Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
Desde OSTA, sindicato de clase, aragonesista y comprometido con la justicia social, rechazamos frontalmente el acuerdo de gobierno firmado por el Partido Popular y VOX para las Cortes de Aragón, puesto que este pacto no representa el cambio que necesita nuestro pueblo, sino la consolidación de un modelo neoliberal, excluyente y contrario a los intereses de la clase trabajadora aragonesa.
Frente a esta deriva, reafirmamos «La Vía Aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor», nuestro proyecto basado en la soberanía popular, el reparto de la riqueza y la dignidad de quienes construyen este país con su trabajo diario.
El acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX en Aragón representa, lejos de ser un proyecto de progreso, un retroceso sistemático en materia de derechos sociales, cohesión territorial y justicia laboral. Por ello, denunciamos este pacto por subordinar el interés general de las clases populares a las élites económicas y a una agenda identitaria excluyente, ignorando las necesidades reales de la ciudadanía y debilitando el tejido social que sustenta nuestro País.
En primer lugar, denunciamos la llamada «desregulación», que no es más que un eufemismo para desmantelar las garantías sociales, laborales y ambientales que protegen a la ciudadanía, al tiempo que se instrumentaliza el racismo institucional como herramienta de gestión política. En efecto, la creación de una Vicepresidencia de Desregulación. Del mismo modo, la imposición del principio de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas públicas, la exigencia de empadronamientos históricos de hasta diez años y la exclusión automática de personas en situación irregular, no son medidas de ordenamiento, sino políticas de segregación que vulneran derechos fundamentales, estigmatizan a colectivos vulnerables y fracturan la cohesión social que históricamente ha definido a Aragón.
En cuanto a materia fiscal, el pacto presenta la creación de una arquitectura fiscal que se sustenta en rebajas progresivas del IRPF y bonificaciones del 99 % en el Impuesto de Sucesiones que beneficiarán desproporcionadamente a las rentas medias-altas y grandes patrimonios en Aragón, lo que beneficia a unos pocos.
La supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la prohibición inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), atenta contra el patrimonio lingüístico, la convivencia intercultural y la riqueza histórica de territorios como la Franja, imponiendo una visión homogeneizadora y ajena al pluralismo real de Aragón.
En el ámbito educativo y sanitario, el pacto combina recortes encubiertos con adoctrinamiento ideológico y recentralización. La exigencia de una prueba de acceso universitaria única para toda España arrebata competencias que Aragón debe preservar, mientras que la imposición transversal de una “perspectiva de familia” rígida en todas las normas excluye la diversidad real de los hogares aragoneses y condiciona políticas públicas a una moral estatal. Asimismo, aunque se anuncia un aumento presupuestario en sanidad, la paralela auditoría y eliminación de “subvenciones superfluas”, la minimización de la cooperación al desarrollo y la condición de justificación previa para cualquier ayuda pública demuestran que la prioridad es la austeridad selectiva y la mercantilización de lo social, no el fortalecimiento de los servicios públicos universales.
En definitiva, este acuerdo de gobierno no construye un Aragón soberano, justo y cohesionado, sino que lo subordina a una agenda neoliberal, identitaria y excluyente que fractura el contrato social y debilita la voz de los trabajadores.
Por todo ello, desde el sindicalismo y el compromiso con un aragonesismo social y progresista, exigimos el rechazo frontal de este pacto y llamamos a la movilización ciudadana, a la defensa inquebrantable de los servicios públicos, y a la construcción de un modelo económico y territorial que ponga a las personas, la sostenibilidad, la diversidad cultural y los derechos laborales en el centro.
Por último, hacemos un llamamiento a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas comprometidas con la justicia social para que se sumen a la construcción de la Vía Aragonesa, un proyecto colectivo que demuestra que en Aragón podemos vivir mejor, pero solo si ponemos a las personas por encima de los beneficios, al trabajo digno por encima de la precariedad, y a la soberanía popular por encima de la imposición del capital y del Estado central.
Porque el momento de actuar es ahora, y porque el futuro de Aragón lo decidimos entre todasy todos.
Los sindicatos OSTA, CCOO, CGT, CSIF y CSL y que representamos al 70% de la plantilla, formamos recientemente una plataforma única para avanzar en las negociaciones de un nuevo pacto/convenio para la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza, el cual lleva caducado desde el año 2019, lo que demuestra lo que le importa al anterior gobierno y al actual, las condiciones de la plantilla municipal.
El día 28 de septiembre los sindicatos citados hemos protestado en el pleno, por la actitud del representante de la Consejería de Participación Ciudadana y Régimen Interior, en plena negociación del Pacto/Convenio y denunciando que el principio de buena fe negocial, la ética y el respeto se han perdido.
El próximo 22 de febrero a las 11:30 en la plaza de España, hemos convocado una manifestación en la capital aragonesa en la que exigiremos la derogación de las últimas reformas laborales.
Entre los motivos que llevan al sindicato a convocar esta manifestación, se encuentra haber dejado pasar una oportunidad histórica para derogar las últimas reformas laborales, puesto que existía correlación de fuerzas progresistas en el Congreso de los diputados.
Esta reforma, no deroga las anteriores, y no elimina los aspectos más lesivos de la del 2012, (por la que se convocó una Huelga general), que es a lo que se había comprometido el Gobierno de coalición del Estado español.
Para David Lázaro, Secretario General de OSTA, “las medidas aprobadas sólo favorecen a la patronal y empieza ser utilizada, un ejemplo es la puesta en marcha del mecanismo RED para las agencias de viajes, lo que va a suponer un ERTE en el sector, sin que se negocie en las empresas afectadas, y por lo tanto, muchas de ellas puede que se aprovechen de la coyuntura”.
Este texto elimina el contrato de fin de obra, lo que podría considerarse una buena noticia, pero da prevalencia al contrato fijo discontinuo, con el objetivo de maquillar los datos de eventualidad, siendo este un contrato precario y que podríamos calificar de temporal, puesto que la clase trabajadora estará a disposición de la empresa; porqué desconoce cuándo van a producirse sus llamamientos o rescisiones de contrato.
La manifestación está enmarcada dentro de la campaña de movilización e informativa que el Sindicato lleva desarrollando desde el pasado 5 de octubre, que este mes de febrero se ha centrado en los centros de trabajo, porque es allí donde se van a soportar las consecuencias de un texto, que con el acuerdo de los agentes sociales y el gobierno, legitima la reforma del partido popular.
Durante los últimos años estamos sufriendo en SARGA los efectos de un Convenio malo firmado con prisas por la Candidatura Independiente y el CSIF. Un claro ejemplo su nefasta RPT impuesta sin acuerdo ni negociación con los sindicatos.
La actitud de la Empresa, que con la firma del Convenio ya consiguió su objetivo, ha impedido tener un Plan de Igualdad y un Protocolo antiacoso. Se incumplen en los procesos de selección las recomendaciones del Justicia de Aragón y los criterios de transparencia exigibles a una Empresa Pública.
Henos asistido a reiterados incumplimientos de artículos del Convenio que
se han hecho más evidentes en el 2018, y al grave incumplimiento del acuerdo de
Gobierno-Podemos; para el aumento del tiempo de contratación en el Operativo de
prevención y Extinción de Incendios y ENP para el año 2018.
OSTA ha participado activamente en las acciones que desde el Comité
Intercentros (CIS) se han desarrollado: reuniones con partidos políticos, denuncia
en los medios con notas y ruedas de prensa, concentraciones frente a las Cortes
de Aragón, manifestaciones, etc.
OSTA, junto al resto de secciones sindicales del CIS, ha denunciado en
Inspección de trabajo múltiples temas de prevención y el no disponer de Plan de
Igualdad. Asimismo se han registrado escritos en Función Pública, Corporación
de Empresas Públicas y el Consejo de Administración de SARGA, denunciando las
irregularidades en los procesos de selección en la Empresa y la RPT.
Los incumplimientos y la pasividad del Gobierno de Aragón, de la dirección de la empresa, y en especial de la consejería del Sr. Olona, han conseguido que se haya realizado la primera Huelga en SARGA.
Una pésima gestión por parte de Dirección de SARGA generó un déficit de más de 700.00€ en el 2018 y se anunciaron medidas que cargan sobre las espaldas de la plantilla de SARGA, una vez más, los errores y la inacción de los que dirigen la Empresa. Indignantes medidas como:
Hacer el complemento CAIR absorbible.
No aplicar la subida del 2,25% que marca la Ley de Presupuestos a todos los pluses del I Convenio de SARGA.
Reducción drástica del tiempo de contratación en el Operativo de Prevención y Extinción.
Ante esta situación OSTA ha interpuesto demanda ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón (TSJA) por el CAIR y los pluses del Convenio para evitar
el grave perjuicio económico que va a sufrir la plantilla de SARGA.
El 26 de junio se celebrará el juicio. Otras secciones sindicales han presentado denuncias a posteriori, que se acumularan a la nuestra que ya tiene fecha de celebración de juicio, y otros sindicatos se han adherido directamente a nuestra denuncia.
De la misma manera OSTA interpuso demanda en el TSJA por los asuntos
propios de los conductores del MER. SARGA intentó a principios del 2019 quitar
este derecho a los trabajadores de este colectivo. OSTA consiguió consolidar
este derecho para todos los conductores, incluso para las nuevas contrataciones
que no los tenían recogidos en sus contratos.
También se interpuso denuncia en el TSJA, junto al resto de secciones del Comité Intercentros (CIS), para eliminar la compensación por inclemencias meteorológicas en el Operativo Forestal. Lamentablemente y con nuestro voto en contra, CCOO, CSIF y UGT retiraron la demanda a una semana de celebrarse el juicio.
La subida del SMI debe ser unas de las prioridades para generar empleo digno, dcomo hemos remarcado en multitud de veces desde OSTA, pero no es menos cierto que esta nueva subida que valoramos positivamente, llega muy tarde, lo que nos hace seguir estando a la cola en cuanto a la cuantía del SMI en Europa.
Mas grave si cabe aún, es que esta subida se verá condicionada a que el PIB tenga un incremento anual superior al 2.5% y a la creación de 450.000 empleos, lo que a nuestro juicio puede ser un brindis al sol, porque estaremos sujetos a que la subida sea efectiva si los poderes económicos lo permiten, siendo este un claro ejemplo más de que los sindicatos estatales hacen seguidísimo de las políticas mas neoliberales que gobiernan en Europa, como es la del Gobierno del Partido Popular.
Por último, esta subida no se vera reflejada, ni en los pensionistas, ni en la subida a los empleado públicos y por supuesto ni en la negociación colectiva, puesto que los convenios no se verán referenciados por esta subida. Todo esto sumado a la recentralización de la negociación colectiva, está derivando en que las tomas de decisión están más alejadas de los centros de trabajo, lo que se traduce en convenios sectoriales estatales, que son perores que los provinciales o de empresa.
Esta medida recuerda a esos grandes acuerdos en los que el Gobierno utiliza a los sindicatos estatales, que con estas fotos, lo único que hacen es dar cobertura a las políticas del gobierno del PP.
