Desde OSTA, sindicato de clase, aragonesista y comprometido con la justicia social, rechazamos frontalmente el acuerdo de gobierno firmado por el Partido Popular y VOX para las Cortes de Aragón, puesto que este pacto no representa el cambio que necesita nuestro pueblo, sino la consolidación de un modelo neoliberal, excluyente y contrario a los intereses de la clase trabajadora aragonesa.
Frente a esta deriva, reafirmamos «La Vía Aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor», nuestro proyecto basado en la soberanía popular, el reparto de la riqueza y la dignidad de quienes construyen este país con su trabajo diario.
El acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX en Aragón representa, lejos de ser un proyecto de progreso, un retroceso sistemático en materia de derechos sociales, cohesión territorial y justicia laboral. Por ello, denunciamos este pacto por subordinar el interés general de las clases populares a las élites económicas y a una agenda identitaria excluyente, ignorando las necesidades reales de la ciudadanía y debilitando el tejido social que sustenta nuestro País.
En primer lugar, denunciamos la llamada «desregulación», que no es más que un eufemismo para desmantelar las garantías sociales, laborales y ambientales que protegen a la ciudadanía, al tiempo que se instrumentaliza el racismo institucional como herramienta de gestión política. En efecto, la creación de una Vicepresidencia de Desregulación. Del mismo modo, la imposición del principio de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas públicas, la exigencia de empadronamientos históricos de hasta diez años y la exclusión automática de personas en situación irregular, no son medidas de ordenamiento, sino políticas de segregación que vulneran derechos fundamentales, estigmatizan a colectivos vulnerables y fracturan la cohesión social que históricamente ha definido a Aragón.
En cuanto a materia fiscal, el pacto presenta la creación de una arquitectura fiscal que se sustenta en rebajas progresivas del IRPF y bonificaciones del 99 % en el Impuesto de Sucesiones que beneficiarán desproporcionadamente a las rentas medias-altas y grandes patrimonios en Aragón, lo que beneficia a unos pocos.
La supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la prohibición inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), atenta contra el patrimonio lingüístico, la convivencia intercultural y la riqueza histórica de territorios como la Franja, imponiendo una visión homogeneizadora y ajena al pluralismo real de Aragón.
En el ámbito educativo y sanitario, el pacto combina recortes encubiertos con adoctrinamiento ideológico y recentralización. La exigencia de una prueba de acceso universitaria única para toda España arrebata competencias que Aragón debe preservar, mientras que la imposición transversal de una “perspectiva de familia” rígida en todas las normas excluye la diversidad real de los hogares aragoneses y condiciona políticas públicas a una moral estatal. Asimismo, aunque se anuncia un aumento presupuestario en sanidad, la paralela auditoría y eliminación de “subvenciones superfluas”, la minimización de la cooperación al desarrollo y la condición de justificación previa para cualquier ayuda pública demuestran que la prioridad es la austeridad selectiva y la mercantilización de lo social, no el fortalecimiento de los servicios públicos universales.
En definitiva, este acuerdo de gobierno no construye un Aragón soberano, justo y cohesionado, sino que lo subordina a una agenda neoliberal, identitaria y excluyente que fractura el contrato social y debilita la voz de los trabajadores.
Por todo ello, desde el sindicalismo y el compromiso con un aragonesismo social y progresista, exigimos el rechazo frontal de este pacto y llamamos a la movilización ciudadana, a la defensa inquebrantable de los servicios públicos, y a la construcción de un modelo económico y territorial que ponga a las personas, la sostenibilidad, la diversidad cultural y los derechos laborales en el centro.
Por último, hacemos un llamamiento a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas comprometidas con la justicia social para que se sumen a la construcción de la Vía Aragonesa, un proyecto colectivo que demuestra que en Aragón podemos vivir mejor, pero solo si ponemos a las personas por encima de los beneficios, al trabajo digno por encima de la precariedad, y a la soberanía popular por encima de la imposición del capital y del Estado central.
Porque el momento de actuar es ahora, y porque el futuro de Aragón lo decidimos entre todas y todos.