04/03/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Alertamos a la Justicia de Aragón de la situación en las residencias de mayores
Representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias hemos expuesto en una reciente reunión a Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, la situación insostenible que se vive día a día en las residencias de personas mayores, una realidad que llega a poner en riesgo la dignidad de las personas usuarias.
Consideramos que la falta de personal y los bajos salarios no son solo un problema laboral, sino una emergencia social. Aragón mantiene ratios de asistencia de 1992, completamente obsoletas, y que la congelación salarial prevista para 2026 ahonda en la precariedad de un sector feminizado y esencial.
Tras la reunión mantenida con la Justicia de Aragón, hacemos públicas las reivindicaciones urgentes para frenar el colapso de las residencias de mayores. La conclusión a la que llegamos es que lo que ocurre puertas adentro de las residencias ya no se puede ocultar; estamos al borde del abismo, esto ha dejado de ser un problema laboral, se ha convertido en un asunto general que afecta a la atención y calidad del cuidado de las personas mayores.
En primer lugar, se trasladó a la Justicia de Aragón la realidad de las condiciones de trabajo en su relación con la seguridad de las personas residentes. Se explicó que no se puede ofrecer un cuidado digno con unas condiciones indignas, marcadas por unos salarios precarios debido a la regulación del sector con un Convenio estatal insuficiente. Esto provoca una fuga masiva de talento hacia otros sectores, dejando a las residencias sin profesionales cualificados.
La sobrecarga y la falta de personal provocan una espiral de ausencias por bajas y una alta rotación, lo que genera un estrés crónico en las plantillas. Esto repercute directamente en la atención, ya que se pierde el tiempo necesario para la higiene, la alimentación pausada y, sobre todo, el trato humano y afectivo que necesitan nuestras personas mayores.
En segundo lugar, denunciamos las ratios obsoletas (Decreto 111/1992) vigentes en Aragón, con unas normas de hace más de 30 años. Se mantienen ratios insuficientes que incluso obligan a una sola trabajadora a atender a demasiadas personas dependientes simultáneamente, comprometiendo la seguridad.
Por último, se abordó en la reunión las condiciones del Acuerdo Marco que regulan la financiación del sistema de plazas concertadas. Las aportaciones que hace la administración pública resultan insuficientes para el sostenimiento de un sistema de cuidados de calidad que garantice unas condiciones laborales y una atención dignas.
Los sindicatos denunciamos la desconexión entre la administración y la realidad de los centros, así como la falta de respuesta efectiva del Gobierno de Aragón ante las alarmas lanzadas por los propios trabajadores y trabajadoras. Expusimos la exigencia para la negociación inmediata de un Convenio Autonómico propio para Aragón.
La petición de intervención hecha por OSTA y UGT a la Justicia de Aragón se centra en salir de esta espiral, proponiendo su intervención en:
- Actualización urgente del Decreto de Ratios: Que tengan en cuenta la categoría profesional, el turno y el grado de dependencia real de cada residente.
- Nuevo Acuerdo Marco: Revisar los precios públicos que paga la administración a las residencias privadas por las plazas concertadas, así como un nuevo modelo de gestión residencial a través del Acuerdo Marco.
23/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Denunciamos una situación “insostenible” en los centros de Aragón, con falta de ratios, desgaste del personal y vulneración de derechos de los usuarios
Las organizaciones sindicales OSTA y UGT hemos registrado una solicitud de reunión urgente dirigida a la titular del Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia. El objetivo es trasladar la grave y sostenida situación que atraviesa actualmente las residencias de personas mayores y dependientes al objeto de que ejerza sus funciones de supervisión e investigación respecto a la gestión y condiciones de las residencias, tanto públicas como privadas con financiación pública en Aragón.
La situación en los centros residenciales se ha vuelto “insostenible”. A lo largo de los últimos meses hemos alertando públicamente sobre el deterioro progresivo de las condiciones laborales, la falta de ratios adecuadas de personal y el severo desgaste profesional que sufren las cuidadoras y trabajadoras del sector.
Impacto en la calidad asistencial y los derechos
Más allá de las condiciones laborales, esta crisis tiene un impacto directo en la calidad asistencial y los derechos de las personas usuarias. La situación actual vulnera derechos fundamentales tanto del personal a unas condiciones laborales dignas y seguras, como de las personas residentes que tienen derecho a una atención adecuada y de calidad. Cabe destacar que muchas de estas usuarias se encuentran en situación de especial vulnerabilidad bajo tutela o financiación pública.
Falta de respuesta institucional
Desde UGT y OSTA hemos intentado canalizar estas preocupaciones enviando documentación y cartas a diversas instituciones públicas solicitando medidas correctoras. Sin embargo, la “falta de respuestas efectivas y la persistencia de los problemas” nos obliga a elevar la cuestión ante el Justicia de Aragón, como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía e institución supervisora de la actividad de las administraciones públicas en Aragón.
17/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
No podemos permanecer en silencio ante la dramática situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en Aragón
Los recientes datos publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirman lo que venimos denunciando desde hace años: Aragón está a la cola en inversión, en cobertura y en dignidad para las personas en situación de dependencia y también aquellas que les cuidan.
Mientras el Gobierno de Aragón presume de crecimiento económico y atracción de inversiones, más de 2.000 plazas residenciales permanecen vacías, al mismo tiempo que cientos de personas con dependencia severa o gran dependencia esperan desesperadamente una plaza pública o financiada. Esta paradoja no es fruto de la casualidad, sino de una política deliberada de subfinanciación, desinversión y falta de planificación estratégica en servicios sociales.
En Aragón, según reciente informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las horas de ayuda a domicilio se sitúan en apenas 11 de media, frente a las 24 que se ofrecen en el resto del Estado. Para las personas con gran dependencia, se asignan 47 horas mensuales, muy por debajo de la media estatal de 65 horas.
Si hablamos de prestaciones económicas, la cuantía media en Aragón es de 360 euros, frente a los 384 euros del promedio estatal. Hablar de “ridiculez” no es exageración: es una descripción precisa de una política que ignora las necesidades reales de quienes más lo necesitan.
Pero este abandono no solo afecta a las personas usuarias. También impacta directamente en las trabajadoras y trabajadores del sector, que soportan cargas de trabajo insostenibles, salarios precarios y condiciones laborales indignas, todo ello en un contexto de falta de personal, ausencia de ratios adecuadas y sin una verdadera apuesta por la profesionalización y dignificación del cuidado.
Por ello, desde el sindicato OSTA consideramos que no puede permanecer en silencio ante la dramática situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia y exigimos al Gobierno de Aragón:
- Transparencia: que publique los datos reales sobre listas de espera, tanto en residencias como en servicios de ayuda a domicilio.
- Reforzar urgentemente la atención domiciliaria, con un aumento sustancial de horas y una actualización de las prestaciones económicas acordes a la realidad del coste del cuidado.
- Un plan de choque para el sector, que incluya la creación de empleo estable, la mejora salarial y la negociación urgente del Convenio Colectivo Autonómico del Sector de la Dependencia, pendiente desde hace demasiado tiempo.
No se puede seguir ocultando la pobreza del sistema bajo discursos triunfalistas. El derecho a la autonomía personal y al cuidado no es un lujo: es un derecho fundamental reconocido por ley desde 2006. En Aragón, ese derecho sigue sin hacerse efectivo.
Seguiremos movilizándonos hasta que el sistema de dependencia deje de ser un laberinto burocrático y se convierta en una verdadera red de protección y dignidad.
04/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos OSTA y UGT denunciamos la negativa institucional a abordar la emergencia en el sector de la Dependencia
Tras 26 días de silencio institucional y una doble solicitud formal de diálogo, la Secretaría General Técnica de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido con una negativa sin fundamento a reunirse con OSTA y UGT para abordar la situación de colapso en las residencias y centros de atención a personas dependientes de Aragón.
El 7 y el 26 de enero, los sindicatos mayoritarios del sector —que representamos a más de 8.000 trabajadoras— solicitamos urgentemente una reunión para tratar la obsolescencia del Decreto 111/1992, norma de 34 años de antigüedad que regula los centros sociales especializados sin contemplar siquiera la existencia de la Ley de Dependencia (2006). La respuesta recibida el 2 de febrero es clara: «en estos momentos no resulta posible mantener la reunión solicitada».
Mientras la Administración elude el diálogo, la realidad en los centros es de emergencia social:
- Ratios inhumanos: una trabajadora atiende a 12, 14 o más personas dependientes graves en turnos de 8 horas sin descansos efectivos.
- Salud laboral destrozada: bajas por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático superan el 40% en muchos centros.
- Abandono asistencial: familias denuncian falta de higiene básica, alimentación deficiente y ausencia de atención personalizada por falta crónica de personal.
- Rotación extrema: el 30% del personal abandona el sector cada año por agotamiento extremo, dejando vacíos imposibles de cubrir.
Esta no es solo una negativa administrativa, es abandonar a las personas más vulnerables de Aragón. Mientras la Consejería se esconde tras un correo burocrático, las trabajadoras sostienen con su salud un sistema que la propia normativa autonómica permite que se desmorone. El Decreto 111/1992 no es solo obsoleto, cronifica la precariedad.
Los sindicatos recordamos que la negociación no es un favor institucional, sino una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector. La negativa a actualizar una norma que permite ratios ilegales según el Real Decreto 2/2023 de prevención de riesgos laborales configura, además, una responsabilidad administrativa grave.
Ante el bloqueo institucional, OSTA y UGT anunciamos:
- Presentación inmediata de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento sistemático de ratios mínimos de seguridad.
- Elevación del caso al Justicia de Aragón.
- Inicio de una campaña pública con testimonios de trabajadoras, usuarios y familias.
- Convocatoria de movilizaciones sectoriales en las próximas semanas si la Administración no asume sus responsabilidades.
Para la representación sindical, las trabajadoras del sector de la Dependencia no son invisibles y tampoco lo serán sus condiciones. Si el Departamento no quiere negociar nos veremos obligados a aumentar la presión en las calles y centros de trabajo, en los medios de comunicación y en las Cortes de Aragón. Hasta que se actualice el decreto y se garanticen unos cuidados dignos.
El sector de la Dependencia en Aragón sostiene la dignidad de más de 25.000 personas usuarias. Hoy, esa dignidad está en manos de trabajadoras exhaustas a las que el Gobierno de Aragón niega incluso el derecho a ser escuchadas.
26/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos más representativos del sector denunciamos la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud de reunión realizada
Los sindicatos OSTA y UGT, como organizaciones más representativas del sector de la Dependencia y Cuidados en Aragón, denunciamos la falta de respuesta por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud formal de reunión enviada el pasado 7 de enero de 2026.
En dicha carta, solicitamos una reunión urgente con Lucía Horno Elósegui, Secretaria General Técnica, para abordar la situación crítica que viven las trabajadoras y trabajadores de las residencias aragonesas, así como sus consecuencias directas sobre la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas usuarias. Propusimos las fechas del 20 y 21 de enero para dicha reunión, pero hasta la fecha no hemos recibido ni confirmación ni siquiera acuse de recibo.
La obsolescencia del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas en los centros de atención, y la ausencia de ratios adecuadas están generando una sobrecarga laboral insostenible, precariedad extrema y un deterioro progresivo en la atención a las personas dependientes. La Administración aragonesa tiene una responsabilidad directa en este modelo, ya que la mayoría de las plazas son concertadas con el propio Gobierno de Aragón.
Ante el silencio administrativo, UGT y OSTA reiteramos hoy nuestra exigencia de diálogo real y efectivo y anunciamos una nueva solicitud formal de reunión, esta vez con propuestas de fechas en la primera quincena de febrero. No obstante, advertimos que, si persiste la falta de respuesta, nos veremos obligados a intensificar nuestras acciones de movilización para exigir soluciones urgentes.
Las trabajadoras y trabajadores del sector no pueden esperar más. Exigimos dignidad, derechos y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema de cuidados en Aragón.
