducción: incluye nuestros cuerpos, nuestra identidad, nuestras relaciones, nuestra orientación sexual, el afecto, el placer y nuestra capacidad para decidir.
Por eso, hablar de salud sexual y reproductiva significa hablar de autonomía. Todas las personas debemos poder decidir si queremos mantener relaciones sexuales, cuándo y con quién, siempre desde el consentimiento y el respeto. También debemos poder decidir si queremos tener hijos e hijas, cuándo tenerlos y con quién, y disponer de anticonceptivos, información fiable y servicios sanitarios adecuados.
La salud sexual y reproductiva implica bienestar físico, mental y social. No puede reducirse a evitar enfermedades o embarazos: significa contar con las herramientas y los recursos necesarios para tomar decisiones sobre nuestra propia vida.
ABORTO LEGAL, SEGURO Y ACCESIBLE
Dentro de estos derechos ocupa un lugar fundamental la interrupción voluntaria del embarazo.
Defender el derecho al aborto no significa obligar a ninguna mujer a abortar. Significa garantizar que quien decide hacerlo pueda acceder a una prestación sanitaria segura, legal y de calidad.
Las restricciones y las desigualdades en el acceso no hacen desaparecer los embarazos no deseados ni los abortos. Aumentan las desigualdades y colocan en una situación de mayor riesgo a quienes tienen menos recursos.
Por eso reclamamos que ninguna mujer tenga que poner en peligro su salud por razones económicas, por vivir lejos de un centro sanitario o por encontrarse con obstáculos administrativos o sociales.
El derecho a decidir debe ser real y efectivo, no únicamente reconocido sobre el papel.
APOYAR LA MATERNIDAD NO PUEDE LIMITAR LA LIBERTAD
En este contexto debemos prestar atención a la Ley 5/2026 de la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido en la aplicación de determinadas medidas de apoyo a la familia. La norma permite que, a efectos administrativos y dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, el concebido sea tenido en cuenta para determinados beneficios y derechos vinculados a la existencia de hijos e hijas.
Apoyar a las mujeres que deciden ser madres debe ser una prioridad. Ninguna mujer debería renunciar a la maternidad por no poder pagar una vivienda, tener un empleo precario, carecer de recursos para la crianza o no disponer de medidas suficientes de conciliación.
Una sociedad que quiera apoyar a las familias debe garantizar vivienda accesible, empleo digno, igualdad salarial, permisos corresponsables, servicios públicos de cuidados, escuelas infantiles y una sanidad pública de calidad.
Pero apoyar la maternidad no puede convertirse en una forma de cuestionar la autonomía de las mujeres. Las políticas públicas deben acompañar, no imponer, y respetar también a quienes no desean continuar un embarazo.
Si realmente queremos que las mujeres puedan elegir libremente la maternidad, ser madre no puede suponer caer en la pobreza, abandonar el empleo o asumir en solitario los cuidados.
DERECHOS REPRODUCTIVOS Y DERECHOS LABORALES
Desde el sindicalismo sabemos que los derechos reproductivos están estrechamente ligados a los derechos laborales.
La precariedad, la brecha salarial, las dificultades para conciliar y la desigual distribución de los cuidados siguen condicionando las decisiones de muchas familias. No puede hablarse de igualdad mientras las mujeres soportemos una parte desproporcionada de los cuidados, ni de libertad para ser madres cuando tener hijos e hijas puede suponer una penalización profesional.
La corresponsabilidad debe dejar de ser un discurso y convertirse en una realidad. Necesitamos medidas laborales y políticas públicas que permitan a mujeres y hombres compartir los cuidados sin que la maternidad se convierta en una desventaja profesional.
EDUCACIÓN SEXUAL Y DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos comienza también en las aulas. Necesitamos una educación sexual integral, científica, inclusiva y basada en la igualdad, que permita conocer nuestros cuerpos, comprender el consentimiento, prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, detectar situaciones de violencia y construir relaciones basadas en el respeto.
Educar en sexualidad no significa imponer una forma de vivirla. Significa proporcionar herramientas para tomar decisiones de manera libre, responsable e informada.
Estos derechos deben ser universales. Las personas LGTBI+, las personas con discapacidad, las mujeres migrantes, quienes viven en zonas rurales, las personas en situación de pobreza y quienes se encuentran en cualquier situación de vulnerabilidad deben poder acceder a los mismos derechos y servicios.
Una sanidad pública verdaderamente igualitaria debe atender la diversidad y garantizar una atención libre de prejuicios y discriminación.
NI UN PASO ATRÁS
Los derechos que hoy consideramos fundamentales han sido conquistados después de décadas de lucha social y feminista. Por eso sabemos que ningún derecho está completamente garantizado si dejamos de defenderlo.
Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo objeto de debate político y social. Frente a cualquier intento de retroceso, debemos reivindicar que los derechos de las mujeres no pueden depender del Gobierno de turno ni convertirse en moneda de cambio político.
El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo no puede estar condicionado por nuestras circunstancias económicas.
La maternidad debe ser una opción, no una obligación.
El aborto debe ser seguro, legal y accesible. La anticoncepción debe estar al alcance de todas las personas. La educación sexual debe ser una realidad. Y los cuidados deben ser una responsabilidad compartida entre mujeres, hombres, empresas y administraciones públicas.
POR UNA SOCIEDAD EN LA QUE PODAMOS DECIDIR LIBREMENTE
Desde el feminismo y desde el sindicalismo seguiremos defendiendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que elegir entre su proyecto profesional y su maternidad; entre tener un hijo o una hija y poder llegar a fin de mes; entre continuar un embarazo no deseado y enfrentarse a la falta de recursos; o entre vivir su sexualidad libremente y sufrir discriminación.
Queremos una sociedad que acompañe a quien decide ser madre y respete a quien decide no serlo. Una sociedad que proteja la vida, pero que también proteja la salud, la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres.
Porque los derechos sexuales y reproductivos no son privilegios.
Son derechos humanos.
Y porque sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro, decidimos nosotras.
NI UN PASO ATRÁS EN NUESTROS DERECHOS.
NI UN PASO ATRÁS EN IGUALDAD.
NI UN PASO ATRÁS EN LIBERTAD.