OSTA
El Gobierno Central castiga a los aragoneses
Sólo se engaña al que se deja engañar
Después de que Aragón haya sufrido un recorte de más del 20% en el capítulo de inversiones, en el Presupuesto General del Estado del año 2010.
Después de que Aragón vea como se incumplen sistemáticamente, dejándose sin ejecutar, gran parte de las asignaciones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Después de ver cómo el Estado impide que Aragón gestione los remanentes de lo comprometido y no ejecutado en dichos Presupuestos.
Después de todo ello, el Ministro de Fomento decide paralizar las obras de las principales vías de comunicación de Aragón: tierra castigada por el Estado en materia de carreteras de interés aragonés, ya que únicamente se construyen las vías necesarias para conectar los importantes territorios que la rodean: Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia.
En algún caso, la paralización de los trabajos supone dejar sin terminar obras a las que les faltan 2 meses para su entrega definitiva, en un evidente ejercicio de despotismo.
Pues bien, ahora después de ver el alcance de semejante cacicada, el viernes 6 de agosto, el Secretario de Estado de Infraestructuras, el socialista oscense, Víctor Morlán, nos anuncia a bombo y platillo que las obras volverán a reiniciarse en septiembre, pero a un ritmo más lento, puesto que en los dias transcurridos desde el anuncio del ministro (el 22 de julio) hasta ahora, ha mejorado sustancialmente la situación económica del país.
La falta de rigor, el incumplimiento de los compromisos, la falta de transparencia, hace que nadie dé crédito a las palabras del Secretario de Estado, ni siquiera los contratistas de las obras, quienes acaban de firmar rescisiones de contratos con sus indemnizaciones correspondientes y de buenas a primeras les dicen que no valen, ya que se vuelven a poner en marcha pero con otro ritmo, lo cual ya ha supuesto un enorme gasto y hará inviable la gestión adecuada de la contrata.
¡Esto es una burla!
OSTA considera que la sociedad aragonesa debe reaccionar y pasar a la acción contra esta medida arbitraria del Gobierno Central y por eso, emplaza a los partidos políticos para que desde todas las instituciones manifiesten el rechazo rotundo de Aragón.
Por su parte el sindicato va a solicitar al Justicia de Aragón asesoramiento sobre los distintos procedimientos y organismos competentes que tengan como función velar por la defensa de los ciudadanos en su seguridad vial. Así como las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de una situación tan grave para la seguridad vial como es la interrupción de las obras mencionadas.
El desprecio con el que somos tratados los aragoneses por el Gobierno del Estado debe hacernos reflexionar.